El origen de la deuda externa ecuatoriana, como en gran parte del Tercer Mundo, poco tiene que ver con el desarrollo del país y mucho con los intereses de los países más ricos.
Iolanda Fresnillo (ODG) en Diagonal
El ciclo de sobreendeudamiento se inicia en Ecuador, como en buena parte de los países del Sur, durante la década de los ‘70. En este caso, de la mano del inicio de la explotación petrolera en el Oriente ecuatoriano. En 1972 llega al poder en Ecuador el General Guillermo Rodríguez Lara, aupado por un golpe militar y con intención de promover un modelo relativamente autocentrado de desarrollo económico. El plan se debía financiar principalmente gracias a los ingresos de la naciente industria petrolera, dirigida desde el inicio fundamentalmente a la exportación del crudo. En 1976 un nuevo golpe de estado promovido por las Fuerzas Armadas derrocó a Rodríguez Lara e instauró un gobierno de las tres ramas del Ejército.
El nuevo Gobierno, conocido como ‘El Triunvirato’, que gobernó hasta 1979, utilizó los ingresos petroleros para incrementar el endeudamiento externo, para financiar los gastos públicos cada vez más elevados y el déficit de la balanza comercial. En un año la deuda se incrementó exponencialmente. Los acreedores internacionales veían a Ecuador como un atractivo sujeto de crédito y su petróleo, cuyo precio se había ido incrementando durante la década de los ‘70, como garantía de pago de los créditos otorgados. En este contexto, en 1978, se modificó la Constitución ecuatoriana, eliminando el control parlamentario de la política de endeudamiento del país y dejando con ello vía libre a todo tipo de prácticas de corrupción y clientelismo.
Durante la década de los ‘70 la deuda ecuatoriana pasa de 260 millones en 1971 a 5.850 millones de dólares en 1981. Este incremento de la deuda, acumulada en su mayoría durante gobiernos de corte no democrático, responde en buena medida a la contratación de préstamos para la construcción de infraestructuras que tenían que permitir la explotación petrolera, pero que con los años aprovecharían empresas como la Texaco y otras compañías extranjeras del sector de los hidrocarburos.
En 1983, ante la dificultad del sector privado de hacer frente a los compromisos con la banca internacional, el presidente Hurtado ordenó el inicio el proceso conocido como ‘sucretización’. Éste consistió en la asunción por parte del Estado de la deuda del sector privado con los acreedores internacionales, ante el riesgo anunciado por el Banco Central de Ecuador de un colapso en el sector productivo y la desestabilización económica. Se decidió entonces que el Estado asumiría la deuda con los acreedores y que los deudores retornarían lo prestado al Estado al cambio de dólar de 1983, sin intereses y con un período de amortización mayor del original. En 1985, cuando se debía empezar a pagar la deuda al Estado, el presidente León Febres- Cordero amplió el plazo de devolución cuatro años más, manteniendo la misma paridad con el dólar de 1983. La deuda externa pública pasa de poco más de 3.500 millones de dólares en 1980 a 6.700 en 1984, casi duplicando su valor, convirtiendo en públicas pérdidas que correspondían al sector privado. Según la propia Comisión de Investigación de la Deuda Externa (CEIDEX), el proceso de sucretización estuvo además plagado de “desorden, abusos y descontrol”. Buena parte de la deuda que Ecuador debe hacer frente hoy en día tiene su origen en el proceso de sucretización.
El proceso de nacionalización de deudas privadas por parte del Estado no sirvió para mejorar la economía, y durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén (1992-1996) se realizó un canje de deuda pública (incluida la deuda externa privada sucretizada) por bonos Brady. La emisión de bonos Brady tenía como objetivo asegurar el pago de la deuda externa a los bancos privados, especialmente a los estadounidenses, de manera que con la adquisición de nueva deuda “se resolvía el problema de los bancos y se aplazaba el de los países deudores (…) Los bonos Brady constituyen algo menos de la mitad de la deuda pública ecuatoriana”. El proceso estaba tutorizado en todo momento por el FMI e iba acompañada del compromiso del país deudor de aplicar un plan de ajuste estructural. Lo único que se consiguió fue aplazar el estallido de la crisis brevemente, a cambio de duros ajustes sociales.
CRISIS ECONÓMICA Y DOLARIZACIÓN
El ministro coordinador de la política económica de Ecuador, Diego Borja, ha manifestado a este periódico que el país está en “alerta amarilla” debido a la crisis financiera internacional. Según Borja, el país está preparado para hacer frente a la crisis, aunque indicó: “La situación es muy grave, es una crisis mundial que el Ecuador no provocó y que nos golpea fuertemente”. No obstante, Borja indicó que “es una crisis que se encuentra a un país con herramientas fuertes para enfrentarla. Una reserva monetaria internacional de 6.500 millones de dólares con previsión a crisis, una fortaleza en la inversión pública e inversión social enorme, si bien el Gobierno prepara un paquete de medidas entre las que están la restricción de determinadas importaciones”.
Paralelamente, los medios de comunicación ecuatorianos, todos ellos en manos de sectores económicos vinculados a la derecha política y opositora del país, indican permanentemente que el gobierno de Rafael Correa prepara la desdolarización. Tanto Borja como el presidente Rafael Correa han señalado que el esquema de la dolarización se mantendrá y a pesar de que critican fuertemente esta medida que se adoptó en el gobierno de Mahuad en el año 2000, en la actualidad no es posible desdolarizar el país hasta que no esté puesta en marcha una moneda común latinoamericana (sucre), en el marco de la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional a la medida del proceso de integración latinoamericana.
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