El también conocido como Baby Doc, de vuelta desde el pasado 16 de enero tras 25 años de exilio en Francia, está acusado de la muerte de miles de personas durante su régimen (1971-1986), así como de violación de los derechos humanos, corrupción, asociación de delincuentes y malversación de entre 300 y 800 millones de dólares.
Organizaciones civiles haitianas han denunciado demoras para enjuiciarlo y falencias para llevar ante los tribunales las denuncias presentadas contra él hasta la fecha.
En un comunicado enviado esta semana a Prensa Latina, la Red Haitiana de Derechos Humanos demandó al sistema judicial procesar cuanto antes al exrepresor.
Ese grupo solicitó además la adopción de una ley para definir las infracciones cometidas por Baby Doc, en caso de que la Justicia se declare incapaz de encausarlo.
Aunque una corte de esta capital dictó una orden de arresto domiciliario desde abril pasado, Reynold Georges, abogado defensor del exrepresor, reconoció a inicios de mayo pasado que su cliente burlaba dicha disposición.
Asistió recientemente a un matrimonio, ha dormido en Mirebalais (60 kilómetros al noreste de Puerto Príncipe) y va a la playa, afirmó Georges.
De acuerdo con la orden, Baby Doc debe mantenerse en su vivienda en Petionville, en las afueras de esta capital, y recibir visitas únicamente en horarios restringidos.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Kyung-wha Kang, pidió la pasada semana crear una comisión de la verdad en Haití para propiciar el juicio contra Baby Doc.
Los abogados de Duvalier, por su parte, consideran prescritos los crímenes de su defendido, por haber ocurrido hace más de 20 años.
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