Adital
Después de dos años de investigaciones,
el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), de El Salvador, divulga
el informe "La situación de la seguridad y de la justicia 2009-2014. Entre
expectativas de cambio,
mano dura militar y treguas de las pandillas”. El
documento tiene como finalidad principal contribuir a un análisis crítico de
las políticas y estrategias de seguridad adoptadas por el gobierno del
presidente Mauricio Funes, además de sugerir recomendaciones al nuevo gobierno
salvadoreño.
El primer capítulo analiza
la incidencia de homicidios intencionales; homicidios por accidentes de
tránsito, desapariciones en la posguerra; denuncias de delitos sexuales y
violencia intrafamiliar, entre otros delitos contra la vida y la propiedad.
Los datos oficiales
recogidos señalan que entre 1990 y 2013 fueron asesinadas en El Salvador poco
más de 73 mil personas, número que se asemeja al de víctimas del conflicto
armado interno y muestra que la violencia letal es un desafío constante a lo
largo de la etapa de posguerra. Los registros de los últimos años muestran una
reducción significativa de las muertes violentas. El Iudop destaca que eso
ocurrió en virtud de la "tregua entre las pandillas” (foto), realizada durante el
gobierno de Funes. Entre 2009 y 2013, la tasa de muertes violentas pasó de 71,2 a 39,7 por cada 100 mil
habitantes, "fenómeno inédito en la historia del país”, se destaca en el
informe.
En el informe se señala
también que las armas de fuego están presentes en un 70% de los asesinatos y
que los hombres jóvenes siguen siendo las principales víctimas. Sin embargo,
esa tendencia viene cambiando, pues la tasa de homicidios de mujeres aumentó
sensiblemente en la última década. Entre 2003 y 2011, esa cifra pasó de 7,4 a 19,1 muertes por cada
100 mil mujeres. La tasa es una de las más altas del mundo.
A pesar de la reducción de
los homicidios, en el informe se destaca que fenómenos como las desapariciones
forzadas, violencia sexual, lesiones, amenazas, violencia intrafamiliar,
extorsiones y desplazamientos internos forzados continúan afectando a gran
parte de la población salvadoreña, sobre todo a la parte social más
desfavorecida.
También se dedica un
capítulo al análisis del funcionamiento del sistema de administración de
justicia, que muestra cuán limitada es la eficacia de las instituciones
encargadas de promover la justicia en el país. Según datos oficiales, de 2006 a 2009 más del 80% de
los casos denunciados en la Fiscalía General de la República fueron archivados
por la institución. Otro dato preocupante es la cantidad de casos que entran en
el sistema judicial y terminan sin una sentencia que esclarezca las
responsabilidades de los hechos investigados. En 2009, más del 70% de los casos
tuvieron ese fin, lo que pone en duda "la capacidad investigativa de los
operadores del sistema, en particular, del papel que la Fiscalía ejerce en la
dirección de la investigación penal”.
En relación con los avances
y retrocesos del país en lo relacionado con las políticas de seguridad durante
el gobierno de Funes, el estudio muestra un cambio abrupto de postura. En los
primeros años del gobierno, fueron visibles los avances en la formulación de la
Política de Justicia, Seguridad y Convivencia, que contenía puntos estratégicos
como profesionalizar la Policía Nacional Civil y retomar la doctrina policial
civilista y democrática. Sin embargo, hubo un cambio brusco en el enfoque
inicialmente planeado y el gobierno pasó a adoptar medidas coyunturales y de
carácter mediático, como el aumento del 253% de los efectivos militares en los
trabajos de seguridad.
El estudio termina con una
serie de recomendaciones, entre las cuales se destacan: la implementación de la
Política de Justicia, Seguridad y Convivencia; la adopción de reformas
institucionales orientadas a favorecer que las entidades responsables de la
persecución del delito y de la investigación y sanción penal funcionen como un
sistema integrado; la articulación de un sistema unificado de estadísticas
criminales que generen datos oficiales; la ampliación de la cobertura de los
programas de reinserción social iniciados con la población carcelaria; y el
desarrollo institucional de un modelo de policía comunitaria.
Lea el informe completo en: www.uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/libro_la_situaci%C3%B3n_de_la_seguridad.pdf
Traducción: Daniel
Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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