El expresidente denuncia la ilegal situación de su país
Página/12
| En este texto, desgrana los principales ataques a la Constitución de su país, la pérdida del estado de derecho y la ilegal persecución que el régimen de su ex aliado Lenín Moreno desató sobre él y sus colaboradores. Y alerta sobre la extensión del lawfare en América latina. |
La destrucción del estado de derecho
¿Pueden
imaginar una “democracia” con un consejo compuesto por delegados del
Ejecutivo, el cual ha destituido a la Corte Constitucional, al Consejo
de la Judicatura (que administra el Sistema de Justicia), al Consejo
Electoral, al fiscal general de la Nación, al defensor del Pueblo
(ombudsman), y a todos los seis superintendentes?
Lamentablemente,
ésa es la situación actual de Ecuador. Abusando de la democracia
participativa, y engañando a la gente con la complicidad de la prensa
corrupta, el 4 de febrero de este año convocaron a un inconstitucional
referéndum.
Nuestra Constitución exige en varios de sus
artículos que el referéndum tenga informe de la Corte Constitucional,
pero, dada la abierta inconstitucionalidad de varias preguntas, el
gobierno sabía que este informe era negativo y convocó a elecciones
directamente. Por primera vez en su historia, Ecuador tuvo un referéndum
sin control constitucional.
Con la aprobación de la mañosa y
confusa pregunta 3, se apoderaron del llamado Consejo de Participación
Ciudadana, cuyos miembros eran elegidos por concursos nacionales, y que,
de acuerdo con la Constitución del Ecuador, es el responsable de
seleccionar por concurso nacional a cerca de 150 autoridades de control.
El inconstitucional referéndum le dio al Consejo de Participación
transitorio la “potestad” de evaluar y, de ser el caso, destituir a
estas autoridades de control. La destitución de autoridades es facultad
constitucional exclusiva de la Asamblea Nacional. La Corte
Constitucional, que ni siquiera es elegida por el Consejo de
Participación, no puede ser destituida por nadie.
En estos
momentos Ecuador no tiene Corte Constitucional, y ese mismo Consejo de
Participación Ciudadana, manejado por el Ejecutivo, declaró dos meses de
vacancia constitucional, que fenecen esta semana y seguramente será
extendido. Durante todo este lapso, los ecuatorianos no tenemos quién
garantice nuestros derechos constitucionales.
Las autoridades
ilegalmente destituidas debían ser reemplazadas por sus alternos, como
ordenan la Constitución y la ley, pero, de forma absolutamente
arbitraria, el mismo Consejo de Participación nombró a sus reemplazos.
Ni siquiera el inconstitucional referéndum daba al Consejo de
Participación la capacidad de designar directamente autoridades.
En
estos momentos, Ecuador es la “República Transitoria”. Tenemos un
Consejo de Participación Ciudadana transitorio, un Consejo de la
Judicatura temporal, Consejo Electoral temporal, fiscal encargado, un
ombudsman encargado, un procurador (abogado del Estado) encargado, y
todos los superintendentes encargados, prácticamente todos abiertos
enemigos de mi Gobierno, designados sin ley y directamente por el
Consejo de Participación.
La estructura del estado ecuatoriano
establece cinco funciones: Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, y
Control Social y Participación Ciudadana. Tres de estas cinco funciones
están en manos de encargados, designados con el control del Ejecutivo.
Las
autoridades temporales se posesionaron ante el Consejo de Participación
transitorio, rompiendo el art. 120 de la Constitución, que establece
que se deben posesionar ante la Asamblea Nacional. Ojalá se entienda lo
que es estar acusado por un fiscal “encargado”, designado y posesionado
por un Consejo de Participación “transitorio”, cuyo presidente –un
abierto enemigo político y personal– me insulta todos los días y dice
que debo estar preso.
El presidente del Consejo de Participación
Transitorio explícitamente declaró que si las decisiones del Consejo
contradecían la Constitución, prevalecerían las primeras, por ser
equivalentes, de acuerdo a él, a un mandato constituyente. En realidad,
se lleva a cabo un proceso desconstituyente, sin la autorización ni
conciencia del sujeto constituyente: el pueblo ecuatoriano.
