Asunción
(PL) Un episodio especialmente singular, en medio de la crisis política
y social vivida actualmente por Paraguay, acaba de concretarse con la
celebración del juicio público llevado adelante por un Tribunal Ético
integrado por personalidades y juristas de la nación guaraní.Ver más imágenes en FotosPL Ellos respondieron a un llamado de la Plataforma de Organizaciones Sociales por la Democracia, instancia abocada al papel de articuladora de criterios y acciones de sectores representantes de diversos estamentos populares del país.
La convocatoria no fue producto de una simple operación política preparada por grupos opositores al gobierno paraguayo y a los diputados y senadores de ese Poder del Estado.
Desde hace años, según encuestadoras y análisis de opinión publicados, el Parlamento acapara el nada envidiable criterio de ser una de las instituciones con menor nivel de prestigio en la sociedad, siempre señalado por las acusaciones de oscuros negocios, a los cuales estaban atadas las leyes aprobadas o rechazadas.
El pasado reciente contribuyó con creces a tal criterio adverso con el papel fundamental jugado por el Congreso en el pacto con los partidos tradicionales que desembocó en el juicio político de junio pasado al presidente constitucional, Fernando Lugo, el cual culminó en su destitución para el cargó ostentado por elección popular.
Su función de freno a los intentos de una tímida reforma agraria, la aprobación de los acuerdos con las empresas multinacionales y su desconocimiento de los tratados regionales integracionistas ya firmados por la nación, constituyeron parte de la conducta más reciente de los legisladores, censurada por buena parte de la opinión pública.
Así las cosas, surgió la convocatoria de la Plataforma para la realización del juicio ético, figura poco apelada en la historia política paraguaya.
Durante unos 60 días, el Tribunal, encabezado por un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, recibió y consolidó en cuatro grandes temas, el barraje de denuncias procedentes de organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, defensoras de derechos humanos y otras.
Esos cuatro grandes grupos de denuncias se refirieron a la actitud de los parlamentarios en la sanción de leyes contrarias al interés público, el incumplimiento de deberes constitucionales, el uso clientelar e indebido de cargos, influencias y otras prácticas antiéticas, y la utilización arbitraria de la figura del juicio político.
Las denuncias y protestas acumuladas en relación con esos cuatro grandes temas fueron convertidas en siete causales o fundamentos para basar la acusación de la Fiscalía.
Entre ellas, destacaron las acciones violatorias de la Carta Magna imposibilitando que Paraguay sea un Estado Social y Democrático de Derecho en el que pueda gozarse de un sistema político democrático y la aprobación de leyes favorecedoras de sectores económicos a los cuales responden en exclusividad.
Por otra parte, incluye el incumplimiento del deber constitucional de garantizar la protección de la ciudadanía, en especial a los sectores más excluidos, y la grave responsabilidad en la adopción de una política activa de aislamiento del país de los principales procesos de integración regional.
También causales principales para el juicio fueron el uso de instrumentos de control a otras instituciones estatales privilegiando su subordinación, aún existiendo evidencias de corrupción, y la destitución arbitraria por el Congreso del mandatario constitucional elegido por la población en abril del 2008.
Para la celebración de la vista oral y pública se escogió un lugar emblemático, la Plaza de la Democracia, situada en el centro de Asunción, y el pueblo convocado asistió representado por más de 600 personas dispuestas a intervenir, en muchos casos, en tan inédito evento jurídico.
La abogada Milena Pereira fue la encargada de presentar el alegato de la Fiscalía, mientras que el jurista Guillermo Ferreiro asumió la defensa de oficio, debido a la negativa del Parlamento a designar un abogado para esa función.
Una verdadera oleada de testigos desfiló durante todo el día por el estrado narrando experiencias personales como ciudadanos afectados por las disposiciones congresionales.
Campesinos sin tierra, trabajadores despedidos por causas políticas, personas víctimas de actividades de corrupción o de represión, mujeres discriminadas, jóvenes sin oportunidades de estudio o trabajo y personas carentes de asistencia médica, se refirieron a casos favorecidos, según señalaron, por el incumplimiento de los deberes del Poder Legislativo.
La sentencia, emitida tras las deliberaciones del Tribunal, fue explícita y recibió la aprobación de la población presente.
El Congreso paraguayo fue condenado por incumplimiento de sus deberes y por la violación de la Constitución Nacional, y todos sus integrantes fueron calificados de personas no gratas para el pueblo.
*Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.
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