El Cohete a la Luna
El miércoles 3 de
julio se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Cámara de
Diputados argentina, para hacer visible los múltiples formatos de
violencia institucional ejecutados por el actual gobierno. La iniciativa
fue organizada por el legislador Horacio Pietragalla y participaron del
encuentro familiares de las víctimas, el premio Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel y referentes de las bancadas de todo el arco opositor al
macrismo.
Entre los familiares estuvieron presentes el primo de
Danilo Sansone, una de las víctimas de la masacre de San Miguel Del
Monte en la que fueron asesinados cuatro jóvenes; los padres de Diego
Cagliero, asesinado luego de una persecución policial; y hermanos de las
víctimas de la cárcel de Esteban Echeverría, donde fallecieron por un
incendio diez detenidos, como producto de la negligencia policial, el 15
de noviembre de 2018.
La convocatoria realizada por Pietragalla
se llevó a cabo ante la permanente negativa del titular de la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Toty Flores (integrante del
interbloque Cambiemos), quien desde hace más de un año se rehúsa a citar
a los diputados integrantes de la Comisión para darle tratamiento
legislativo a los proyectos ligados a su temática.
Pérez
Esquivel fue explícito al denunciar que “este gobierno viola los
derechos humanos y el derecho de los pueblos, y esto es un daño enorme
en la construcción democrática. Democracia y derechos humanos son
valores indivisibles, cuando se violan los derechos humanos la
democracia se debilita y deja de ser democracia. Por eso es bueno que
nos podamos reunir diferentes sectores políticos, culturales y sociales y
que se realice en el Congreso de la Nación para reclamar al gobierno.
Ya basta de represión. Un gobierno que no piensa en los niños es un
gobierno que daña el presente e hipoteca el futuro”, señaló.
El
trasfondo estructural de las denuncias remite a los datos relevados por
la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI)
entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. En ese
lapso el aparato estatal, a través de todas sus fuerzas de seguridad, ha
asesinado a 1303 personas. Esa cuantificación implica que el 20 % de
todos los muertos generados por fuerzas estatales en el actual periodo
democrático inaugurado en 1983 (hasta febrero de este año) han sido
producidas por el actual gobierno.[1]
Esos datos sugieren que,
durante el macrismo, se ha asesinado a una persona cada 21 horas, un
guarismo que expresa la situación de desbocamiento de los organismos de
seguridad, avalados por un discurso de permisividad represiva. Las
características de la letalidad policial (definida por las acciones de
agentes de seguridad indiferentes a los protocolos de prevención, y
reproductores, por ende, de la violencia social), supone el abuso de la
utilización de armas de fuego y la impunidad que suele caracterizar las
investigaciones administrativas y judiciales de los hechos en los que
las fuerzas de seguridad están imputadas [2].
El contexto que
brinda legitimidad a la violencia estatal durante el gobierno macrista
proviene de sus más altos exponentes políticos. La interpelación y
condescendencia del votante segregacionista, parte del núcleo duro de
Cambiemos, les reclama sobreactuar una autoridad fundada en la
intimidación social, especialmente dirigida hacia los sectores más
vulnerables. La vigilancia en las barriadas populares, la mano dura
contra los manifestantes y la amenaza permanente contra los jóvenes se
presentan como un modelo de violencia institucional bifronte: alterna la
invisibilización genérica de sus estadísticas con la anuencia y el
patrocinio de sus victimarios.
Para contribuir a su
invisibilización se ha decidido eludir la producción de datos
estadísticos públicos y evitar que las organizaciones sociales puedan
consultarlos para obtener información fidedigna y poder, de esa manera,
exigir rendiciones de cuenta en relación a las acciones policiales.
En forma complementaria, con el objeto de ensalzar su sobreactuación,
se postulan ejemplos de eficacia únicamente basados en letalidad
policial, es decir, en las muertes producidas: llamativamente no ha sido
costumbre la premiación pública de funcionarios responsables de haber
evitado situaciones de violencia, mediante la inteligencia criminal y/o
la prevención.
La tipología que agrupa los diferentes formatos de violencia institucional incluye:
-La represión de protesta social, los operativos y las razzias, como
las que generaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el
asesinato de Rafael Nahuel.
- Las ejecuciones, conocidas como gatillo fácil, como el caso de los jóvenes y niñxs asesinados en San Miguel del Monte.
- Las muertes producidas bajo custodia policial, en cárceles o en
traslados, ya sea por acción, omisión o negligencia, como las sufridas
por los detenidos en la comisaría de Estaban Echeverría (Transradio)
[3].
El modelo de violencia institucional está dirigido
prioritariamente contra grupos vulnerables, cuya consideración social es
inferiorizada por los sectores hegemónicos mediante la construcción de
etiquetas de peligrosidad y/o anormalidad. Estas estigmatizaciones son
retomadas por las fuerzas de seguridad que reconvierten a sus
integrantes en destinatarios de maltrato simbólico y material.
