CERIGUA La extinta Policía Nacional (PN) sirvió como brazo ejecutor del ejército para cumplir la doctrina contrainsurgente de seguridad nacional, cuando se cometieron acciones “ilegales” contra líderes de organizaciones políticas, sociales, religiosas y guerrilleras, señaló el informe “Derecho a saber”, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Entre los hallazgos de la PDH en los archivos de la PN están las acciones ilícitas, órdenes de aprehensión sin fundamento, partes policíacos para inculpar a personas, fichas de control y fotografías, durante 10 años del conflicto armado interno en Guatemala, informó la prensa local.
El informe fue presentado por la Procuraduría el martes último a la ciudadanía, que también tuvo acceso a los documentos de la desaparecida Policía Nacional, descubiertos en julio del 2005 y que quedaron bajo el resguardo de la institución humanitaria, a cargo de Sergio Morales.
Durante la presentación del documento participaron familiares de desaparecidos y miembros de agrupaciones de derechos humanos, quienes testificaron sobre los momentos difíciles, cuando sus seres queridos fueron llevados por los aparatos estatales, entre ellos la PN y jamás volvieron a verlos.Morales mencionó las estructuras y funcionamiento de la Policía Nacional, las relaciones oscuras entre esa dependencia y el ejército, en el marco del conflicto armado; el PDH recordó algunos casos ilustrativos, como el de la desaparición forzada de Fernando García, líder sindical y universitario.
El informe “Derecho a saber” revela cómo durante la guerra se facilitó la influencia de las fuerzas armadas en la PN, por medio de oficiales que dirigieron la institución de seguridad desde 1975.El documento menciona a militares de alto rango como los coroneles Ricardo Antonio Escalante, a cargo de la Policía de 1974-1975; Mario Gustavo Cardona, de 1975 a 1978; Germán Chupina Barahona, de 1978 a 1982; Hernán Orestes Ponce, de 1982 a 1983 y Héctor Rafael Bol De la Cruz, de 1983 a 1985.
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