 Por Javier Rodríguez *
Asunción
(PL) El diálogo que acaba de fracasar entre el gobierno paraguayo y las
centrales sindicales, las cuales llevaron adelante la huelga general
del pasado 26 de marzo es, como se dice en estos casos, un desenlace
anunciado.
Otros Especiales:
Hay que empezar por recordar la paralización nacional desarrollada por
los sectores obreros y campesinos del país guaraní en aquella ocasión,
la cual mostró, evidentemente, una revitalización de las acciones
unitarias de los sectores sociales frente a la política económica y
social del Ejecutivo.
Otra cosa no puede decirse si se analizan
cuáles fueron las demandas fundamentales que permitieron obtener un
triunfo popular en aquella medida de fuerza y encendieron, para el
gobierno de Horacio Cartes, un botón de alarma y le hizo pensar
inmediatamente en buscar alguna negociación.
Por primera vez en
mucho tiempo se unieron en las calles y ciudades del país, confluyendo
finalmente en una poderosa demostración en Asunción, las seis grandes
centrales sindicales paraguayas, la importante Federación Nacional
Campesina, las organizaciones indígenas y otros sectores.
Pero
más importante que esa coincidencia en la acción resultó, en la
demostración de marzo, el respaldo unitario a las consignas principales y
a las demandas presentadas al gobierno.
Entre ellas se destacó,
en primer lugar, el reclamo de la derogación de la Ley de Alianza
Público-Privada, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente
de la República, pero considerada por la mayor parte de los
representantes de la sociedad como privatizadora y contraria a la
imprescindible defensa de la soberanía nacional.
La legislación,
impulsada directamente por Cartes, quien hizo presión sobre los
congresistas para lograr su rápida aprobación, pone a disposición de los
grandes intereses nacionales y extranjeros, éstos últimos
preferentemente, 16 grandes sectores de la economía y los servicios.
Por disposición exclusiva del Poder Ejecutivo, sin control por el
Congreso, se podrán concesionar y eventualmente privatizar esos sectores
sensibles, incluso con mayoría accionaria para los capitales foráneos.
Entre los que se consideran en peligro por los trabajadores se cuentan
los aeropuertos internacionales, hidrovías, dragado de ríos y
mantenimiento de su navegabilidad y la construcción, rehabilitación y
mantenimiento de rutas y autopistas nacionales, incluso para su
posterior explotación.
Incluye construcción, extensión y
operación del servicio de líneas ferroviarias, generación, transmisión,
distribución y comercialización de energía eléctrica, infraestructura
vial de Asunción y área metropolitana y lo referente a hospitales,
unidades educativas, penitenciarías, acueductos, poliductos, oleoductos y
gasoductos.
Para completar el paquete, que se ha ido ofertando
hace meses por los altos funcionarios del gobierno en una ofensiva
calzada con viajes al exterior, están los servicios de
telecomunicaciones, producción y comercialización de cemento,
producción, refinación y comercialización de hidrocarburos, combustibles
y lubricantes.
Junto al nunca atendido planteamiento de
derogación de dicha ley, los sindicatos tropezaron con la negativa
oficial al aumento en 25 por ciento del salario mínimo, sólo
incrementado en 10 por ciento en definitiva, y el equivalente a oídos
sordos en cuanto al cese de los desalojos campesinos y de la
criminalización de la lucha social en todas sus formas.
La
transformación de jubilación docente para lograr un aumento en ella a
los de la tercera edad, y la abstención a descontar de los salarios de
los maestros los días de huelga, tampoco fueron aceptados aplicándose
rígidamente la ley vigente.
Varios de los participantes en la
huelga de marzo se negaron a asistir a las conversaciones propuestas por
el gobierno advirtiendo se trataba sólo de ganar tiempo por parte del
Ejecutivo y de desmovilizar el movimiento unitario logrado durante la
medida de fuerza.
Ellos fueron, fundamentalmente, la Federaci�n
Nacional Campesina, la Central Corriente Sindical Clasista, la
Organización de los Trabajadores de la Educación y otros.
Sin
embargo, las centrales sindicales restantes decidieron dar la
oportunidad a la contraparte de mostrar su buena voluntad acudiendo a
las conversaciones que, por parte del gobierno, fueron encabezadas por
el vicepresidente de la República, Juan Afara.
Inicialmente, aún
sin mucho acuerdo por la parte sindical, se dividieron las tratativas
en una serie de comisiones que analizarían la temática por sector para
emitir conjuntamente con los delegados de los ministerios
correspondientes una propuesta final.
Más de tres meses después,
tras numerosas exhortaciones públicas a acelerar la toma de decisiones y
presentar resultados a la masa sindical y campesina, los delegados
obreros decidieron abandonar las conversaciones y convocar a un Congreso
Unitario para el 8 de agosto, ya con el fín de evaluar las condiciones
con vistas a llevar adelante un nuevo paro nacional.
Para el
gobierno representa ver ante sus ojos un panorama difícil, ya complicado
por la tragedia de los desbordes de los principales ríos y las
afectaciones, que significa más de un cuarto de millón de damnificados
existentes.
A eso se une que, hasta ahora, resultaron muy pocos
los capitales dispuestos a participar en las inversiones esperadas y
sólo el futuro dirá si esa situación cambia.
Mientras tanto,
trabajadores, campesinos e indígenas se aprestan a librar otra gran
movilización de apoyo a sus demandas, ahora rechazadas en la mesa de
negociaciones.
*Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay. arb/jrr |
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