En declaraciones a la revista Semana, Córdoba señaló que lo preocupante es que en enero pasado se reunió con representantes del gobierno para entregarles una lista de los 29 miembros de ese movimiento asesinados y otros tres desaparecidos.
Añadió que entonces hubo un compromiso oficial del ente estatal para proteger a los militantes de Marcha, pero en menos de seis meses la situación, lejos de resolverse, se agudizó.
A partir de ese instante, recalcó, se han registrado por lo menos 30 homicidios en menos de seis meses.
Córdoba solicitó una reunión urgente con el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y el director de la Unidad de Protección, Andres Villamizar, para que "tomen cartas en un asunto que se nos salió de las manos", dijo.
Manifestó que ha visto, con preocupación, cómo han aumentado los bombardeos de la fuerza pública en departamentos como el Meta, Putumayo, Caquetá y la zona de Catatumbo en el Norte de Santander.
No sabemos qué está pasando ni cuáles las órdenes que se están impartiendo, puntualizó.
Fundada en 2012 y consolidada como un movimiento social y político, los registros de Marcha precisan que la mayoría de los homicidios contra sus dirigentes fueron perpetrados con posterioridad a los paros y movilizaciones realizados en 2013.
La exsenadora recordó que una de las solicitudes de ese movimiento al presidente Juan Manuel Santos, para apoyar su reelección a un segundo mandato (2014-2018), fue que los dejaran hacer política en el país.
En concreto le pedimos que se desmontara ese imaginario de que Marcha Patriótica está relacionada con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y eso no se ha cumplido, acotó.
Salimos a votar a favor del proceso de paz, pero después de las elecciones han arreciado las persecuciones a través de detenciones masivas y arbitrarias, denunció.
Relató cómo el pasado 4 de julio, el mismo día en que varias organizaciones se congregaron en Villavicencio (capital del departamento del Meta) para participar en el foro sobre las víctimas del conflicto armado, dirigentes de Marcha denunciaron que uno de los integrantes de ese movimiento fue objeto de una acción armada del Ejército.
Angel Torres, miembro de la Junta de esa organización, fue la víctima. Su vivienda, ubicada en zona rural del corregimiento San Juan de Losada, en el Meta, precisó, fue blanco de ametralladoras del Ejército, "al parecer en un operativo en el que se habría informado que allí se refugiaba un guerrillero".
En espera de una nueva reunión con el Gobierno, la líder política aseguró que la situación por la que está atravesando Marcha Patriótica pone en peligro el proceso de paz instalado en La Habana el 19 de noviembre de 2012.
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