Campaña contra la privatización de las semillas en Argentina
Campaña No nos patenten la vida
Texto
NO NOS PATENTEN LA VIDA
Una nueva amenaza de las corporaciones agro-biotecnológicas se cierne
ante la sociedad: la modificación de la legislación vigente en materia
de semillas. Se trata de un anteproyecto para la reforma de la Ley de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Ley N° 20.247/1973) que está
siendo impulsado por intereses concentrados del agronegocio. Su versión
preliminar ya estaría en manos del Poder Ejecutivo para su última
revisión, a la espera de ser enviado al Congreso Nacional para su
tratamiento.
En un contexto mundial marcado por un fuerte
embate del neoliberalismo -que incide sobre la producción y el comercio
global de alimentos (transformados en commodities)-, la expansión del
extractivismo agrario, el aflojamiento de controles ambientales y la
desaparición de pequeños agricultores, componen una ofensiva
corporativa estratégica que aquí denunciamos. Las modificaciones en la
ley de semillas forman parte de este conjunto de políticas.
Diversas estrategias tendientes al patentamiento de las semillas han
sido ensayadas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe.
Tales iniciativas, promovidas en los últimos años por los gobiernos de
turno y corporaciones transnacionales como Monsanto, fracasaron en
muchos casos gracias al accionar de las resistencias sociales.
A pesar de la crisis económica y del cambio climático, el modelo sojero
-paradigma del extractivismo agrario- continúa profundizándose en
nuestro país. La devaluación del peso argentino impulsada por el
Gobierno nacional a principios de este año permitió que el complejo
agroexportador volviera a obtener ganancias exorbitantes. Los
productores sojeros celebraron que la superficie sembrada con soja
transgénica superara, por primera vez en la historia, las 20 millones
de hectáreas. En tanto, las corporaciones del agronegocio y sus socios
especulan con una nueva devaluación para su beneficio; hecho que se
explicaría en buena medida por la crisis financiera internacional, la
actual brecha cambiaria y el proceso inflacionario que incide sobre los
ingresos de los sectores populares.
Mientras este paradigma
avanza, las funestas consecuencias sociales y ecológicas de los
agronegocios también se profundizan. El llamado “crecimiento económico”
celebrado por el gobierno y las corporaciones, representa la “expresión
amable” de un modelo agro-minero-exportador basado en el sacrificio de
los pueblos, el despojo de sus territorios y la devastación de la
naturaleza. Para corroborarlo, basta con destacar que durante los
últimos años la expansión de la frontera agrícola devastó más de 2,5
millones de hectáreas de bosques nativos; las fumigaciones masivas con
agrotóxicos, asociadas con gravísimos problemas sanitarios en la
población (tales como cánceres y malformaciones), superaron la barrera
de los 300 millones de litros anuales; el agotamiento de los suelos y
sus nutrientes continúa agudizándose como consecuencia del monocultivo
y la siembra directa con su paquete tecnológico (glifosato). Todo ello
conduce al desplazamiento compulsivo de las poblaciones, consecuencia
de la ampliación de la frontera agrícola que continúa desestructurando
economías regionales, destruyendo culturas ancestrales y desarraigando
formas de vida comunitaria, obligando a millones de personas a migrar
hacia las ciudades en busca de sustento para sus familias, lugares en
los que pasan a engrosar los cordones periurbanos de hacinamiento y de
miseria.
A pesar de semejante escenario, los cuestionamientos
existentes y la evidencia de sus impactos negativos, el gobierno
nacional apuesta al afianzamiento del modelo de los agronegocios, con
la anuencia de gran parte de la oposición. Así, la institucionalización
progresiva del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2020
(PEAA 2020) diseñado por el Ministerio de Agricultura, cuyo objetivo
fundamental consiste en alcanzar una producción de 160 millones de
toneladas de granos (fundamentalmente soja) en un plazo de seis (6)
años, supone un incremento brutal de la superficie cultivada, que
pasaría de las actuales 34 millones de has. a las 42 millones de has.
Las implicancias de una expansión de tales magnitudes redundarían en el
agravamiento de las actuales consecuencias socio-ambientales derivadas
de un sistema productivo que se inscribe dentro de los modelos
extractivistas imperantes en América Latina.
Otros datos dan
cuenta de la orientación asumida por el gobierno nacional en aras de
profundizar el modelo de los agronegocios: Desde la aprobación de la
soja RR en el año 1996 hasta la fecha, el Estado -a través de la
Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA)- emitió
autorizaciones comerciales para 30 eventos transgénicos (en soja, maíz
y algodón) y tuvo como beneficiarios a corporaciones tales como
Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow AgroSciences, Pioneer, AgrEvo, Basf,
Nidera, Novartis y Ciba-Geigy. Lo ilustrativo es que sobre el total de
estos eventos transgénicos, 23 fueron aprobados entre 2003 y 2014 por
los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y fue Monsanto
el principal beneficiario del otorgamiento de dichas autorizaciones.
