Rodolfo Cortés Calderón
Adital
Imagem: Prensa Libre
La
semana pasada estuvimos varios días en Guatemala. Algunos de estos días los
utilizamos para acompañar a una Comisión Verificadora de Derechos Humanos. La
caravana la integramos unas 70 personas de varios países pertenecientes a
organizaciones indígenas y defensoras de los derechos humanos. El objetivo
central era conocer in situ los atropellos, represión y asesinatos generados
por el Gobierno de Guatemala presidido por el General del Ejército (en retiro)
OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA y la empresa Cementera Progreso, propiedad de la
familia NOVELA - TORREBIARTE en San Juan Sacatepéquez
Lo que
vimos y oímos fue desgarrador desde el punto de vista humano, pero
fortificante, desde la convicción de lucha de estas 12 comunidades integradas
por aproximadamente 30,000 familias de la etnia Katchiquel ubicadas en la
región guatemalteca de Sacatepéquez. Como íbamos con autorización del
Ministerio de Gobernación de Guatemala, al llegar nos abocamos a un coronel
CANO M. del Ejército, responsable de los elementos policiales y militares
acantonados en la zona. Nos comprometimos con él que al terminar las visitas a
las comunidades de Santa Fe Ocaña, Pajoques, Concepción del Pilar 1 y Pilar 2
nos reuniríamos para hacerle ver nuestras impresiones y las demandas de las
diferentes comunidades.
Antes
de narrar lo expuesto por las autoridades comunitarias locales y las personas,
hombres y mujeres, directamente afectadas in situ, queremos describir para los
lectores, cómo es la realidad de estas comunidades. Todas son comunidades indígenas
ubicadas en zonas montañosas de ladera; las vías de acceso son calles de
terracería muy angostas; se nota mucha pobreza y las viviendas son precarias;
el clima es templado, bastante frío. Casi todas las familias cuentan con
servicios básicos de agua y energía eléctrica. La mayor parte de las familias,
70%, se dedican al cultivo de granos básicos, algunas hortalizas, pero su
principal patrimonio son las flores, cultivadas en invernaderos modernamente
establecidos a costos altísimos, el 30% de la población económicamente activa,
PEA, salen todos los días a vender su fuerza de trabajo a ciudad Guatemala, a
una hora en bus; una pequeña parte de la comunidad, principalmente hombres
venden su fuerza de trabajo a la Cementera Progreso. Los atrios de las iglesias
católicas, de las 4 comunidades visitadas, todas están llenas de policías y
militares, se estima que hay 5,000 efectivos, que cuentan con unos 500
vehículos, más de la policía, pero también militares, están acantonados desde
hace casi 2 meses entre las 12 comunidades. Todas las plazas están llenas de
casas de campaña militares donde pernoctan. En cuanto a las comunidades ya lo
dijimos son de la etnia Katchiquel, históricamente gente muy sencilla, humilde
y reservada en sus relaciones con los ladinos, sin embargo, al ver tanto
poderío y presencia militar da la impresión al visitante que hay un
enfrentamiento armado entre dos fuerzas muy poderosas, como si se tratara de la
guerra en Siria o Irak.
En esta
narración no mencionaremos, por motivos de seguridad de los comuneros, ni el
nombre de las personas, ni de las comunidades, por eso nos limitamos a escribir
lo manifestado. Sus principales manifestaciones y reclamos son: "Con las
fuerzas de choque (presencia militar-policial y trabajadores de la cementera)
en las comunidades, el gobierno y la empresa pretenden desgastarnos,
amedrentarnos y reprimirnos; hace 50 días hubo en Pajoques una masacre, donde
murieron 11 personas y quedaron varios heridos y además quemaron varios
vehículos, sabotaje que no dudamos fue ejecutado por las fuerzas de choque del
Gobierno-Empresa Cementera para inculpar a nuestras comunidades y decretar un
Estado de Excepción que inicialmente duró 72 horas, después fue extendido a 15
días y ahora ya se cumplen dos meses. Esto para dar tiempo a que la cementera
compre o invada los terrenos donde se construirá el anillo periférico
(autopista) que beneficiará a esta empresa; los agricultores han perdido el 70%
de la producción, principalmente de flores de exportación, lo que les preocupa ya
que tienen grandes deudas sobre estos cultivos. Consideran que la tierra es
comunitaria y heredada y tienen derecho a cuidarla y defenderla. Los militares
tienen sus casas de campaña en los atrios de las iglesias donde también han
construido letrinas, sin autorización de las iglesias, ni de la autoridad
