En una reunión con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Canales pidió a la sociedad civil que apoye esa fórmula ante la inoperancia de los operadores de justicia en el país.
Se necesita más voluntad y responsabilidad, pues pareciera que aquí juegan con la justicia y las leyes, manifestó Canales dispuesto a presentar a Lobo la sugerencia de solicitar a Naciones Unidas que sesione en este país centroamericano la Comisión contra la Impunidad.
Dijo que a diario le llegan denuncias sobre actos de corrupción y urgió al gobierno a hacer algo contundente para garantizar una respuesta a la población que clama por justicia.
El lunes último en Bruselas un grupo de eurodiputados y organizaciones no gubernamentales, participantes en misiones para comprobar la situación de los derechos humanos en Honduras, denunciaron el alto nivel de violencia e impunidad prevalecientes.
Uno de los problemas más agudos es la impunidad, aseguró ante el Parlamento Europeo la eurodiputada conservadora Laima Andrikiené, vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara.
Precisó que en un 90 por ciento de los casos se salvaguarda la impunidad de los sospechosos y señaló que las instituciones carecen de recursos, no pueden hacer bien su trabajo y no existe coordinación entre los diferentes organismos judiciales.
La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, pidió el 8 de julio último castigo para los autores de delitos de lesa humanidad y consideró que sin sanciones a quienes los cometieron se fortalece aquello que tiene a los hondureños en desencuentro: la impunidad.
Sus declaraciones ocurrieron un día después de ser presentado el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde se reveló que al menos 20 personas murieron durante la represión que siguió al golpe de estado del 28 de junio de 2009 y de ellos 12 fueron crímenes selectivos de las fuerzas de seguridad.
La impunidad sirve de caldo de cultivo para que algunos sigan creyendo que pueden continuar cometiendo delitos y es momento de ver si las instituciones cumplen o no su función, retó Oliva.
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