“Respecto
a los extranjeros vinculados a los hechos de violencia de ayer (por el
24 de octubre de 2018, en la movilización contra la aprobación en el
Congreso Nacional de un presupuesto de ajuste y despojo al pueblo
argentino), ya estamos en contacto con el juez y con el fiscal para
tener un juicio abreviado y poder deportarlos.”
(Rogelio Frigerio, Ministro del Interior, 25 de octubre de 2018)
“Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del país.”
(Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque peronista en el Senado, 25 de octubre de 2018)
El presidente Mauricio Macri también se manifestó “de acuerdo” con
“endurecer las leyes migratorias” y establecer “criterios de
reciprocidad” porque, en su opinión, “a veces uno tiene la sensación de
que se es demasiado generoso y abierto frente a otras realidades”.
“Queremos gente que venga con la vocación de trabajar, como nuestros
abuelos, y protegernos de otros que vienen con otras intenciones que nos
complican la existencia a todos y le dan un trabajo enorme a la
ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich”, dijo.
El jefe de
Estado manifestó su posición al ser consultado en una conferencia de
prensa sobre si está “a favor de endurecer las leyes migratorias”.
“Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que tenemos que debatir el manejo
migratorio en nuestro país”, respondió.
“En esta Argentina
madura no tenemos que tener miedo, tenemos que debatir cómo son las
reciprocidades” con otros países que establecen restricciones para el
ingreso de extranjeros, dijo e instó al Congreso a debatir al respecto.
Pronunciamientos
Desde la “Campaña Nacional Migrar No es Delito” respondieron al
Presidente: “En momentos en que la avanzada de la derecha y del fascismo
en la región trata de ser frenada, entre otros, por el activismo
político transnacional a través de artistas, organismos de Derechos
Humanos y partidos políticos de distintos lugares del mundo que
manifiestan su preocupación por lo acontecido en estas geografías,
nuestros mandatarios promueven rápidamente la expulsión del país de
extranjeros en función de su presunta actividad política.
Mientras que nos conmovemos por aquellas intervenciones solidarias de
mexicanxs con migrantes centroamericanos que nos confirman que la
búsqueda de un mundo más solidario y justo trasciende fronteras, otras
formas de participar en política parecen poder ser cuestionadas y
merecer una sanción ejemplificadora: la expulsión del territorio.
[…] No nos interesa despolitizar a los extranjeros y migrantes. Al
contrario: defendemos el derecho a participar de la vida política como
algo inherente al ser humano. Como algo inherente a nuestro ser en el
mundo.
Fue esa participación política la que contribuyó a
principios del siglo XX a conquistar muchos de los derechos que el
pueblo argentino hoy defiende con dignidad, ante un gobierno dispuesto a
todo para terminar de implantar una política de hambre y despojo. Los
derechos que hoy tiene el pueblo argentino, insistimos, fueron
promovidos y conquistados en gran parte gracias al accionar de
“extranjeros”. Los mismos que la Ley de Residencia luego expulsó. Los
mismos que el gobierno actual y sus secuaces hoy quieren deportar”.
También desde el “Movimiento de los Pueblos” sostuvieron: acompañamos
la lucha de las personas migrantes y les decimos ¡NO ESTAN SOLXS!
Migrar y luchar no son delitos. ¡SON DERECHOS DE NUESTROS PUEBLOS!
La Ley de Residencia de 1902
La llamada “Ley de Residencia” (22/9/1902) autorizaba al Poder
Ejecutivo a expulsar del país a todo extranjero que perturbara el orden
público.
Esta ley de carácter represivo fue la respuesta que el
Gobierno y los patrones de empresas dieron a las luchas obreras
surgidas desde fines del siglo XIX en todo el país. Se inspiraba en un
proyecto elaborado en 1899 por el escritor Miguel Cané a partir de un
pedido formulado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y disponía la
salida del territorio “a todo extranjero por crímenes o delitos de
derecho común” y de “todo extranjero que comprometa la seguridad
nacional o perturbe el orden público”. Como delito se interpretaba
cualquier movimiento de protesta o de petición colectiva y aun la
actitud pasiva de la huelga, usada como recurso de defensa. Las pocas
voces críticas argumentan que la distinción entre nativos y extranjeros
es inconstitucional. La Ley es acompañada con la declaración del “estado
de sitio”.
Con la llegada de los primeros inmigrantes se había
producido un profundo cambio en las relaciones laborales del país ya
que muchos de ellos pertenecían a movimientos anarquistas o socialistas
que tenían conciencia del valor de su trabajo y de su dignidad como
personas. La mayor parte de la clase dirigente veía como una amenaza a
sus intereses económicos las reivindicaciones de salarios o limitaciones
de horario en el trabajo. A partir de 1901 las huelgas de obreros se
multiplicaron y fueron protagonizadas por muchos gremios, entre ellos
los de panaderos, estibadores del puerto de Buenos Aires y Rosario y
peones del Mercado Central. Los reclamos iban dirigidos a aumentar los
magros salarios que no cubrían ni siquiera las necesidades básicas, a
limitar los horarios de trabajo y a lograr tiempo de descanso.
