Adital
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| Panelistas durante intervención el 23
de septiembre de 2014. Foto: Joshua Michael/GARR |
Para marcar un año de la decisión del Tribunal
Constitucional Dominicano (TC 168/13), que expatrió a 250 mil descendientes de
extranjeros, principalmente haitianos y haitianas, que viven en República Dominicana
hace varias generaciones, son realizadas actividades de protesta en Haití, país
de origen de la gran mayoría de esos apátridas. Las actividades son convocadas
por el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR). La ONG se ha destacado
en la defensa de los descendientes de haitianos/as que están sin ningún derecho
legal en el país vecino, y lucha también por la anulación de la decisión. Muchas
de esas personas no tienen lazo familiar, cultural ni de idioma con Haití.
El debate "Un año después de la sentencia
168/13 TC, ¿cuál es el destino de las personas afectadas por la decisión del
Tribunal Constitucional nº168/13, del 23 de septiembre de 2013, en República
Dominicana?” contó con la presencia de Denis Watson, profesor de la Universidad
Federal de Haití; Soufiane Adjali, representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur); Gustave Acacia, representante del
Ministerio de los Haitianos que Viven en el Exterior (MHAVE); y Jean Bapstiste
Azolin, coordinador del GARR.
Watson denuncia que el TC 168/3 es un obstáculo
para el desarrollo de relaciones armoniosas entre los dos pueblos de la isla
[Española], resultado de un antihaitianismo por parte de la sociedad dominicana
que comanda el gobierno. Sin embargo, él alerta que la inestabilidad política de
Haití, la migración en masa de haitianos a territorio dominicano y la precaria
situación económica del país contribuyen para reforzar la dominación dominicana
en las negociaciones diplomáticas. Aprovechó la oportunidad para exhortar a las
autoridades haitianas para que trabajen con urgencia en el restablecimiento del
derecho a la nacionalidad haitiana de las víctimas del juicio "racista y
absurdo” del Tribunal Constitucional dominicano.
Soufiane Adjali, de la Acnur, enfoca las causas
y las consecuencias de la inexistencia del Estado en esas situaciones, que dejó
a 10 millones de apátridas en todo el mundo y lanza una campaña mundial para
combatir esa realidad. Adjali puntualiza que la situación de apátrida es una
grave violación a los derechos humanos: "Una persona que no tiene
nacionalidad no puede gozar de sus derechos fundamentales. Ella es privada de
su libertad y puede ser expulsada de donde vive. Todos nosotros tenemos que
trabajar juntos para combatir esa práctica, que es una violación de los
derechos humanos”.
El 23 de septiembre de 2014 también fue una
oportunidad para reflexionar sobre la identificación y documentación del
Programa de Inmigrantes de Haití (PIDIH), lanzado por el gobierno haitiano el
21 julio de 2014. Gustave Acacia, del MHAVE, presentó recursos avanzados del
programa y dijo que el gobierno ya tiene un presupuesto de 2 millones de
dólares, a fin de facilitar un proceso de registro, que será realizado "en
forma suave”. Aprovechó la oportunidad para anunciar la instalación de tres nuevas
oficinas en las ciudades dominicanas de Barahona, Higuey y Santiago para llegar
a un total de 300 millas de frontera comprendidas por el programa.
El GARR que realizó, del 5 al 8 de agosto de
2014, una misión en República Dominicana con la finalidad de observar el
progreso del PIDIH, hizo recomendaciones al gobierno haitiano para corregir las
deficiencias identificadas, como la falta de una campaña de sensibilización y
sobre la exclusión de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con los
migrantes en la frontera dominicano-haitiana.
Jean Baptiste Azolin, del GARR, dice que está
preocupado por las futuras víctimas del TC 168/13. "A pesar de la
promulgación de la Ley 169-14, el premio es una espada que pende sobre las
cabezas de las víctimas, que continúan exigiendo la devolución de su
nacionalidad”. Sobre el Plan Nacional para la regularización de extranjeros en
situación migratoria irregular en territorio dominicano (NWRP), el coordinador
del GARR denuncia que este plan no es rentable para los migrantes haitianos,
que vienen enfrentando serias dificultades en el cumplimiento de los requisitos
solicitados por las autoridades dominicanas. Azolin cuestiona si el NWRP no es
una estrategia del Estado dominicano para identificar a los migrantes en
situación irregular, a fin de repatriarlos más fácilmente hacia Haití.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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