México: Detienen a pescadores indígenas por protestar contra el parque eólico en Juchitán (+Audio)

 Entrevista realizada a Carlos Beas de la Unión de comunidades Indígenas de la zona Norte del Istmo: Hide PlayerDownload

Agencias/La Radio del Sur

(Foto: Archivo)

Unos 60 policías estatales desalojaron y detuvieron a pescadores indígenas zapotecas de Álvaro Obregón, perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza, cuando bloqueaban el camino hacia la Barra Santa Teresa, para impedir el acceso a empresarios y trabajadores de la empresa Mareña Renovables y así detener la construcción del parque eólico San Dionisio en Juchitán, Oaxaca, México.
El coordinador general de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas Torres, informó que alrededor de las 8:30 horas los pescadores indígenas fueron retirados violentamente, por los agentes estatales, con el respaldo de elementos de la Policía Auxiliar, Industrial, Bancaria y Comercial y de particulares contratados por la empresa.
Explicó que los uniformados intervinieron porque supuestamente los pescadores indígenas zapotecos retuvieron una camioneta de la compañía multinacional Mareña Renovables.
Precisó que los uniformados dispararon al aire sus armas y lanzaron gas pimienta contra mujeres y hombres, además de golpear a varios, incluyendo a mujeres embarazadas.
Nueve detenidos
Durante el operativo fueron detenidos nueve pescadores indígenas zapotecos, entre ellas dos mujeres, identificados como Feliciana Charis, Lucelia Jiménez, y a César Santiago, Benjamín López, Alfredo Aquino, Juan Martínez, Victorino Charis, Lamberto López y Lucelio López.
Detalló que éstos fueron trasladados al cuartel regional de la policía estatal establecido en el municipio de El Espinal, contiguo a Juchitán de Zaragoza, para ser puestos eventualmente a disposición del Ministerio Público.
Sin embargo, destacó que los indígenas zapotecos fueron dejados en libertad cerca de las 13:45 horas sin ningún cargo en su contra.
Resaltó que el parque eólico San Dionisio fue rechazado desde sus inicios en innumerables ocasiones por los comuneros y pescadores de San Dionisio del Mar y Juchitán de Zaragoza, quienes habitan en la Laguna Superior, donde se ubica la Barra Santa Teresa, en que desarrollan sus principales actividades productivas y rituales.
Beas Torres dijo que con este desalojo el gobernador Gabino Cué Monteagudo dejó en claro su respaldo a las empresas extranjeras para que puedan explotar los territorios de los pueblos indígenas zapotecos y huaves, a pesar de su importancia biocultural.
A su vez, Rodrigo Flores Peñaloza, miembro de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio solicitó a las organizaciones, personas solidarias, comunidades, periodistas y autoridades, solidaridad para exigir a las autoridades estatales y a la empresa Mareña Renovables, la detención de esteproyecto criminal y la realización de una consulta transparente, como dicta el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con respecto al consentimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas.
Responsabilizó a los gobiernos federal y estatal, así como a Mareña Renovable de cualquier otra nueva agresión a los pueblos zapotecas y huaves en resistencia.
Desde principios de la década pasada, cuando las autoridades empezaron a dar un impulso decidido al corredor eólico del Istmo de Tehuantepec desarrollado principalmente por trasnacionales españolas, comenzó a generarse una fuerte oposición entre los integrantes de las zonas afectadas, principalmente comunidades indígenas zapotecas e ikoots, quienes han sido despojados de miles de hectáreas mediante contratos de arrendamiento desventajosos, sin que se haya respetado su derecho a una consulta previa, libre e informada, como demandan la leyes internacionales de protección a los pueblos originarios.
La indolencia e inacción de las autoridades ante estos despojos se agravan por su sistemático alineamiento a los intereses empresariales y su participación en los actos de hostilidad y persecución en contra de los opositores a los parques eólicos, como ocurrió en febrero pasado con la detención de la activista Bettina Cruz.
El telón de fondo de esta circunstancia es la promoción, desde las altas esferas del poder político y económico, de un negocio que resulta sumamente redituable para las trasnacionales encargadas de desarrollarlo –Iberdrola, Fenosa, Renovalia, Mareña Renovables, entre otras– y cuya defensa ante la opinión pública ha incorporado numerosas verdades a medias y abiertas mentiras: por un lado, los promotores de las plantas eoloeléctricas han insistido en que éstas se asientan en tierras improductivas, a pesar de que en muchos de los ejidos arrendados se desarrollaban actividades agrícolas y ganaderas diversas hasta antes de la llegada de los molinos de viento. A ello debe sumarse la afirmación de que los parques eólicos constituyen una importante fuente de empleo y desarrollo en la región, cuando es claro que el primero de esos beneficios, en el mejor de los casos, se limita a la etapa de construcción de las instalaciones –el número de empleos permanentes una vez que éstas entran en operación no supera las dos decenas por parque–, y que los propietarios de las superficies arrendadas reciben en promedio sólo un 0.2 por ciento de las ganancias derivadas de la generación de energía eólica.
Por lo que hace a los beneficios ambientales de la energía eólica frente a otros tipos de combustibles fósiles algo que resulta en principio incuestionable, éstos deben matizarse a la luz de las denuncias de los habitantes de las regiones afectadas de que las instalaciones generan contaminación sonora, derramamientos de aceite en las lagunas y bajas considerables en las poblaciones de aves que utilizan el Istmo como lugar de tránsito.
Ningún proyecto de generación de energías limpias y alternativas podrá ser defendible en la medida en que se imponga por sobre los derechos de la colectividad y en beneficio de los intereses de unos cuantos. En lo inmediato, es necesario que los gobiernos estatal y municipales depongan sus intentos de criminalizar la protesta social y, con ello, justificar el hostigamiento y la represión contra los opositores a los parques eólicos; deben asumir, en cambio, su responsabilidad de promover el diálogo con las partes afectadas, de lo contrario estarán gestando escenarios de discordia y de crispación social multiplicada.
Adjunto a esta nota escuche la entrevista realizada a Carlos Beas de la Unión de comunidades Indígenas de la zona Nortedel Istmo, te  en el programa Mientras Tanto y por si Acaso transmitido por La Radio del Sur.