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miércoles, 18 de marzo de 2009

Guatemala: CEJIL insta al gobierno a terminar con la impunidad en contra de defensores de humanos

CERIGUA

Los actos de hostigamiento en contra de varios funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en especial el Jefe de la Unidad de Averiguaciones Especiales y la jurista Gladys Monterroso, esposa del Ombudsman, motivaron a que el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitara al Presidente Álvaro Colom tomar medidas urgentes.

La organización, que tiene como principal objetivo la implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, señaló que los hechos que acontecen en Guatemala no son casos aislados, por el contexto de violencia que afecta a los defensores de derechos humanos.

Hacemos un llamado respetuoso para que se realice una investigación exhaustiva por todos los medios disponibles y orientada hacia la persecución, captura y enjuiciamiento de todos los responsables materiales e intelectuales, instó la entidad.

CEJIL citó el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala durante 2008, que señala que los activistas de derechos humanos realizaron su labor en un contexto de amenazas y agresiones.

Adicionalmente, la mayoría de agresiones permanecen en la impunidad, lo que perpetúa la violencia contra este sector; la situación es grave y requiere medidas urgentes, indicó la entidad.

El informe de la ONU señaló que de 58 denuncias que conoció el Ministerio Público, sólo en tres casos se identificó a presuntos responsables.

La entidad humanitaria recordó que la Corte Interamericana ha establecido que los jueces y fiscales deben tomar en consideración las particularidades de los hechos y las circunstancias y contexto en que se dieron, para encausar las investigaciones.

Señor Presidente, en cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, le solicitamos, como máxima autoridad pública, que tome las acciones necesarias, con el fin de implementar una política global para la prevención y sanción de actos de violencia contra los y las defensoras de derechos humanos, indicó CEJIL.


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