Alternativa Latinoamericana

Bolivia, hacia su refundación

Editorial La Jornada.

Con la toma de posesión, el pasado viernes, de Evo Morales Ayma como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el país andino concluye una etapa decisiva en su proceso de refundación, el cual comenzó hace casi un año al aprobarse en las urnas la Constitución hoy vigente; pasó por defenderla ante los embates de los grupos oligárquicos atrincherados en el Senado –lo que llevó al mandatario a emprender una huelga de hambre en abril del año pasado– y alcanzó un momento cúspide en los comicios del pasado 6 de diciembre, en los que Morales fue relecto con 63 por ciento de los sufragios, en tanto su partido, el Movimiento al Socialismo, alcanzó el predominio en las dos cámaras legislativas.

El paso firme mostrado hasta ahora por el movimiento nacional-popular encabezado por Morales, y las inequívocas victorias obtenidas por éste durante los pasados cinco años, permiten ponderar el alcance de las transformaciones sociales, económicas y políticas que pudieran concretarse en Bolivia en meses y años venideros. Por lo pronto, pocas horas después de tomar posesión, el mandatario ha aportado la primera prueba simbólica de esas transformaciones, al nombrar un gabinete ministerial paritario, compuesto por 10 hombres y 10 mujeres –entre ellas tres indígenas–, en concordancia con los preceptos constitucionales en materia de equidad de género.

Sin duda, uno de los principales retos del pueblo boliviano y sus dirigentes consiste en profundizar el recambio institucional emprendido con la aprobación del nuevo texto constitucional y con la entrada en funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En lo inmediato, según han reconocido las autoridades de la nación, la consolidación de la nueva institucionalidad pasa necesariamente por democratizar la justicia en aquel país, para lo cual se prevé crear una Procuraduría General del Estado y reformar a fondo el Poder Judicial: a partir de ahora, la elección de los magistrados tendrá que pasar por las urnas, demostración de congruencia en un país que en años recientes se ha acostumbrado a someter al voto popular los cargos políticos y los proyectos de transformación social.

Es de suponer que el proceso continuará enfrentando los embates de una oposición oligárquica que, pese a haber sufrido un duro descalabro en las elecciones del mes pasado y hallarse debilitada en los entornos institucionales, sigue controlando un amplio poderío económico y mediático. Ante ello, cobrará especial importancia la aprobación de la Ley de Autonomías propuesta por el gobierno de Morales en atención a los principios del nuevo texto constitucional. Debe recordarse que las autonomías departamentales, étnicas y regionales constituyen un viejo reclamo en Bolivia, que había sido explotado por los oligarcas con fines de golpeteo político y para promover chantajes secesionistas, como ocurrió con los ilegales referendos que tuvieron lugar en 2008.

En suma, el pueblo boliviano y sus dirigentes, que hasta ahora han sabido sortear con éxito los obstáculos, tienen ante sí la posibilidad de consolidar, con base en el trabajo y en la solidaridad nacional, un giro histórico en el país más pobre del cono sur, y de profundizar las transformaciones sociales que esa nación requiere para superar sus ancestrales rezagos. Cabe esperar que así sea.