Imágenes de resistencia y exigencias de justicia
Los hechos y la barbarie
En la tarde y noche del 26 de septiembre en Iguala, fueron agredidos,
con exceso de violencia y armas de fuego por parte de la policía local
y miembros de delincuencia organizada, decenas de estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. El
saldo fueron seis personas asesinadas (varios normalistas, una mujer,
un jugador de foot-ball de tercera división), varios heridos (uno de
ellos con muerte cerebral) y 43 estudiantes de la Escuela Normal de
Ayotzinapa desaparecidos, de los cuales aún no se sabe su paradero ni
si permanecen con vida. Los normalistas desaparecidos fueron detenidos
y levantados por policías municipales y miembros del grupo delictivo
“guerreros unidos”. De acuerdo a la información recabada y publicada
por diversos medios de comunicación, los autores intelectuales de esta
masacre y desaparición masiva fueron el alcalde de Iguala, José Luis
Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quien está
relacionada por vía familiar directa con el cártel de los Beltrán
Leyva. Fue bajo las órdenes del alcalde de Iguala y su esposa que los
policías municipales, coludidos con los Guerreros Unidos, agredieron,
hirieron, torturaron, asesinaron a varios estudiantes y desaparecieron
a los 43 normalistas. Previamente, Abarca ya había estado relacionado
de manera flagrante con actos de violencia en la región,
particularmente en el año 2013 se le vinculó directamente con las
muertes de Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel
Román Ramírez (líderes en Iguala de la Unidad Popular), quienes, tras
ser secuestrados, fueron encontrados asesinados; también se le atribuyó
al alcalde de Iguala la muerte de Justino Carbajal Salgado.
La impunidad y el desdén
Días después de los asesinatos y desaparición de los normalistas acontecidos el 26 de septiembre, Abarca y su esposa huyeron y no se sabe de su paradero actual. Autoridades estatales y federales han detenido a decenas de policías municipales y varios miembros de los guerreros unidos que estuvieron involucrados en los hechos violentos, comprobándose los ya denunciados vínculos entre el alcalde de Iguala y el crimen organizado; a Iguala llegó la nueva gendarmería del gobierno federal y el ejercito tomó el control de la ciudad, desempeñando funciones policiales. Y, a pesar de haber dado con varias fosas clandestinas derivadas de la información proporcionada por los policías y delincuentes detenidos, aún las autoridades y los equipos de investigación estatales y de la PGR no han dado información certera del destino de los normalistas desaparecidos. La intervención del gobierno estatal de Guerrero ha sida lenta y errática, mostrando incapacidad para realizar las pesquisas e indagaciones necesarias a fin de dar con los desaparecidos y aclarar los asesinatos perpetrados. Por su parte, el gobierno federal entró deliberadamente tarde al asunto, con el argumento de que concernía a la esfera estatal aclarar los hechos en Iguala y realizar las acciones pertinentes a fin de impartir justicia. Más que por un afán efectivo de contribuir al esclarecimiento de estos hechos violentos, la incorporación de las autoridades federales al caso de los normalistas de Ayotzinapa se vio forzada tanto por visibilización mediática como por la presión nacional e internacional. A la fecha, los familiares de los normalistas desaparecidos no saben del paradero de sus hijos y hermanos, tampoco han sido informados oportunamente y con claridad de los avances de las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, ni del proceso para castigar a los responsables y esclarecer los asesinatos.
La resistencia y los reclamos de justicia
De la misma magnitud de la impunidad y el desdén oficial (a nivel estatal y federal) para esclarecer los hechos han sido también las expresiones de apoyo a los familiares y compañeros de los normalistas de Guerrero dentro y fuera del país. Diversos medios de comunicación no oficiales y de variado cuño han dado un seguimiento constante a estos acontecimientos y han difundido la información que ha ido saliendo a la luz. Los padres, familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, con apoyo de diversas organizaciones sociales, han convocado a una serie de movilizaciones a fin de que los hechos se esclarezcan y aparezcan con vida los 43 normalistas; también han solicitado y demandado la intervención de peritos extranjeros para el desarrollo y realización de las investigaciones y la aclaración de los acontecimientos, dada la incapacidad y desdén que han mostrado las autoridades estatales y federales en torno al caso. En las demostraciones del 8 de octubre de 2014 de apoyo a los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa reunieron a miles de personas y decenas de organizaciones sociales y políticas en 25 estados de la república. La presencia de manifestaciones multitudinarias en varias ciudades de México (Chilpancingo, Tlapa, D.F., Guadalajara, León, San Cristóbal, donde marcharon millares de zapatistas, entro otras) fue una expresión contundente de la demanda de justicia. En estas marchas, reuniones y actos de denuncia y protesta participaron movimientos sociales, organizaciones políticas de diversos estados de la república, también se manifestaron estudiantes y universitarios, maestros, trabajadores, organismos y centros de derechos humanos de todo el país. La condena internacional tampoco ha sido menor, ni se ha hecho esperar. En el extranjero estos hechos son percibidos, dado el papel del alcalde de Iguala y los policías municipales, como “crímenes de Estado”. En este tenor y a nivel de las instancias internacionales, la Organización de las Naciones Unidas expresó su abierta consternación y la extrema gravedad de la situación, demandando una búsqueda expedita de los jóvenes normalistas desaparecidos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos catalogó los hechos como violaciones graves a los derechos humanos, especialmente por tratarse de desapariciones (y probable privación de la vida). Pese a todo, aún hoy queda pendiente saber el paradero de los desaparecidos y su aparición con vida, el esclarecimiento veraz de los asesinatos acontecidos el 26 de septiembre, el castigo a los responsables (materiales e intelectuales) y el reclamo de justicia.
