Tema 8 - Investigaciones del Proyecto Censurado 2009
Las órdenes presidenciales se pueden cambiar en secreto
por Sheldon Whitehouse, Marcy Wheeler
La Gran Democracia estadounidense tiene los pies de barro. Su enorme edificio institucional reposa sobre un paradoja. Su famosa constitución, y todo el aparato legal, todo el ordenamiento jurídico de leyes que rige a la nación y a todos los ciudadanos —que debe ser honrada y respetada en primer lugar por los dirigentes del país a título de ejemplo— no tiene ningún sentido de existir cuando todo se puede cambiar en secreto por el mismo presidente. Esto es lo que revela la investigación de nuestros colegas norteamericanos del Proyecto Censurado.
- El presidente estadounidense Barack Obama dando instrucciones.
- Foto White House.
El 7 de diciembre de 2007, el senador Sheldon Whitehouse, demócrata por Rhode Island y miembro del Comité de Inteligencia del Senado, reveló en la sala del Senado de EEUU que había desclasificado tres documentos legales de la Oficina del Consejero Jurídico (Office of Legal Counsel, OLC, sus sigla en inglés) dentro del Departamento de Justicia de EEUU, que establecen:
1. Una orden ejecutiva no puede limitar a un Presidente.
No existe requisito constitucional para que un Presidente emita una nueva orden ejecutiva siempre que lo desee para apartarse de los términos de una orden ejecutiva anterior.
Más que violar una orden ejecutiva, el Presidente modifica o no aplica la orden.
2. El Presidente, ejerciendo su autoridad constitucional bajo el Artículo II, puede determinar si una acción es un ejercicio legítimo de la autoridad del Presidente bajo el artículo II.
3. El Departamento de Justicia está circunscrito a las determinaciones legales del Presidente.
El señor Whitehouse descubrió las opiniones legales clasificadas de la OLC mientras investigaba la Ley de Protección de América (Protect America Act), aprobada en agosto de 2007, que el propio senador advirtió le permitiría a la administración pasar por encima del Congreso y los tribunales para facilitar el libre espionaje a los estadounidenses.
El senador observó que durante los años de la administración de Bush, la Oficina de Consejo Legal había estado emitiendo órdenes legales secretas altamente clasificadas relacionadas con la vigilancia.
El senador advirtió del peligro de la pobremente escrita legislación Protect America Act, que no estipula restricciones legales a las escuchas autorizadas por el gobierno de los teléfonos de los estadounidenses y elimina mecanismos de control y equilibrio de poderes de las ramas legislativa y judicial.
La única restricción de la escucha a escondidas de los estadounidenses por parte del gobierno es una orden ejecutiva que limita la vigilancia a quienes el Fiscal General determine sean agentes de una potencia extranjera.
Sin embargo, a la luz de la primera proclamación desclasificada de la OLC de que el Presidente puede cambiar secretamente y a voluntad sus decisiones firmadas, quedamos expuestos a los caprichos de una agenda ejecutiva secreta no revisada.
Con respecto a la segunda determinación legal de la OLC, Whitehouse recordó al Senado que Marbury v. Madison, escrita por el Presidente del Tribunal Supremo John Marshall en 1803, proponía: «es categóricamente de la competencia y deber del departamento judicial decir qué cosa es ley». Sin embargo, actuando fuera del departamento judicial, la OLC ha declarado que es ahora el Presidente quien decide los límites legales de su poder.
Por último, Whitehouse repitió varias veces la tercera de estas declaraciones legales con cierta incredulidad, pidiendo a los miembros del Senado que permitieran dejar a un lado esta afirmación:
«El Departamento de Justicia está circunscrito a las determinaciones legales del Presidente».
Whitehouse dijo: «Estas tres proposiciones legales de la administración Bush se reducen a esto: Primero, «no tengo que seguir mis propias reglas, y no tengo que decir cuándo las estoy rompiendo»;
Segundo, «sólo yo determino cuáles son mis propios poderes»; y
Tercero, «el Departamento de Justicia no me dice qué cosa es ley, soy yo quien se lo dice al Departamento de Justicia».
Whitehouse cerró su discurso ante el Senado con esta afirmación:
«Cuando el Congreso de los Estados Unidos esté dispuesto a inclinarse ante un Presidente sin principios, es ahí donde termina. No debíamos ni siquiera tener esta discusión. Pero aquí estamos. Imploro a mis colegas: rechacen estas teorías legales febriles. Entiendo la lealtad política, créanmelo, pero seamos también leales a esta gran institución que servimos, la rama legislativa de nuestro gobierno.
Seamos también leales a la Constitución que juramos defender de los enemigos extranjeros y nacionales, y seamos leales al pueblo estadounidense que vive cada día bajo los principios y la protección de nuestra Constitución… Los principios de la legislación y supervisión del Congreso, y de la aprobación y revisión judiciales, son simples y antiguos.
Los estadounidenses merecen esta protección…»
Actualización de Marcy Wheeller
La pretendida autoridad del Presidente de poder hacer caso omiso de sus propias órdenes ejecutivas sin modificar dichas órdenes —comentada en el artículo «El punto débil del conejo»— fue una de las varias cuestiones discutidas el 29 de abril de 2008 en la Sesión Judicial del Senado sobre Leyes Secretas y Amenazas al Gobierno Democrático y Responsable.
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