Lo
único constitucional de la pregunta 3 del referéndum fue que los
consejeros del Consejo de Participación se eligieran por voto popular y
no por concurso nacional de méritos. El Gobierno sabe que perderá esa
elección, y es consciente de todos los abusos cometidos, por lo que ha
propuesto –junto a las próximas elecciones locales de marzo de 2019–
otro referéndum para que el pueblo apruebe todas las arbitrariedades
cometidas, y para… ¡eliminar el Consejo de Participación Ciudadana!
En
otras palabras, en las mismas elecciones donde deberían por primera vez
elegirse por voto popular los miembros definitivos del Consejo de
Participación Ciudadana, se va a proponer eliminar dicho Consejo, una
vez que ya han cambiado a todas las autoridades de control. El perfecto coup d’État.
La destitución del vicepresidente
Nuestros
adversarios perdieron las elecciones pero ganaron el poder, ya que
fuimos traicionados. Se votó por la continuación de la Revolución
Ciudadana, pero se aplica el programa del candidato perdedor, con el
cual el Gobierno pactó. El propio referéndum era la propuesta central
del candidato opositor derrotado en las urnas. Esto no sería posible sin
el apoyo descarado de las grandes corporaciones mediáticas.
Para realizar este coup d’État,
era necesario deshacerse del vicepresidente Jorge Glas. Esto lo
lograron involucrándolo en el caso de corrupción llamado Odebrecht, el
cual ocurrió en doce países. Odebrecht, empresa brasileña, era
probablemente la constructora más grande de América latina, pero creó
todo un departamento para dar comisiones y sobornos a funcionarios
públicos corruptos.
El 2 de octubre de 2017, al vicepresidente
le impusieron una ilegal prisión preventiva. Después de 90 días, el
presidente de la República directamente declaró abandonado el cargo y
designó el reemplazo del vicepresidente, sin esperar ningún dictamen de
la Corte Constitucional, como ordena la Constitución.
El
vicepresidente fue involucrado en este delito exclusivamente en base al
falso testimonio de un corrupto confeso de Odebrecht; fue condenado por
un delito distinto de aquél por el cual le levantaron la inmunidad; y lo
sentenciaron con un código derogado, para así poder aumentar la pena, y
evitar que salga libre y retome la Vicepresidencia de la República.
Todo esto es impensable en un estado de derecho.
Mientras tanto,
los corruptos confesos de Odebrecht ni siquiera fueron acusados por la
Fiscalía del Ecuador, evidenciándose el pacto de dejarlos en la
impunidad a cambio de involucrar al vicepresidente en el ilícito.
En
marzo, fue destituido el presidente de la Asamblea Nacional, ex aliado
del Régimen, quien denunció explícitamente el pacto que se habría hecho
con Odebrecht. Como en cualquier país del mundo, debió reemplazarlo la
vicepresidenta de la Asamblea, pero, nuevamente rompiendo la
Constitución, el Gobierno operó políticamente para nombrar a otra
persona.
Es decir, además de no poseer Corte Constitucional y
tener a todas las autoridades de control ilegalmente designadas, Ecuador
se encuentra con vicepresidente de la República y presidente de la
Asamblea Nacional nombrados inconstitucionalmente.
Hasta el día
de hoy, no se ha podido comprobar un centavo mal habido por parte del
vicepresidente, lo cual es reconocido incluso por la prensa opositora a
la Revolución Ciudadana, uno de cuyos más conspicuos representantes
acaba de admitir que el vicepresidente se encuentra preso sin pruebas,
pero por “la fuerza de las circunstancias”, léase, el linchamiento
mediático.
El 21 de octubre pasado, el vicepresidente Jorge Glas
fue trasladado de una cárcel de mínima seguridad a una cárcel común,
como represalia del Gobierno porque Fernando Alvarado, ex secretario de
Comunicación y otro perseguido político, rompió su medida cautelar y
buscó asilo en un país amigo. Esto nos recuerda bien las tácticas nazis:
si se escapaba un prisionero, había que matar a cinco, como venganza y
medida disuasiva. Como en los mejores tiempos del fascismo, se toma
represalias contra la familia y compañeros de los supuestos infractores.
