La minería en El Salvador pasa factura
Tres personas han sido asesinadas en el año 2009. La empresa Pacific Rim está en el punto de mira de las denuncias.
Cilia Lisveth Hernández | Diagonal
El debate público en El Salvador en torno a la minería a cielo abierto está al rojo vivo tras el último asesinato de un activista del movimiento contra las transnacionales mineras, entre ellas Pacific Rim.
El año 2009 en El Salvador ha dejado un saldo de tres activistas del movimiento contra la minería asesinados, dos durante el mes de diciembre. Eran de Cabañas, uno de los Departamentos más pobres del país y estaban vinculados al Comité Ambiental de Cabañas (CAC), constituido durante el año 2004 por campesinado, jóvenes y activistas de más de 20 comunidades del Departamento, parte también de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica. Entre sus acciones está la lucha contra un vertedero de basura en San Isidro y, posteriormente, la denuncia de las empresas mineras trasnacionales, como la canadiense Pacific Rim, propietaria de la mina de oro El Dorado.
Tras repetidas amenazas, atentados contra líderes sociales de la zona, amenazas –entre ellas a personal de Radio Victoria y al director de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta– y el intento de secuestro del sacerdote Luis Quintanilla, en julio de 2009, aparecía el cadáver con signos de tortura del líder comunitario Marcelo Rivera. Tras él, se sucedían los asesinatos de Ramiro Rivera Gómez y Dora Alicia Sorto Rodríguez, madre de seis niños y niñas y embarazada de ocho meses.
La respuesta de las comunidades a esta ola de intimidación, asesinatos y miedo ha sido de solidaridad, fuerza y más lucha: desde vigilias y manifestaciones a una ciberacción internacional para demandar a las autoridades salvadoreñas la investigación de los asesinatos. La denuncia a nivel nacional e internacional iniciada por organizaciones como el Comité de Solidaridad con las Personas en El Salvador continúa. Exigen que se investiguen y paren los asesinatos a activistas antimineros. Las transnacionales mineras están en el punto de mira, en concreto, Pacific Rim. Tras reiteradas llamadas a sus oficinas, esta transnacional ha publicado un documento en su página web negando todas estas acusaciones y alegando el desconocimiento de los asesinatos. Niega haber contratado como “promotoras” a las personas de las comunidades acusadas de los tres asesinatos.
El potencial de las comunidades de Cabañas se ha ido incrementando a medida que se han hecho acciones para concienciar y formar a la población sobre los costes y riesgos que trae la minería metálica en El Salvador. Con esta lucha se puso sobre la mesa el debate sobre los recursos naturales y la poca protección legal ante empresas multinacionales mineras, cuya entrada en el país no ha sido pacifica, pues ha causado tensiones entre poblaciones afectadas y otros sectores de la sociedad salvadoreña.
Litigios por licencias
En diciembre de 2008, Pacific Rim, bajo las reglas del Tratado Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA), inició un proceso de arbitraje contra el Estado salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, por no otorgarle la licencia de explotación. La empresa mantiene su demanda mediante su subsidiaria estadounidense Pacific Rim Cayman LLC. Además, la minera recibió los servicios de una firma de abogados norteamericanos para asegurarse el apoyo del Congreso de EEUU. Es decir, la empresa canadiense minera puede demandar a El Salvador por la violación del tratado comercial con Estados Unidos, sin ser parte de él, basándose en que la empresa tiene filiales en EE UU, y en que algunos de sus accionistas son estadounidenses. Ante esto, el ex presidente salvadoreño Tony Saca, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), declaró preferir enfrentarse a la empresa y tener que pagar los 100 millones de dólares –que ésta dice haber invertido en el país–, antes que negociar con ella y otorgar la licencia.
Esta demanda ha sido heredada por el Gobierno del FMLN, tras ganar las elecciones en marzo de 2009. Mauricio Funes ha expresado en su reciente visita a Cabañas que se trabajará por esclarecer los asesinatos de las personas ambientalistas, asimismo se ha comprometido a no autorizar ningún proyecto de explotación minera durante su mandato, pero no se compromete a aprobar un decreto para prohibir la explotación minera en el país. Esto genera dudas en las comunidades, pues no da seguridad sobre la postura que Funes puede mantener ante la presión internacional.
La oposición de las comunidades de El Salvador se basan en los múltiples estudios nacionales e internacionales sobre las experiencias de las minas en otros países, algunos tan cercanos como Guatemala y Honduras. Uno de ellos es el Estudio de Impacto Ambiental de la Mina El Dorado, elaborado por Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta, que plantea que los 29 proyectos de minería que se han solicitado en el país podrían extraer un total de 14 millones de onzas de oro y 90 millones de onzas de plata, con una ganancia estimada de 10 billones de dólares, de los cuales sólo el 2% sería para el Estado salvadoreño y para los municipios involucrados. Generaría aproximadamente 15.000 empleos temporales, lo que equivale a 0,3% de la población económicamente activa del país. Casi cuatro millones de personas –más de la mitad de la población salvadoreña– y 14.000 km2 (el 63% del territorio nacional) resultarían perjudicados por décadas o siglos.
El Estudio de Impacto Ambiental de la Mina El Dorado elaborado por la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta, puntualiza que en El Salvador 1.800.000 personas no tienen acceso a agua. La mina El Dorado en Cabañas, explotada por la minera canadiense Pacific Rim, utilizará un promedio de 75 litros de agua por segundo, seis millones de litros diarios. Con los 29 proyectos mineros que se han solicitado en El Salvador, se gastaría diariamente la misma agua necesaria para 3.800.000 personas, el 75% de la población del país. El Comité Ambiental de Cabañas, al que pertenecían las personas que han aparecido asesinadas en 2009, se opone a estos proyectos de minería a cielo abierto, entre ellos el de la trasnacional canadiense Pacific Rim, que ya ha realizado un gran desembolso en los estudios para la extracción y se encuentra en un proceso de arbitraje con el Gobierno salvadoreño por la licencia de explotación. En 2008, esta minera presentó una demanda contra el Estado salvadoreño por cientos de millones de dólares, por no respetar el TLC entre Centroamérica y Estados Unidos.
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