Entre los colectivos estigmatizados, cuya probabilidad de ser agredidos
aparece como más alta, figuran, en términos etarios, los adolescentes y
los adultos jóvenes. En su articulación con el género, los agrupamientos
que se encuentran en peligro son los pertenecientes a los diferentes
colectivos LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, personas Transgénero e
Intersexuales) y las mujeres, víctimas prioritarias de la lógica
patriarcal imperante en las fuerzas de seguridad.
En referencia a
su pertenencia étnica, los afrodescendientes y los inmigrantes de
países como Perú, Bolivia o Colombia son los destinatarios de los
etiquetamientos más despectivos. Entre los tres conjuntos, compuestos
por identificaciones de género, condición social y étnicos, se
encuentran más del 90 % de las víctimas.
Para que la violencia
institucional pueda implementarse se requiere un marco de legitimación
simbólica capaz de naturalizarla, de convertirla en algo normal y de
alguna manera deseable. Esa precondición requiere instituir un miedo
social capaz de habilitar la utilización de la fuerza ante los peligros
reinantes. En este marco, toda pacificación social es contraproducente a
la segmentación que exigen los programas de exclusión social. La
violencia empieza a ser funcional y necesaria para escenificar una
batalla contra los enemigos precatalogados como tales. Y las fuerzas de
seguridad inmediatamente habilitadas para darle persecución y, de ser
necesario, garantizar su eliminación o exterminio.
Frente a este
escenario de una ejecución diaria (muchas veces tergiversada por las
propias versiones policiales de sus ejecutores o sus protectores), el
Centro de Estudios Legales y Sociales ha elaborado un conjunto de
recomendaciones, entre las que figuran:
- La cantidad de
personas muertas por las fuerzas de seguridad no puede ser un indicador
de eficacia de una política de seguridad ni de la actuación policial.
-La necesaria implementación de programas de formación y
reentrenamiento continuo de las fuerzas de seguridad, para dar cuenta de
los nuevos fenómenos delictivos y su abordaje más eficiente, capaz de
reducir lesiones y muertes.
- Se debe adecuar la respuesta
judicial a los compromisos internacionales que establecen el deber de
garantizar un investigación objetiva y exhaustiva de estos crímenes,
dada la responsabilidad estatal de quienes los cometen.
-Se
deben promover fiscalías especializadas en violencia institucional,
acompañadas por voluntad política de conceder suficiente autonomía para
interceder y acceder a la información que las corporaciones policiales
esconden para proteger a sus integrantes.
- Impedir que las
fuerzas policiales brinden defensas jurídicas corporativas a los
involucrados en casos de ejecuciones y agilizar los procesos penales
para evitar la caducidad de pruebas.
La violencia institucional
tiene componentes que no son letales. Las lógicas de encierro expresadas
en la superpoblación carcelaria y las condiciones de hacinamiento y
falta de oportunidades laborales o educativas (en contextos de encierro)
solo reproducen conformaciones de agresividad social que tarde o
temprano se volcarán en contextos de reinserción. En ese marco, no deja
de llamar la atención que las Unidades Penitenciarias de mayor nivel de
superpoblación sean aquellas en las que se encuentran detenidos los
presos políticos.
La violencia del hacinamiento carcelario
El problema de la violencia institucional es estructural. Las fuerzas
de seguridad han reiterado, con mayor o menor aquiescencia de sus mandos
políticos, desde 1983 a la actualidad, una impronta militarista que se
resiste a ser restringida o limitada. Sin embargo, la gran mayoría de
las administraciones gubernamentales han visualizado y tematizado (con
menor o mayor énfasis e inversiones) sus efectos como un problema de
políticas públicas.
La excepción ha sido el actual gobierno, que
ha instituido la celebración de la muerte como un beneficio social
digno de ser valorado y a la vez como un ejercicio pasible de ser
galardonado por las máximas autoridades de un Estado.
La
violencia que proviene del Estado es doblemente perniciosa y peligrosa.
Quienes la ejercen desde sus instituciones son (paradójicamente) quienes
se presentan e instituyen como los encargados de evitarla. Y quienes la
celebran son los que deben comunicar los recurrentes asesinatos como
algo digno de ser celebrado. Algo así como una reminiscencia eufemizada
del “Viva la Muerte” pronunciado por José Millán de Astray en 1936,
frente a Miguel de Unamuno.
Notas
[1]. CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e
Institucional) Archivo 2018: Cada 21 horas el Estado asesina a una
persona. Archivo 2018. Disponible en: http://bit.ly/2FOIgDl
[2]. VVAA: Muertes naturalizadas. Letalidad policial sin control y sin
justicia. Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS, CABA, 2018.
Disponible en:http://bit.ly/2KYuen7
Jorge Elbaum, Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, escritor,
periodista, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE, www.estrategia.la). Fuente: La chocobarización policial | El Cohete a la Luna
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