Occupy.com/Truth-out
| Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens |
En la cumbre de dirigentes de los Estados miembros del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) en noviembre de 2010 participaron: Japón, Vietnam, Australia, Chile, Singapur, EE.UU., Nueva Zelanda, Brunei, Perú y Malasia.
El Acuerdo
Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) es la
negociación comercial más secreta y “menos transparente” de la
historia.
Afortunadamente para las poblaciones y
sociedades a las que afectará, hay organizaciones de investigación
pública y medios alternativos que hacen campaña contra el Acuerdo e
incluso han publicado diversas filtraciones de capítulos del borrador.
De esas filtraciones, que han sido cubiertas por medios noticiosos
dominantes controlados por las corporaciones, podemos llegar a un mejor
entendimiento de lo que realmente abarca el Acuerdo Trans-Pacífico.
Por
ejemplo, algunos grupos de interés público advierten de que el TPP
podría llevar a la pérdida de millones de puestos de trabajo. Como
señaló una carta del Congreso al Representante Comercial de EE.UU., Ron
Kirk, el TPP “creará políticas vinculantes de futuros congresos en
numerosas áreas”, incluyendo “las relacionadas con la mano de obra,
patentes y derechos de autor, uso de la tierra, alimentos, agricultura
y estándares de productos, recursos naturales, medioambiente, licencias
de profesionales, empresas de propiedad estatal y políticas de
adquisición de los gobiernos, así como regulaciones financieras, de los
sistemas de salud, energía, telecomunicaciones y otras del sector
servicios”-
En otras palabras, el TPP va mucho más allá del “comercio”.
Apodado
por muchos “NAFTA2 (TLCAN) a lo grande” y “golpe corporativo”, solo dos
de los 26 capítulos del TPP tienen realmente algo que ver con comercio.
En su mayor parte otorga nuevos derechos y privilegios de largo alcance
a las corporaciones, especialmente en lo relacionado con los derechos
de propiedad intelectual (leyes de derechos de autor y de patentes),
así como limitaciones de las regulaciones gubernamentales.
Los
documentos filtrados revelaron que el gobierno de Obama “se propone
conceder nuevos poderes políticos radicales a las multinacionales”, ya
que Obama y Kirk han emergido como grands propugnadores “de políticas
que han sido rechazadas desde hace tiempo por activistas ecológicos,
defensores de reformas financieras y sindicatos, porque erosionan
protecciones cruciales de las leyes internas”.
En otras
palabras, las ya inefectivas y en su mayoría desdentadas regulaciones
ecológicas, financieras y laborales existentes son inaceptables para el
gobierno de Obama y las 600 corporaciones alineadas con el TPP al que
imparten sus órdenes.
El acuerdo estipula que las
corporaciones extranjeras que operen en EE.UU. ya no estarán sometidas
a leyes internas de EE.UU. respecto a las protecciones del medio
ambiente, las finanzas o los derechos laborales, y podrían apelar a un
“tribunal internacional” que tendría la potestad de invalidar la ley
estadounidense e imponer sanciones a EE.UU. por violar los nuevos
“derechos” de las corporaciones.
El “tribunal
internacional” que dictaría las leyes de los países estaría compuesto
de abogados corporativos que actuarían como “jueces”, asegurando así
que los casos presentados tengan un juicio “justo y equilibrado”,
equilibrado y justo a favor de los derechos corporativos por sobre todo
lo demás.
Una coalición de interés público conocida como
Campaña Comercial Ciudadana publicó un borrador del capítulo del TPP
sobre “inversión” revelando información sobre el “tribunal
internacional” que permitiría que las corporaciones exigieran
directamente a los gobiernos que impongan barreras a los “beneficios
potenciales”.
Arthur Stamoulis, director ejecutivo de la
Campaña Comercial Ciudadana, explicó que los borradores “contienen
claramente propuestas diseñadas para dar a las corporaciones
transnacionales derechos especiales que van mucho más allá de los que
tienen los negocios nacionales y los ciudadanos estadounidenses. Una
propuesta que tendría efectos tan amplios en las regulaciones
medioambientales, la seguridad del consumidor y otros intereses
públicos, merece un escrutinio y un debate público. No se debería
elaborar a puerta cerrada”.