Pese
a que las medidas cautelares sólo las pueden disponer los jueces, el
Gobierno también anunció la prohibición de salida del país de todos los
miembros de mi Gobierno supuestamente “investigados”, evidenciando el
total control de la Justicia, y atentando directamente contra la
Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Como cereza del
pastel, el fiscal encargado también sacó un comunicado diciendo que en
los próximos días acusará a autores y cómplices de delitos perpetrados
contra el Estado, y que solicitará las medidas cautelares
correspondientes para evitar la “fuga” de quienes podrían estar
involucrados en estos hechos “delictivos”.
Persecución e impedimento de participación política
En
enero de 2018, de forma absolutamente ilegal y con directa injerencia
del Gobierno, nos quitaron el partido que fundé, el más exitoso y grande
de la historia ecuatoriana: Alianza País.
Hemos intentado tres
veces registrar un nuevo movimiento político que represente a la
Revolución Ciudadana, pero nos lo han ilegalmente impedido. Atentando a
nuestros derechos políticos y humanos, y a la misma democracia, la
principal fuerza política del país, la Revolución Ciudadana –que en las
últimas elecciones obtuvo cerca del 40 por ciento del voto ciudadano–,
se encuentra sin organización política reconocida e impedida de
participar en elecciones.
Por último, como ya se mencionó, se ha
desatado toda una persecución judicial contra los miembros de mi
Gobierno. Los principales instrumentos de esta persecución son el
contralor “encargado” –el cual también se encuentra ilegalmente en el
cargo y no tiene nombramiento alguno–, y el fiscal designado a dedo, con
el título de “fiscal encargado”, cargo que no existe en la ley
ecuatoriana.
Mi equipo de Gobierno tiene cerca de 300 auditorías
de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Los informes ni
siquiera citan los artículos legales donde se encuentren tipificados los
supuestos delitos. Muchos de estos ex colaboradores están sin trabajo y
han tenido que vender sus casas, vehículos, etc., para poder pagar sus
abogados.
Si alguien cree que éstas son simples “opiniones”,
puede pedir al Estado ecuatoriano cosas tan concretas como el
nombramiento constitucional del contralor, fiscal o Consejo de la
Judicatura. Sencillamente no existen.
En mi caso personal, tengo
14 procesos penales, por cosas tan ridículas como un supuesto
sobreendeudamiento del país, lo cual, además de falso, no tiene nada de
penal, sin mencionar que el presidente no maneja deuda.
Me
involucran por haber hecho un decreto estableciendo que, para cumplir el
40 por ciento de coeficiente máximo deuda/PIB, límite que nosotros
mismos establecimos en el 2010, tenía que medirse la deuda pública de
forma consolidada, de acuerdo con el manual del Fondo Monetario
Internacional. Contraloría supuestamente no está de acuerdo con esto, y
por eso pide iniciar una investigación penal contra un ex presidente.
Otro
ejemplo es el involucramiento en la concesión de un campo petrolero
llamado Singue, del cual ni siquiera había escuchado hablar. Mi
implicación en el caso supuestamente se da porque una de las empresas
mandó una carta a la Presidencia denunciando que había sido perjudicada.
Jamás leí esa carta. Llegan diariamente cientos de comunicaciones a la
Presidencia. La carta fue reenviada directamente al correspondiente
ministerio, pero, incluso si hubiera leído la misma, nuevamente aquello
no tiene nada de penal. ¡Imagínense el antecedente que están
estableciendo! Cualquiera que busque involucrar al presidente en un
supuesto delito, envía una carta a la Presidencia, y aquello ya es
suficiente.
Finalmente, como nunca pudieron probar corrupción, ni
lo podrán hacer, me involucraron en supuestos casos de represión:
secuestro, asesinato e incluso una ejecución extrajudicial de un agente
de policía muerto por fuego cruzado mientras me daba protección el 30 de
septiembre de 2010, cuando se dio un golpe de Estado y era a mí al que
querían asesinar.
Para eso levantan las más folclóricas teorías,
como por ejemplo que había convertido a la Secretaría de Inteligencia en
una policía política. En uno de los juicios contrataron supuestos
expertos que compararon a mi Gobierno con las dictaduras del Cono Sur,
donde, sólo en Argentina, hubo 30.000 muertos y desaparecidos. Pero
resulta que todos los presuntos casos de represión son de antes del
2013, cuando era vicepresidente el actual presidente del Ecuador. ¿Cómo
es posible que no conociera algo tan grave? Es evidente que mienten.
