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Defensores y defensoras de derechos humanos chilenos
se movilizan por la aprobación de la nueva ley que anula la Ley de Amnistía en
Chile, que ha protegido a autores de violaciones de derechos humanos
perpetradas durante el brutal régimen de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
"Es un gran paso contra la impunidad”, afirma Amnistía Internacional.
"Durante muchos años, la Ley de Amnistía fue un escudo
que ocultó de la justicia a los responsables de los graves abusos contra los
derechos humanos. Las víctimas se vieron obligadas a vivir sabiendo que los que
las torturaron y los que mataron gozaban de impunidad por sus delitos”, dijo
Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional
para las Américas.
"La anulación de la Ley de Amnistía sería un momento histórico
para Chile y otro paso para abordar los delitos del régimen de Pinochet. Además,
transmitiría el mensaje inequívoco de que Chile no protege a responsables de
violaciones de los derechos humanos.”
La Ley de Amnistía de 1978 (Decreto Ley 2191) exime de
responsabilidad penal a los autores de violaciones de los derechos humanos
cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Según
números oficiales, entre 1973 y 1990, más de 3 mil personas desaparecieron o
fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Chile, y casi 40 mil sobrevivieron
después de ser encarceladas por motivos políticos o torturadas.
En los últimos años, decisiones judiciales han
desconsiderado la aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, para Amnistía,
el hecho de que ésta continúe existiendo es incompatible con las obligaciones
internacionales de Chile en materia de derechos humanos y una afrenta a las
miles de víctimas del régimen de Pinochet y de sus familiares.
En el 41º aniversario del golpe militar que instaló al
general Pinochet en el poder se anunció la intención de anular la Ley de
Amnistía. Ahora, el proyecto de ley que convertirá esto en realidad está en el
Congreso. "Esa ley ha sido una deplorable herencia del régimen militar. Su
existencia es una duradera fuente de dolor en el país. Al declarar nulo el
Decreto Ley 2191 (Ley de Amnistía de 1978), Chile tendrá la oportunidad de resarcir
a las víctimas y a sus familias”, dijo Guadalupe Marengo. "Casi 25 años después
del régimen militar, Chile finalmente avanza hacia la reparación de los
ultrajes del pasado. Es una oportunidad que no puede ser perdida”.
El último mes de septiembre, el gobierno chileno
anunció su intención de transmitir con "suma urgencia” la anulación de la Ley
de Amnistía a partir de un proyecto de ley presentado en 2006. El gobierno
había clasificado como de "suma urgencia” su tramitación en el Congreso el 23
de septiembre, y el día 30 la tramitación pasó a ser clasificada como de
"urgencia simple”.
Otros dos importantes proyectos de ley para combatir
la impunidad de delitos cometidos en el pasado, que fueron presentados en el
Congreso en 2006 y en 1994, también fueron reactivados. Uno de ellos pretende
reformar el artículo 93 del Código Procesal Penal para garantizar que delitos
de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio no prescriban y no sean
susceptibles de amnistía o indulto. El otro trata de la adhesión de Chile a la
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Delitos de Guerra y de los
Delitos de Lesa Humanidad de 1968. Amnistía Internacional expresa su satisfacción
ante la decisión de dar carácter prioritario a estos proyectos de ley e insta a
Chile a asegurar que la adhesión a la Convención se realice sin la formulación
de reservas ni declaraciones que equivalgan a reservas.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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