Public Citizen’s Global
Trade Watch, una organización de interés público, hizo un análisis del
documento filtrado sobre inversión y explicó que el tribunal
corporativo internacional permitiría que las corporaciones revoquen las
leyes y regulaciones nacionales o demanden enormes sumas compensatorias
ante el tribunal “empoderado para ordenar el pago de fondos ilimitados
del Tesoro del gobierno a inversionistas extranjeros por demandas según
el TPP”.
Incluso bajo NAFTA, más de 350 millones de
dólares han sido pagados por gobiernos alineados con el NAFTA a
corporaciones por “barreras” a los “derechos” de inversión, incluyendo
vertederos de desechos tóxicos, reglas de corte de árboles, así como
prohibiciones de diversos productos químicos tóxicos.
Porque,
seamos claros: para las corporaciones, semejantes regulaciones y
preocupaciones por los temas de salud, seguridad y medio ambiente se
perciben solo como “barreras” a la inversión y los beneficios. Por lo
tanto su “gobierno” demandaría al gobierno extranjero por cuenta de la
corporación, basándose en la premisa de que semejantes regulaciones
condujeron a una potencial pérdida de beneficios, por los cuales se
debería compensar a la corporación.
El TPP permite que
las corporaciones demanden directamente al gobierno en cuestión. Todos
los países miembros del TPP, excepto Australia, han aceptado adherirse
a la jurisdicción de este tribunal internacional, un tribunal irregular
y arbitrario no elegido, antidemocrático y dotado de personal por las
corporaciones, con autoridad legal por lo menos sobre diez naciones y
sus poblaciones.
Además, los países del TPP no han
aceptado un conjunto de obligaciones que deberían cumplir las
corporaciones en relación con los estándares de salud, trabajo o
ecología, y por lo tanto se abre una puerta a que las corporaciones
obtengan todavía más derechos y privilegios para saquear y explotar.
Mientras se amplían los derechos corporativos se desmantelan los
derechos humanos y democráticos.
Una de las áreas más
importantes en las que el TPP tiene un profundo efecto se relaciona con
los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor y de
patentes. Las corporaciones han sido grandes defensoras de la expansión
de los derechos de propiedad intelectual, es decir, de sus derechos de
propiedad intelectual.
Las corporaciones farmacéuticas
son muy partidarias de esos derechos y probablemente estarán entre los
grandes beneficiarios del capítulo de propiedad intelectual del TPP. La
industria farmacéutica se aseguró de que el acuerdo de 1995 de la
Organización Mundial del Comercio incluyera contundentes reglas de
patentes, pero finalmente consideró que esas reglas no lo bastante
duras.
Dean Baker explica en The Guardian que
reglas más duras de las patentes establecen “un monopolio garantizado
por el gobierno, a menudo de hasta 14 años, que prohíbe que los
competidores genéricos entren en un mercado basado en los resultados de
las investigaciones de otras compañías que demuestran la seguridad y
efectividad de un medicamento”. Baker señaló que semejantes leyes en
realidad es “lo contrario del libre comercio” ya que “implican un
aumento de la intervención gubernamental en el mercado”, “restringen la
competencia y conducen a precios más elevados para los consumidores”.
Esencialmente,
lo que esto significa es que en países pobres en los que más gente
necesita acceso a medicamentos que salvan vidas, y a menor coste, sería
imposible que las compañías o gobiernos fabriquen y vendan marcas
genéricas más baratas de medicamentos exitosos cubiertos por patentes
corporativas multinacionales. Un acuerdo semejante entregaría un
monopolio de controles de precios a esas corporaciones, permitiendo que
fijen los precios que consideren adecuados, haciendo así que los
medicamentos sean increíblemente caros y frecuentemente inaccesibles
para la gente que más los necesita.
Como señaló
correctamente el congresista estadounidense Henry Waxman: “En muchas
partes del mundo, el acceso a los medicamentos genéricos significa la
diferencia entre la vida y la muerte”.
Se espera que el
TPP aumente tales derechos de patente corporativos más que ningún otro
acuerdo de la historia. Los fabricantes de medicamentos genéricos en
países como Vietnam y Malasia resultarían afectados. También afectaría
a las ventas de los grandes fabricantes de genéricos en EE.UU., Canadá,
y Australia, que suministran medicamentos a bajo coste a gran parte del
mundo.