El
caso que más ha avanzado es el llamado caso Balda, por el que he sido
de la forma más absurda llamado a juicio, y en el cual tenía incluso una
orden de arresto, ya que me impusieron ir cada 15 día a presentarme en
un juzgado en Quito, lo cual fue imposible de cumplir, porque todos
conocen que resido hace más de un año en Bélgica.
Me involucra en
el caso el falso testimonio del autor intelectual confeso del supuesto
secuestro, un policía al cual ni siquiera conozco, pero que, de acuerdo
con su versión, se reunió conmigo tres veces, y habló por teléfono otras
tres veces más.
Ya tuvieron que reconocer que mintió al decir
que se había reunido conmigo y que no tienen prueba alguna de las
supuestas llamadas. Incluso ya logramos demostrar que en una de las
llamadas en realidad estaba volando de Guayaquil a Quito. En la
situación actual del Ecuador, donde ya no existe la presunción de
inocencia, no se tiene que probar la culpabilidad de alguien, sino que,
después de cualquier falso testimonio, ese alguien tiene que probar su
inocencia.
La prensa ha posicionado que Balda, la supuesta
víctima, era asambleísta, lo cual es falso. En realidad, es un tipo de
un largo historial delictivo, que se encontraba prófugo de la justicia
en Colombia, dedicado a la piratería informática, y fue retenido 35
minutos por sus socios en estas ilegales actividades. Poco tiempo
después del supuesto secuestro, fue deportado por el Gobierno
colombiano, ya que, además, su estadía en Colombia era irregular.
Por
este supuesto secuestro, en el año 2013 Balda presentó una denuncia en
Ecuador, donde entre los muchos acusados, ni siquiera me menciona.
Además,
en el 2015 presentó por los mismos hechos una denuncia en Colombia,
contra miembros de mi Gobierno y contra mí, denuncia que fue archivada
por la Fiscalía colombiana por falta de fundamentos.
Pese a eso,
seis años después, en abril del 2018, se reabre el caso en Ecuador,
dándole la prensa una cobertura espectacular, y posicionándolo como un
“crimen de Estado” contra un “asambleísta”.
Ya desde octubre de
2017, Lenín Moreno, actual presidente del Ecuador, había anunciado que
no perdía las esperanzas de verme preso, y el mismo Balda en el mes de
noviembre enviaba mensajes en redes sociales diciendo que pronto habría
una alerta roja de Interpol contra mí. Claramente, todo estaba
planificado.
Uno de los principales asesores presidenciales
paladinamente reconoció que viajó a España, lugar donde se encuentra un
ex secretario de Inteligencia involucrado en el supuesto ilícito, para
decirle que se entregue y me acuse, en cuyo caso lo iban ayudar, o, caso
contrario, le iban a “llover las denuncias penales”.
De todo lo afirmado existen pruebas documentales y audiovisuales.
El lawfare regional
El lawfare
o judicialización de la política es una estrategia regional. Es lo que
están igualmente haciendo contra Lula da Silva y Cristina Fernández. Sus
principales instrumentos son la prensa y una justicia cooptada.
El
caso del juez Moro es de antología. Dicta prisión para Lula en un caso
de corrupción por demás dudoso, y de esta forma le impide participar en
las elecciones presidenciales de Brasil, pese a que era el candidato
favorito en las encuestas, abriendo así las puertas para el triunfo del
fascista Jair Bolsonaro.
Moro será el ministro de Justicia del nuevo Gobierno. Más claro, ni el agua.
Lo
que también indigna es la doble moral. Lo único que existe en la agenda
internacional sobre Latinoamérica es Venezuela. Si nuestros partidos de
izquierda hubieran hecho un golpe de Estado como el de Brasil, o un
proceso desconstituyente como en Ecuador, o si nuestros gobiernos
hubieran perseguido a adversarios políticos como están haciendo con
Lula, Cristina, Jorge Glas o conmigo, ya estaríamos en la Corte Penal
Internacional.
Hay demasiada hipocresía. En toda Latinoamérica,
pero particularmente en Ecuador, se está destruyendo no sólo la
democracia, sino también los mismos pilares de la civilización: la
justicia, los derechos humanos, y la verdad.
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