Javier Rodríguez Pardo (UAC - INFOSUR)
El parlamentario canadiense John MacKay (Partido Liberal) elevó al congreso una ley, que permitirá controlar la actividad en el extranjero de las mineras de ese país, en respuesta a las numerosas críticas por la conducta de éstas en los continentes donde operan. Si bien hay dudas acerca de su sanción definitiva, la ley cuenta con la aprobación preliminar en abril del año pasado, de la Cámara de los Comunes.
Por ahora, el poderoso lobby minero intenta frenar la sanción de la ley con duras críticas al aducir que las empresas mineras canadienses significan una gran parte de la exploración mundial y “representa a la mitad del mundo que cotiza en la bolsa de valores del país”.
MacKay dijo que son muchas las acusaciones contra las empresa mineras canadienses, “parte de las denuncias -dijo- giran en torno de guardias armadas en las minas donde hay disputas por las tierras con los habitantes locales y esto me llevó a redactar el proyecto de ley”. “A veces donde hay humo hay fuego”, dijo a la agencia Reuter en una entrevista. “La realidad es que en lugares como Guatemala, Colombia, Honduras, Chile, etc., la reputación de Canadá se halla en estado de sitio”.
Es de dominio público que la crítica a las mineras canadienses va más allá de los grupos de protesta. El año pasado, el Fondo Petrolero de Noruega vendió su participación en Barrick debido al impacto ambiental de su mina Porgera en Papúa Nueva Guinea. Posteriormente, las autoridades mejicanas suspendieron la licencia ambiental para la corporación extractiva radicada en Vancouver (New Gold NGD.To: Cotización), blanco frecuente de manifestantes debido al impacto ambiental de los yacimientos de Cerro de San Pedro.
La ley de MacKay (C-300) pretende retener la financiación canadiense que reciben las empresas del sector. Según el proyecto, las empresas que no cumplan las normas establecidas para operar debidamente, quedarían excluidas de las inversiones del Plan de Pensiones de Canadá y Export Development Canadá, una agencia federal que otorga préstamos a las empresa nacionales.
Por ahora, el poderoso lobby minero intenta frenar la sanción de la ley con duras críticas al aducir que las empresas mineras canadienses significan una gran parte de la exploración mundial y “representa a la mitad del mundo que cotiza en la bolsa de valores del país”.
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