Carlos Ayala Ramírez
De
nuevo hemos entrado en el mes cívico, dedicado a la libertad. Esta vez,
se conmemorarán 193 años de independencia. En este marco, el presidente
de la República, Salvador Sánchez Cerén, planteó la
necesidad de redefinir el concepto de patria, considerándola como el
lugar donde “se respeten los derechos de todos y todas. Un lugar en
donde se garanticen los derechos humanos básicos a la seguridad, a la
salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vestimenta,
a la vivienda”. Sin duda, los derechos humanos son condición de
posibilidad para que haya patria libre. Y qué bueno que el Presidente
lo haya recordado con vehemencia, porque nos pone ante la necesidad de
pensar en los desafíos que tiene la libertad ahora.
En
los informes del PNUD sobre desarrollo humano, se ha reiterado que este
y los derechos humanos tienen una visión y un propósito comunes: velar
por la libertad de todos en todas partes. Por eso se habla de la
libertad frente a la discriminación, ya sea en razón del género, la
raza, el origen nacional o étnico, o la religión. Se habla de la
libertad frente a la necesidad, para disfrutar de un nivel de vida
decente. De la libertad para desarrollarse y hacer realidad la
potencialidad humana de cada uno. De la libertad ante el temor, las
amenazas contra la seguridad personal, la tortura, la detención
arbitraria y otros actos violentos. De la libertad ante injusticia y
las violaciones al Estado de derecho. De la libertad para participar en
la toma de decisiones, expresar opiniones y formar asociaciones. De la
libertad, en fin, para tener un trabajo decente que posibilite la vida.
La libertad, por ende, es promesa y tarea, cuya consecución implica
lucha continua frente a las realidades que la impiden. En El Salvador,
eso tiene, entre otras, las siguientes connotaciones.
Liberarse de la pobreza y la inequidad.
Si bien los informes del PNUD nos consideran un país de desarrollo
humano medio —posición 115 entre 187 naciones—, no dejan de ser
preocupantes las cifras que se reportan: alrededor de 4 de cada 10
hogares salvadoreños son pobres; la escolaridad promedio apenas alcanza
los 6 años; y la tasa de analfabetismo de las personas de 10 años en
adelante es del 14%. Del total de la población que se enferma, el 40%
no recibe servicios de salud, y aproximadamente solo el 20% de la
población tiene algún seguro de salud. Del total de la población
económicamente activa, solamente el 18% es cotizante del sistema de
pensiones. Estos datos, entre otros, exigen un compromiso ineludible:
la lucha contra la pobreza que no solo impide el desarrollo de la
gente, sino que causa una muerte lenta a un buen número de
salvadoreños, al privarlos de una adecuada alimentación, salud,
educación, vivienda y trabajo. La conquista de esta libertad comienza
poniendo en el centro del proceso de desarrollo a las mayorías
empobrecidas, liberándolas del desempleo, el subempleo, los bajos
salarios y la exclusión social.
Liberarse de la violencia y la inseguridad.
El Salvador es el tercer país más violento de Centroamérica, después de
Honduras y Guatemala, con un promedio diario de 12 homicidios. La
conclusión es grave: la violencia y el delito están dañando
directamente el núcleo básico de los derechos humanos: la vida y la
integridad física y material de las personas. Asimismo, el incremento
de la violencia está asociado a factores estructurales que niegan la
libertad: la falta de empleo, una insuficiente movilidad social, la
deserción escolar, el crecimiento urbano acelerado y la falta de
capacidades del Estado para hacer frente a los altos niveles de
inseguridad. Hay aquí dos retos ineludibles,
principalmente para el Estado: crear políticas de seguridad que sean
integrales y eficaces para frenar la violencia y el delito, y
garantizar la atención, protección y reparación a las víctimas de la
violencia criminal.
Liberarse de la injusticia y la impunidad.
En el informe de 2013, Amnistía Internacional hizo los siguientes
señalamientos al Estado salvadoreño: (1) Ha persistido la impunidad por
las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto
armado (1980-1992); (2) sigue vigente la ley de amnistía de 1993, a
pesar de los reiterados llamados de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para su anulación; (3) se elude el derecho internacional que
reclama verdad y justicia en torno a crímenes contra la humanidad; (4)
sigue suscitando preocupación la violencia contra mujeres y niñas; y
(5) preocupa la situación de impunidad para la violencia de género en
el país. Una vez más hay que recordar que sin Estado de derecho y
administración de justicia eficaz, la vida ciudadana se torna
vulnerable.
Libertad para poner a producir todo el potencial humano.
Esto implica que las personas deben tener acceso a la igualdad de
oportunidades para desplegar su potencial y participar equitativamente
en todas las esferas de la sociedad. En este punto, hay que recordar
que la Constitución salvadoreña identifica a la persona humana como el
origen y fin del Estado; en consecuencia, hay un compromiso político de
garantizar, al menos, salud, nutrición y educación por sus efectos
positivos, directos o indirectos, en cada ciudadano. Ignacio Ellacuría,
con una visión ética-política de más largo plazo, hablaba de una
civilización de la pobreza, donde lo cotidiano no sería la privación de
lo necesario y fundamental para las mayorías, sino “un estado universal
de cosas en donde está garantizada la satisfacción de las necesidades
fundamentales, la libertad de opciones personales y un ámbito de
creatividad personal y comunitaria que permita la aparición de nuevas
formas de vida y cultura, nuevas relaciones con la naturaleza, con los
demás, consigo mismo y con Dios”.
Liberarse para ser ciudadanos responsables y activos.
En el más reciente informe global del PNUD, se sostiene que el
bienestar de las personas se ve influenciado en gran medida por las
libertades que disfrutan y por su capacidad para hacer frente a los
acontecimientos adversos, sean de origen natural o social. En este
sentido, se habla de la necesidad de construir resiliencia:
garantizar que el Estado, la comunidad y las instituciones mundiales
trabajen para empoderar y proteger a las personas. En otras palabras,
permitir que los grupos desfavorecidos y excluidos ejerzan sus
derechos, expresen sus preocupaciones abiertamente, que se les escuche
y que pasen a ser agentes activos que puedan definir su propio destino.
Se trata de tener la libertar de vivir la vida y de enfrentar sus
circunstancias de manera adecuada. La existencia de una ciudadanía
libre y activa supone reforzar las oportunidades, ampliar la acción
humana y promover las competencias sociales.
Ignacio
Ellacuría planteaba que “la independencia de las naciones, como la
libertad de las personas, se hace día a día, se conquista hora a hora y
se puede perder en cualquier momento”. De ahí la importancia de tomar
en serio los desafíos que nos presenta la construcción de la libertad
en nuestro mundo local y global.
- Carlos Ayala Ramírez, director de Radio YSUCA
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