Mientras EE.UU. ha renunciado al derecho de
negociar los precios de los medicamentos con las corporaciones
farmacéuticas (de ahí el precio exorbitante de los medicamentos
adquiridos en EE.UU.), países como Nueva Zelanda e incluso Canadá, en
menor grado, negocian precios de medicamentes a fin de mantener bajos
los costes para los consumidores. El TPP otorgará nuevos privilegios de
negociación a las corporaciones, permitiendo que apelen las decisiones
de los gobiernos para cuestionar el alto coste de los medicamentos, o
preferir alternativas más baratas. Refiriéndose a esos cambios, el jefe
estadounidense de la Campaña Acceso a Medicinas de Médicos Sin
Fronteras declaró: “Bush fue mejor que Obama al respecto”.
Pero el TPP no solo amenaza en estos aspectos: la libertad en Internet también es un objetivo importante.
El
Consejo de Canadienses y OpenMedia, importantes paladines de la
libertad en Internet, han señalado que el TPP “criminalizaría algunos
usos comunes de Internet”, incluyendo la descarga de música así como la
combinación de diferentes trabajos mediáticos. OpenMedia advirtió de
que el TPP “obligará a los proveedores de servicios a recoger y
suministrar datos privados sin protección de la privacidad y dará a los
conglomerados mediáticos más poder para enviar multas por correo,
eliminar contenidos en línea –incluyendo páginas web completas– e
incluso cortar el acceso a Internet”.
El capítulo del
TPP sobre los derechos de propiedad intelectual también propone nuevas
leyes que tendrían que imponer los gobiernos para regular el uso de
Internet. OpenMedia también advierte de que, según los documentos
filtrados sobre derechos de propiedad intelectual, “puede haber fuertes
multas a los ciudadanos comunes y corrientes en línea”, agregando:
“podrían multarte por pulsar un enlace, se podrá excluir de Internet a
la gente y se podrían clausurar páginas web”.
El TPP,
advirtió el fundador de Open Media Steve Anderson: “limitará la
innovación y la libertad de expresión”. Bajo el TPP no existe
distinción entre violación del derecho de autor comercial y no
comercial. Por lo tanto los usuarios que descargan música para su uso
personal se enfrentarían a las mismas sanciones que los que venden
música pirateada con fines de lucro.
La información
creada o compartida en sitios de redes sociales podría llevar a que los
usuarios de Internet sean multados, que les confisquen sus ordenadores,
les corten el acceso a Internet e incluso a sentencias de prisión. El
TPP impone un sistema de “tres golpes” por quebrantamiento del derecho
de autor, según el cual tres infracciones llevarían a cortar el acceso
a Internet de un grupo familiar.
¿Por qué, entonces,
tanto secreto? Los responsables corporativos y políticos estudian muy
de cerca la opinión pública; saben cómo manipular al público sobre la
base de lo que piensa y cree la mayoría. Cuando se trata de acuerdos de
“libre comercio” la opinión pública ha obligado a los negociadores a
acuerdos a puertas cerradas y a un secreto inaudito precisamente porque
las poblaciones se oponen a semejantes acuerdos de una
manera abrumadora.
Un sondeo de opinión de 2011 reveló
que el público estadounidense ha pasado –en los últimos años– de una
“amplia oposición” a una “oposición abrumadora” contra los acuerdos
comerciales del estilo NAFTA.
Un importante sondeo de NBC News-Wall Street Journal
de septiembre de 2010 reveló que “el impacto del comercio y de la
deslocalización es uno de los pocos temas en los cuales estadounidenses
de diferentes clases, ocupaciones y opiniones políticos están de
acuerdo”: un 86% dice que la deslocalización de puestos de trabajo por
parte de las compañías estadounidenses a países pobres es “una de las
principales causas de nuestros problemas económicos”, y un 69% piensa
que los “acuerdos de libre comercio entre EE.UU. y otros países cuestan
puestos de trabajo en EE.UU.” Solo un 17% de los estadounidenses opinó
en 2010 que los “acuerdos de libre comercio” benefician a EE.UU., en
comparación con un 28% en 2007.
Porque la opinión
pública se opone fuerte –y crecientemente– a los “acuerdos de libre
comercio” es necesario hacerlos en secreto con el fin de impedir que el
público llegue a conocer acuerdos como el TPP, por no hablar de
oponerse a ellos activamente. Y esta, como explicó el representante
comercial de EE.UU., es una razón muy “práctica” para todo el secreto.
Andrew
Gavin Marshall es un investigador y escritor independiente basado en
Montreal, Canadá, que escribe sobre una serie de temas sociales,
políticos, económicos e históricos. También es Project Manager de The
People's Book Project.
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