Aprobada la víspera por el Parlamento, la legislación, permitirá ejecutar obras de infraestructura y prestar servicios y, según las proyecciones del Gobierno, en el período 2011-2014 representarán 750 millones de dólares en inversiones.
Los convenios por PPP servirán para la construcción y operación de instalaciones, y sólo podrán celebrarse cuando sean la única modalidad alternativa, señaló el texto refrendado.
Estarán incluidas estructuras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, energéticas, tratamiento de residuos y de corte social (cárceles, viviendas de interés social y complejos deportivos).
La normativa excluye del PPP centros educativos, servicios sanitarios (cuando se trate de centros de salud) y los de seguridad y reeducación de reclusos.
El Ejecutivo explicó en su página web que Uruguay presenta un atraso en infraestructura lo cual es un riesgo, precisó, para su crecimiento económico de forma sostenida.
"Es necesario aumentar la inversión en instalaciones para que nuestro país sea un polo logístico en la región y resuelva algunas urgencias de carácter social como son los hospitales, las cárceles y las escuelas", añadió el documento.
De acuerdo con la fuente, las transacciones no podrá exceder el siete por ciento del Producto Interno Bruto del año preceente.
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