Además, las aprobaciones se realizaron mediante simples resoluciones
ministeriales, sin controles ni debates públicos y sin tener en cuenta
el principio precautorio. Asimismo, las evaluaciones sanitarias y
ambientales de dichos eventos transgénicos se siguen efectuando en base
a estudios proporcionados por las propias empresas.
En este
contexto general, luego de aprobar las nuevas semillas transgénicas de
soja y maíz desarrolladas por Monsanto, el gobierno nacional estaría
buscando una reforma de la ley de semillas para favorecer a las
corporaciones biotecnológicas en su objetivo de apoderarse por completo
de la producción de los alimentos y del control de las cadenas
alimentarias.
El anteproyecto para reformar la ley de semillas
El gobierno nacional y las corporaciones agro-biotecnológicas buscan
armonizar criterios comunes en materia de semillas, patentamientos y
cobro de regalías. De esta manera lograron condensar en un anteproyecto
las expectativas de los intereses del agronegocio para reformar la
antigua Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, con el fin de
adecuarla a los parámetros internacionales que regulan la protección de
las obtenciones vegetales (semillas) conforme a los sistemas de
propiedad intelectual.
En nuestro país contamos con dos
sistemas de propiedad intelectual: 1) la protección de la propiedad de
las creaciones vegetales mediante el Derecho del Obtentor (DOV)
establecido en la actual ley de Semillas, y 2) el sistema de Patentes
de Invención y Modelos de Utilidad (establecido por Ley 24.572). Esta
última excluye expresamente el patentamiento de plantas.
Es
importante destacar que los Derechos del Obtentor también se aplican
para variedades que se descubren, dado que no exigen exclusivamente una
invención. Conforme esta premisa, aquel que descubre o inventa una
variedad puede tener derechos sobre la misma sin que el agricultor que
la cultiva pierda su derecho al uso propio, es decir, la libertad de
utilizar parte de su cosecha para una nueva siembra.
Esto
cambiaría sustancialmente en caso de adoptarse el sistema de patentes
tal y como lo establece, casi de modo encubierto, el anteproyecto para
modificar la ley de semillas. El uso propio se vería seriamente
restringido y además, actividades ancestrales como el libre
almacenamiento, selección, reproducción, mejoramiento, preservación e
intercambio de semillas provenientes de la cosecha, resultarían
coartadas o, en el peor de los casos, criminalizadas. Por otra parte,
el anteproyecto propone la creación de sistemas de registro y control
(habilitando, por ejemplo, el intercambio de semillas sólo entre
usuarios registrados ante el Estado) así como la configuración de un
sistema de penalización para aquéllos que no se adecúen a las
exigencias establecidas. Asimismo, se propone el apuntalamiento de un
poder de policía para facilitar el decomiso de semillas, suspensiones,
inhabilitaciones, etc. Además, se anularía la posibilidad de que otros
obtentores puedan reproducir nuevas variedades vegetales.
Cabe
destacar que las políticas de patentamiento forman parte de las
prioridades del gobierno nacional en materia productiva, lo que explica
que varios órganos estatales hayan estado promoviendo, en los últimos
años, iniciativas de apropiación y privatización de saberes y semillas.
Un ejemplo de esto es que las asociaciones de carácter prebendario
entre empresas agro-biotecnológicas y organismos del Estado hayan
llegado a desarrollar patentamientos propios. Tal es el caso de la soja
HB4 resistente a la sequía, un desarrollo conjunto entre el CONICET, la
Universidad Nacional del Litoral y Bioceres, esta última una empresa
agro-biotecnológica en cuyo directorio se encuentran Víctor Trucco y
Gustavo Grobocopatel, dos de los responsables del despliegue del modelo
sojero en la Argentina. Dicho evento transgénico, declarado de interés
estratégico por el Senado de la Nación y cuyo lanzamiento está previsto
para el año 2015, será un negocio de propiedad intelectual a partir del
cobro de regalías compartidas.