comunitaria; estos soldados se bañan desnudos y acosan a todas las muchachas y
mujeres de las comunidades, algunas han sido violadas; antes las mujeres y los
hombres salían desde la una de la mañana a sus quehaceres diarios, pero ya no
salen por el acoso que la policía y militares hacen a las niñas y mujeres y
porque la mayor parte de los hombres tienen orden de captura, muchos de ellos
alcaldes de las comunidades; los servicios y fiestas religiosas han sido
suspendidas porque los sacerdotes tienen miedo de estar en comunidades llenas
de represión, además que los celebradores de la Palabra andan huyendo. La
soldadesca se introduce sin permiso a sus casas a comerles la comida y usan sus
baños, lo mismo el de las escuelas que son para niños, sin autorización. Es
bastante común ver soldados borrachos haciendo disparos o intimidando y en las
noches hacen grandes escándalos. La empresa Cementos Progreso tiene un grupo de
testaferros, familias Cachón, Turuy, Raxón, Pachán, etc., de las mismas
comunidades, unas 40 personas, que se encargan de señalar a los comuneros que
están en contra de la cementera. En concreto, las autoridades militares y
policiales sólo dan protección a la Cementera Progreso y a sus testaferros, misma
que se encarga de contratar sicarios. Por miedo los niños no asisten a las
escuelas y el ciclo escolar fue cancelado antes de tiempo. Más de 100 niños de
una comunidad abandonaron la escuela y uno de los directores de un Centro
Básico, profesor Celestino Turuy, fue capturado acusado de la masacre de
Pajoques. Los soldados intimidan a los niños preguntándoles dónde están sus
padres para capturarlos. Desde el 2006 tienen esta dura lucha contra la
cementera que no sólo contamina con polvo sus cultivos, sino que afecta su
salud; además cada día la mina se va expandiendo más en busca de materia prima
para elaborar el cemento haciendo una gran destrucción de la madre tierra y más
hoy con el pretendido anillo periférico. Los militares ofrecen a los pobladores,
como política del Gobierno, "bolsas solidarias” bolsas con comida que rechazan
porque ellos quieren recuperar su propia dignidad y capacidad productiva que
los sustenta. Una persona denunció y alertó que los testaferros quieren quemar
una patrulla de la policía para acusar a la etnia y aumentar la represión. El
Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos de ciudad Guatemala
están enterados de estas violaciones. El jueves 23 de octubre del 2014 unas
15,000 mujeres indígenas de estas comunidades hicieron una caminata hasta estas
instituciones y no les dieron ninguna respuesta. El gobierno les destruye sus
viviendas y cultivos por donde pasará la autopista sin indemnizarlos y está
extendiendo escrituras falsas para comprar a bajos precios las tierras. Los
ingenieros que trazan la carretera están fuertemente custodiados por militares.
Una de las personas entrevistadas cerró este doloroso diálogo con la siguiente
sentencia: El presidente (Otto Pérez) no come cemento, come lo que produce la
madre naturaleza”.
Todo lo
aquí narrado se le planteó al Coronel Cano M. para que se lo transmitiera a las
autoridades superiores militares y al gobierno de Guatemala.
No se
debe olvidar que OTTO PÉREZ MOLINA como militar formó parte de los gobiernos
militares que ya antes reprimieron y originaron grandes masacres a poblaciones
indígenas en los tiempos del sanguinario EFRAÍN RÍOS MONT y otros gobiernos
represivos.
La
situación en Honduras no es diferente ya que los gobiernos nacionalistas de
PORFIRIO LOBO SOSA y JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO se han dedicado a entregar
los bienes naturales de la hondureñidad a empresas extractivas transnacionales
y reprimido groseramente a las comunidades de la etnia Lenca en Intibucá,
principalmente de Río Blanco, donde se quiere asentar la hidroeléctrica
DESA-SINOHYDRO; también las comunidades garífunas de Vallecito, Colón, y la
comunidad tolupán de Locomapa, Yoro, están siendo despojados y reprimidos por
la defensa de sus territorios.
Hacemos
un solidario llamado a las organizaciones mundiales defensoras de los derechos
humanos y del movimiento indigenista a pronunciarse sobre estas graves
denuncias y a difundir esta realidad en todos sus espacios.
Urgimos
a la Conferencia Episcopal de Guatemala y Honduras, presididas por los clérigos
ÓSCAR JULIO VIAN y ÓSCAR ANDRÉS RODRÍGUEZ MARADIAGA, a pronunciarse a favor de
las comunidades indígenas guatemaltecas y hondureñas.
05 de Noviembre 2014
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