Estas imágenes son un breve registro de la manifestación realizada el 8 de mayo de 2014 en la ciudad de México en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa y la demanda de encontrar con vida a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
La impunidad y el desdén
Días después de los asesinatos y desaparición de los normalistas acontecidos el 26 de septiembre, Abarca y su esposa huyeron y no se sabe de su paradero actual. Autoridades estatales y federales han detenido a decenas de policías municipales y varios miembros de los guerreros unidos que estuvieron involucrados en los hechos violentos, comprobándose los ya denunciados vínculos entre el alcalde de Iguala y el crimen organizado; a Iguala llegó la nueva gendarmería del gobierno federal y el ejercito tomó el control de la ciudad, desempeñando funciones policiales. Y, a pesar de haber dado con varias fosas clandestinas derivadas de la información proporcionada por los policías y delincuentes detenidos, aún las autoridades y los equipos de investigación estatales y de la PGR no han dado información certera del destino de los normalistas desaparecidos. La intervención del gobierno estatal de Guerrero ha sida lenta y errática, mostrando incapacidad para realizar las pesquisas e indagaciones necesarias a fin de dar con los desaparecidos y aclarar los asesinatos perpetrados. Por su parte, el gobierno federal entró deliberadamente tarde al asunto, con el argumento de que concernía a la esfera estatal aclarar los hechos en Iguala y realizar las acciones pertinentes a fin de impartir justicia. Más que por un afán efectivo de contribuir al esclarecimiento de estos hechos violentos, la incorporación de las autoridades federales al caso de los normalistas de Ayotzinapa se vio forzada tanto por visibilización mediática como por la presión nacional e internacional. A la fecha, los familiares de los normalistas desaparecidos no saben del paradero de sus hijos y hermanos, tampoco han sido informados oportunamente y con claridad de los avances de las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, ni del proceso para castigar a los responsables y esclarecer los asesinatos.
La resistencia y los reclamos de justicia
De la misma magnitud de la impunidad y el desdén oficial (a nivel estatal y federal) para esclarecer los hechos han sido también las expresiones de apoyo a los familiares y compañeros de los normalistas de Guerrero dentro y fuera del país. Diversos medios de comunicación no oficiales y de variado cuño han dado un seguimiento constante a estos acontecimientos y han difundido la información que ha ido saliendo a la luz. Los padres, familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos, con apoyo de diversas organizaciones sociales, han convocado a una serie de movilizaciones a fin de que los hechos se esclarezcan y aparezcan con vida los 43 normalistas; también han solicitado y demandado la intervención de peritos extranjeros para el desarrollo y realización de las investigaciones y la aclaración de los acontecimientos, dada la incapacidad y desdén que han mostrado las autoridades estatales y federales en torno al caso. En las demostraciones del 8 de octubre de 2014 de apoyo a los familiares y compañeros de los normalistas asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa reunieron a miles de personas y decenas de organizaciones sociales y políticas en 25 estados de la república. La presencia de manifestaciones multitudinarias en varias ciudades de México (Chilpancingo, Tlapa, D.F., Guadalajara, León, San Cristóbal, donde marcharon millares de zapatistas, entro otras) fue una expresión contundente de la demanda de justicia. En estas marchas, reuniones y actos de denuncia y protesta participaron movimientos sociales, organizaciones políticas de diversos estados de la república, también se manifestaron estudiantes y universitarios, maestros, trabajadores, organismos y centros de derechos humanos de todo el país. La condena internacional tampoco ha sido menor, ni se ha hecho esperar. En el extranjero estos hechos son percibidos, dado el papel del alcalde de Iguala y los policías municipales, como “crímenes de Estado”. En este tenor y a nivel de las instancias internacionales, la Organización de las Naciones Unidas expresó su abierta consternación y la extrema gravedad de la situación, demandando una búsqueda expedita de los jóvenes normalistas desaparecidos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos catalogó los hechos como violaciones graves a los derechos humanos, especialmente por tratarse de desapariciones (y probable privación de la vida). Pese a todo, aún hoy queda pendiente saber el paradero de los desaparecidos y su aparición con vida, el esclarecimiento veraz de los asesinatos acontecidos el 26 de septiembre, el castigo a los responsables (materiales e intelectuales) y el reclamo de justicia.
Estas imágenes son un breve registro de la manifestación realizada el 8 de mayo de 2014 en la ciudad de México en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa y la demanda de encontrar con vida a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
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