Adital
Las
fuerzas de seguridad paraguayas están siendo acusadas
de matar a cuatro jóvenes de un grupo armado de campesinos
pertenecientes a la
autodenominada ‘Asociación Campesinos Armados’ (ACA), en la zona de
Arroyito,
Concepción. El evento tuvo lugar el pasado 19 de septiembre en el marco
de un
enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la ACA.
Murieron tresjóvenes de 23, 21 y 20 años, ademásun adolescente de tan
sólo 15 años de edad. El hecho remite al problema del reclutamiento
forzado de jóvenes
y menores de edad para la lucha armada y el riesgo de violencia a que
son
sometidos.
La Coordinación para los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia (CDIA) y el Servicio Paz y Justicia-Paraguay (SERPAJ)
denuncian que la operación fue
calificada por el gobierno como "un éxito", a pesar del
reconocimiento de las autoridades de que los jóvenes y menores de edad estaban
siendo reclutados. Hasta el momento, no informaron que medidas han tomado con
el fin de responder a esta situación, que para las entidades denunciantes, debe
ser abordada de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por
Paraguay en materia de protección de la infancia y la adolescencia. Inclusive
en declaraciones recientes, el viceministro de Seguridad Interna, Javier
Ibarra, habría considerado que el reclutamiento de menores de edad es
responsabilidad de los padres y los tribunales podrían acusarles, sin hacer
referencia a la responsabilidad del Estado paraguayo.
CDIA y Serpaj entienden por "niño soldado" toda
persona menor de 18 años que forma parte de cualquier fuerza armada o grupo
armado, regular o irregular, independientemente del trabajo que desempeñe. El
reclutamiento de niños y adolescentes se considera también una forma de
migración forzada que vulnera directamente el ejercicio de sus derechos como
ciudadanos, lo que afecta seriamente su desarrollo integral. El artículo 38 de
la Convención sobre los Derechos del Niño insta a los gobiernos a que adopten
todas las medidas posibles para asegurar que ningún niño o adolescente
participe directamente en conflictos armados.
Además, las entidades explican que el Protocolo
Facultativo de Naciones Unidas, relativo a la participación de niños en los
conflictos armados entró en vigor el 12 de febrero de 2002 y tiene como
objetivo aumentar la protección de los niños y adolescentes en los conflictos
armados. Paraguay es uno de los países que han firmado y ratificado el
Protocolo el 27 de septiembre de 2002, mediante la promulgación de la Ley
1897/2002.
"Desde la CDIA y SERPAJ, repudiamos la criminalidad
ejercida tanto por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), la Agrupación
Campesinos Armados (ACA), así como otras personas y / o grupos que cometen
crímenes y sostenemos que se requiere una estrategia eficaz de parte de los
organismos estatales correspondientes y constitucionalmente establecidos",
señalan. Estos son: Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio
Público, Poder Judicial, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Secretaría
Nacional de la niñez y la adolescencia que, en conjunto, Deben intervenir, en
el marco de la defensa y del respetoirrestricto de los Derechos Humanos.
Los dos instituciones exigen al Estado del aplicación de
la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos Facultativos, y
tomar las medidas necesarias a través de políticas de asistencia y protección
social a las familias, facilitándoles el acceso a los derechos universales como
la salud, educación, alimentación, vivienda y trabajo decente, con el fin de prevenir
y evitar que niños y adolescentes sean reclutados por grupos delincuentes y
criminales, como los grupos EPP, ACA y los grupos traficantes de droga y de
otro tipo.
La entidad demandan además: la tipificación penal del
acto de reclutamiento por parte de
grupos no estatales como delito; el reconocimiento de los niños y adolescentes
reclutados como víctimas, junto con sus familias; la creación de programas
especializados para la prevención, protección y restitución de derechos; y la
expansión de planes, programas y proyectos que el Estado está desarrollado,
destinadas a garantizar el ejercicio y el goce efectivo de los derechos de los
niños y adolescentes.
Traducción: ricazuga51@yahoo.com
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