Frente a estos escenarios es
importante recordar que históricamente, desde que se inventó la
agricultura hace diez mil años, los productores agropecuarios
reproducen su propia semilla y, en algunos casos, tienden a
experimentar formas de mejoramiento genético mediante los cruces de las
diversas semillas de una misma especie. Como consecuencia, surgió un
consenso mundial para defender ese potencial del productor agropecuario
y, por ende, su existencia como tal. En efecto, se impulsó la
prerrogativa del productor de reproducir su semilla, estableciéndose
que ésta debería ser considerada patrimonio de la humanidad. Antes de
los años treinta, la mayor parte de los proveedores de la semilla
comercial eran pequeñas empresas familiares. La investigación genética
era realizada por las agencias de los Estados y otras instituciones
tales como cooperativas. Las empresas semilleras tenían por finalidad
primordial multiplicar y vender las variedades de semillas
desarrolladas en el dominio público.
En 1936 se establece en
nuestro país la primera iniciativa para instituir una protección legal
de las variedades de plantas. Ya en ese período en muchos países en
desarrollo, más del 80% de las semillas requeridas por los agricultores
era provisto por la semilla almacenada de la propia cosecha u obtenida
por canales no oficiales. A partir de entonces surgió una legislación
tendiente a restringir estas formas de provisión de la semilla e
inducir a los productores a abastecerse año tras año en las semilleras
privadas. De allí que en los últimos años, en especial a partir de la
generación de los híbridos y los transgénicos, comienzan a tener una
enorme primacía las grandes empresas semilleras transnacionales, que
combinan su producción o difusión de la semilla con la de los
agroquímicos producidos por ellos mismos.
La “coexistencia” del agronegocio y la agricultura familiar
Otra de las particularidades del anteproyecto tiene que ver con la
propuesta de integrar los agronegocios y la pequeña agricultura
territorializada (campesinos, indígenas, huerteros, minifundistas y
otros pobladores del campo). De este modo, dos paradigmas, dos visiones
del mundo antagónicas, dos modelos difícilmente compatibles desde el
punto de vista social, cultural, territorial y ecológico, se amalgaman
de manera espuria en el texto de la pretendida reforma.
El
planteo de la convivencia/coexistencia de los agronegocios y la llamada
“agricultura familiar” forma parte del discurso que el gobierno
nacional y las empresas asumieron como nueva estrategia de legitimación
del modelo agro-biotecnológico. Dicho planteo está presente de manera
explícita en el anteproyecto para modificar la ley de semillas vigente,
y su principal expresión consiste en la “excepción” de las obligaciones
tributarias para con los denominados “agricultores familiares”, un
concepto muy amplio con confusas referencias empíricas a actores muy
diferentes, como “el chacarero” y “el trabajador sin tierra”. De
cualquier modo en la ley aparece como una suerte de concesión del
Estado tendiente a dotar la iniciativa de cierta “apariencia
contemplativa” hacia quienes han sido hasta ahora, junto a los Pueblos
Originarios, las principales víctimas de la expansión del agronegocio.
Basta recordar los asesinatos perpetrados por el Estado o por privados,
en situaciones de arrinconamiento, para despojarlos de sus tierras.
La llamada “coexistencia” orientó a los principales actores a conformar
una "Mesa de Diálogo" convocada por el Estado (a través de la cartera
de Agricultura Familiar) que reunió a las corporaciones del agronegocio
con algunas de las más importantes organizaciones campesinas (entre
ellas, el Movimiento Nacional Campesino Indígena) y representantes de
la Iglesia. Este encuentro fue resultado de un nuevo clima cultural y
político que habilita, a través del diálogo (entre actores de muy
distinta capacidad económica y poder político), el “consenso” y la
“pacificación”. La historia está plagada de ejemplos que muestran la
imposibilidad de estos encuentros pacificadores cuando lo que está en
juego es la tierra y su “limitud”, las ganancias y abultadas rentas.
Estos nuevos humores culturales que circulan en el mundo de los
agronegocios (y lamentablemente, en algunas organizaciones sociales) se
expresan internacionalmente, y buscan integrar la agricultura de base
campesina y de pequeños productores a las lógicas de los agronegocios.
No es un hecho menor que la FAO haya declarado al presente año como el
“Año de la Agricultura Familiar” y que, repentinamente, haya reconocido
la “importancia de la agricultura campesina” en términos similares y
afines a las lógicas de mercado. Esto se hizo más evidente todavía, con
el entendimiento de cooperación suscripto por la Vía Campesina y la FAO
en Roma (Octubre, 2013). Así, las necesidades de “responsabilidad
social” y de “maquillaje verde” del capital concentrado de la
agro-biotecnología, fueron satisfechas mediante entendimientos que
hasta hace poco parecían imposibles. Los propios documentos de la Vía
Campesina denunciaban a la FAO como un organismo que actuaba
monolíticamente junto al Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y la Organización Mundial del Comercio en la ejecución de las
medidas económicas necesarias para la expansión global de los
agronegocios. Pareciera que todo ello forma parte del pasado.