La Ley de Residencia estuvo en vigencia hasta 1958 y ejerció una
persecución policial sobre obreros anarquistas y socialistas y muchos de
ellos fueron detenidos y deportados. Se calcula que antes de fines de
1902, unos 70 militantes anarquistas fueron expulsados a Génova o
Barcelona.
Alfredo Palacios contra la Ley de Residencia
En las sesiones de la Cámara de Diputados de los días 18 y 20 de julio
de 1904, Alfredo Palacios se pronuncia en contra de ella.
Reproducimos fragmentos de su discurso por considerarlos de gran actualidad:
“Todo el mundo sabe hoy, que el movimiento obrero es la agitación que
produce una clase para luchar por su conservación y elevación,
obedeciendo a razones biológicas.
El sistema capitalista ha
determinado un conjunto de circunstancias desfavorables para esta clase,
que lucha y que reacciona para modificarlas.
(…)
Atacar el movimiento obrero, con más razón si es violentamente, es
desconocer las leyes generales de la evolución. Más: es perjudicar los
intereses de la sociedad; más todavía: es perjudicar los intereses
mismos del gobierno, pues cuando las clases laboriosas se congregan en
agrupaciones orgánicas con programas definidos que expresan sus anhelos,
pueden dar una orientación clara y progresista a las ideas de los
hombres de Estado.
(...)
El Poder Ejecutivo ha
involucrado en una sola denominación, de hombres peligrosos, a los
anarquistas, a los socialistas de temperamento apasionado y a los
propagandistas de las huelgas. La policía ha hecho también la misma
designación para todos estos individuos a que me he referido. Ha creído
encontrar en los anarquistas a vulgares criminales; en los socialistas
revolucionarios, como ellos los llaman, sin tener en cuenta que todos
los socialistas son revolucionarios, en la acepción científica de la
palabra, casi anarquistas, y a los obreros huelguistas, en la mayor
parte de los casos, los han tratado como a vividores de oficio.
(...)
El vicio, pues, de la Ley de Residencia está en esa facultad
discrecional que tiene el Poder Ejecutivo para aplicar por sí y ante sí,
arbitrariamente, el dictado de "hombre peligroso" a todos aquellos
individuos que a su juicio perturben el orden público.
(…)
Bien, señor Presidente; en presencia de las facultades extraordinarias
que acuerda la ley de extrañamiento de extranjeros al Poder Ejecutivo,
en presencia de un fenómeno de restricción de la producción, en
presencia de la ignorancia de los funcionarios inferiores de la policía
respecto de estos movimientos económicos, respecto de este fenómeno de
la desocupación, es claro que los abusos serán incontables.
(…)
Se ha buscado un pretexto para matar las ideas. Pero ya sabemos que no
es posible detenerlas, que cuando aparecen en la forma en que se
presentan las ideas nuevas, cualesquiera que ellas sean, es claro que
todos los valladares, que todos los obstáculos, que todos los
inconvenientes que se opongan a su paso no han de hacer sino acrecentar
la ola cuyo empuje es cada vez mayor".
¿Hacia una nueva Ley de Residencia?
Las reformas al Código Penal que enviará este mes el Ejecutivo al
Congreso abrirán otro fuerte debate en el inicio de la campaña electoral
y en un contexto de conflictividad en aumento. El proyecto sube las
penas por cortar el tránsito y crea el delito de incumplimiento de la
prohibición de ingresar al país para los migrantes. Aumenta la escala
penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión
por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y
también de los privados sin autorización. A su vez el juez interviniente
tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación
alternativas, que no cometan lesiones y daños, que no se impida “el
ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre
otros puntos.
A su vez el nuevo Código incorpora una figura
agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes
incumplan la prohibición de reingresar al país luego de una expulsión
por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla
prisión de uno a cuatro años. De acuerdo con la normativa vigente no es
delito. A eso se sumará la discusión para endurecer la Ley migratoria,
con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para
agilizar las expulsiones.
En La Plata, el Poder Ejecutivo
municipal acaba de presentar un proyecto para modificar el Código
Contravencional de 1985 e incorpora entre las sanciones posibles multas
que podrían alcanzar los $ 173.000 a quienes realicen cortes y piquetes.
También la Legislatura porteña avanzó hacia la consolidación de un
modelo de administrar la calle con la aprobación de las modificaciones
al Código Procesal Penal de la Ciudad que fue objetado por la oposición
porque, entre otros aspectos, incorpora la figura del “agente encubierto
o agente revelador”, limita el derecho a la defensa y otorga mayor
discrecionalidad a los jueces.
“Este Código ataca derechos,
libertades y garantías. Tiene el objetivo de implementarse en esta
ciudad, que es el epicentro de las protestas sociales”, destacó Myriam
Bregman, legisladora del FIT.
El control de la calle tiene
antecedentes en el fallido “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de
Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, más conocido como
“Protocolo Antipiquetes”, que intentó imponer la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, al comienzo de la gestión Cambiemos. Y tendrá un
próximo capítulo para la Cumbre del G-20 del 30 de noviembre y 1º de
diciembre con una ciudad sitiada por 20.000 efectivos nacionales y
extranjeros que tratarán de impedir las protestas.
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