La secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woorlichs Fernández, dijo que los implicados tienen un plazo de 35 días para presentar sus pruebas y solventar las irregularidades detectadas, de lo contrario serán sujetos a un proceso penal.
Mencionó que el desfalco detectado es el resultado parcial de 16 de 45 auditorías realizadas en el último año de gestión del gobernador Ulises Ruiz.
Adelantó que para recuperar el monto quebrantado en las diversas instituciones auditadas, se podría recurrir al recurso del embargo de bienes contra los presuntos indiciados.
Woorlichs Fernández señaló que en las revisiones contables se detectó la confabulación y actitud criminal de los implicados, quienes operaron el presupuesto estatal para el ejercicio 2010 de manera irresponsable, modificando las partidas inicialmente autorizadas a su atojo y capricho.
Entre los 32 señalados hay 13 integrantes del gabinete de Ulises Ruiz, entre ellos su extesorero, Miguel Ángel Ortega Habib, el exsecretario de Obras, Armando González Bernabé, y el excontralor Bernardo Barragán Salazar.
Además, el exdirector de Caminos, Ambrosio Vásquez Arango, de Educación Pública, Abel Trejo, y sus últimos dos voceros Raúl Castellanos Hernández y Soledad Rojas Walls.
Otras áreas auditadas son la Secretaria de Turismo y Economía, donde se ubico un faltante de 73 millones de pesos, así como la oficina de Pensiones, con 11 millones de pesos.
Perla Woorlichs lamentó que no se pueda aplicar con prontitud y eficacia la ley contra los funcionarios involucrados en los presuntos actos de corrupción, porque esta fue reformada para permitir la impunidad de los implicados.
Explicó que en octubre de 2010, un mes antes de dejar el cargo el exgobernador Ulises Ruiz, la Cámara de Diputados reformó el artículo 171 de la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos, y con ello se despenalizó el delito de peculado y desvío de recursos.
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