Estos mandatos internacionales se articulan nacionalmente con nuevos
roles asumidos por las instituciones que rodean las problemáticas:
Universidades Públicas, Agencias Científicas, el INTA, etcétera.
A modo de conclusión
De aprobarse esta ley, no sólo estaríamos suturando un campo de
disputas en relación con la agricultura, la alimentación y modos de
vida, sino que marcaríamos un fracaso para América Latina, que está
logrando parar esta iniciativa de privatización de la vida en muchos
países.
En definitiva, el avance de la frontera sojera
representa el correlato territorial de una ofensiva extractivista
general a nivel local y latinoamericano. Así, la Argentina, con sus
fuerzas políticas tradicionales como administradores de un modelo
colonial, profundiza las actividades extractivas en todas sus
variantes: continúa la devastación del corredor andino con la
megaminería contaminante; la cementación urbana con fines de
especulación inmobiliaria; se multiplican los monocultivos forestales y
las papeleras y la industria pesquera sigue depredando nuestros mares.
El gobierno nacional, además, a contramano de la necesidad imperiosa de
construir una matriz energética alternativa -dadas las imprevisibles
consecuencias del cambio climático- prioriza irresponsablemente, como
respuesta a la crisis energética, la construcción de represas
hidroeléctricas y nuevas centrales nucleares. Incluso profundiza la
explotación de hidrocarburos no convencionales o fracking, cuyo
andamiaje legal y orientación estratégica fijara el acuerdo de YPF con
la transnacional Chevron el año pasado.
Afortunadamente, no
todo es desazón. A lo largo y a lo ancho del continente se multiplican
las resistencias de los pueblos que optan por la dignidad de la vida y
defienden nuestros territorios y bienes comunes de la depredación
neocolonial del capitalismo. Las formidables resistencias de las
asambleas cordilleranas contra las corporaciones megamineras; las
campañas contra las fumigaciones; la resistencia indígena en defensa de
sus territorios contra el avance sojero; el ejemplo mundial de las
Madres de Ituzaingó, la Asamblea de Malvinas Argentinas y de las
organizaciones sociales que impidieron la radicación de Monsanto en
Córdoba; la irreductible lucha de la Asamblea de Gualeguaychú en contra
de las papeleras transnacionales; la emergencia de nuevas voces en la
academia que se inspiran en el legado de Andrés Carrasco para
cuestionar un sistema científico colonizado por las corporaciones; la
juventud que lucha por volver a la tierra para construir una nueva
ruralidad basada en el arraigo y recuperar la libertad de producir el
propio alimento, nos siguen inspirando para continuar resistiendo a
pesar de las adversidades, con la esperanza de edificar una nueva
sociedad basada en la igualdad y profundamente identificada con la
naturaleza.
Por lo tanto, frente a este cuadro de situación manifestamos:
- No a la privatización de las semillas. Las semillas son patrimonio de
los pueblos del mundo, símbolos de saberes y culturas. La vida no se
patenta.
- No al avance del agronegocio y en particular al anteproyecto para reformar la ley de semillas en todas sus versiones.
- No la tramposa operación política desmovilizadora que defiende la
“coexistencia de la agricultura familiar con el agronegocio”.
-
Nos pronunciamos por un modelo alternativo de país libre de
agronegocios, megaminería, fracking, cementación urbana, energía
nuclear, represas hidroeléctricas, depredación marítima, bosques
artificiales y papeleras.
- Con transgénicos no hay Soberanía Alimentaria. Prohibición de la modificación genética de alimentos.
- Por el repoblamiento del territorio actualmente en manos del
agronegocio, la recuperación de los ecosistemas y la producción de
alimentos sanos para los pueblos.
- Por encima de cualquier
ley estará siempre la responsabilidad de los pueblos para garantizar su
Soberanía Alimentaria y la de las generaciones venideras.
Con
espíritu amplio y diverso nos convocamos, junto a las personas,
organizaciones sociales, ambientales, campesinas, sindicales,
estudiantiles y políticas que compartan esta lucha para desplegar una
intensa movilización y todas las acciones necesarias para impedir el
avance del extractivismo capitalista en nuestro territorio. Nos
declaramos en alerta y movilización autoconvocándonos al Congreso
Nacional al momento de discutirse e intentar aprobarse el proyecto para
la reforma de la ley de semillas que detallamos en el presente
documento.
A través del siguiente contacto de Facebook se ha lanzado esta campaña:
Si te deseas adherir a la campaña envía un mail a:semillabiencomun@gmail.com
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