Honduras,
Nicaragua y Guatemala son los países con más kilómetros cuadrados de
territorio concesionados y con más concesiones mineras
Durante
las últimas dos décadas, la industria minera -en particular la minería
metálica- ha retomado gran relevancia en América Central. Ese nuevo
auge se debe, por un lado, a la disminución de regulaciones para su
actividad de parte de los gobiernos nacionales y, por el otro, a la
creciente demanda y los altos precios internacionales de metales como
el oro, que en 2013 fue cotizado U$ 1.300 la onza (28 gramos), un
incremento aproximado del 350% en los últimos 15 años.
- Lea también: Actividad minera en región de Honduras deja rastro de enfermedades, destrucción ambiental y desempleo
Asimismo, la incesante demanda de mineral de hierro para la producción
de acero crudo de parte de China, el mayor consumidor mundial de este
elemento, sumado a la aprobación de varias directrices en países del
norte, ante el agotamiento de materias primas y su obligación a
garantizar el abastecimiento de minerales industriales para sus
economías, profundizó aún más la expansión de la actividad minera en
América Central.
De acuerdo con el estudio de 2011 “Impactos de la minería metálica en Centroamérica”
del CEICOM (Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio), el 14%
del total de territorio centroamericano está concesionado a empresas
mineras, sobre todo de capital canadiense. El Resumen Ejecutivo del
Informe presentado a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos) sobre los impactos de la minería canadiense, aclara que entre
el 50% y el 70% de la actividad minera en América Latina está a cargo
de empresas canadienses.
Honduras, Nicaragua y Guatemala son
los países con más kilómetros cuadrados de territorio concesionados y
con más concesiones mineras otorgadas a empresas, tanto nacionales como
transnacionales.
E l país con mayor número de concesiones es Honduras. El “Diagnóstico de la Situación Minera en Honduras 2007-2012”,
realizado por el ICEFI (Instituto Centroamericano de Estudios
Fiscales), evidencia que actualmente hay 72 concesiones mineras
metálicas ya otorgadas y 102 solicitudes presentadas. Sin embargo, el
Cehprodec ( Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo
Comunitario) asegura que existen 837 proyectos mineros potenciales
-metálicos y no metálicos-, que en términos territoriales significarían
casi el 35% del territorio nacional.
En otro diagnóstico
presentado el año pasado, el ICEFI reveló que en Guatemala hay 107
concesiones mineras metálicas ya otorgadas y 359 nuevas solicitudes. Si
a esos datos sumamos los proyectos no metálicos, el total llega a la
cantidad abrumadora de 973 proyectos. Los movimientos sociales y
populares guatemaltecos alertan que el área total concesionada a
empresas mineras supera los 32 mil km², es decir casi el 30% del
territorio guatemalteco.
Nicaragua enfrenta una situación muy parecida. En el informe “Estado actual del sector minero y sus impactos socio-ambientales en Nicaragua 2012-2013”,
la organización ambientalista Centro Humboldt reveló que la superficie
total concesionada es de casi 18 mil km², es decir el 13.5% del
territorio nacional, con un total de 446 proyectos mineros.
El Salvador y Costa Rica viven situaciones diferentes. En El Salvador
hay un total de 29 proyectos mineros metálicos -más 36 no metálicos-,
pero ninguno de ellos se encuentra en fase de explotación. A partir de
2008, varias organizaciones de la sociedad civil salvadoreña iniciaron
un minucioso y profundo trabajo de contrainformación, para incidir en
la opinión pública sobre los efectos perversos de la minería metálica.
De esta manera buscaban contrarrestar la campaña mediática pro minería,
promovida con fuerza por las empresas que estaban desarrollando
proyectos explorativos, con el apoyo de los grandes medios de
información corporativos y los partidos políticos de la derecha
salvadoreña. En este intento, las organizaciones sociales coincidieron
con el recién electo presidente Mauricio Funes (2009-2014),
apoyado por el partido FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional), que condujo al establecimiento de una moratoria ‘de facto’
sobre la minería a cielo abierto.
La decisión del nuevo
gobierno y del partido izquierdista salvadoreño en la Asamblea
Legislativa de no otorgar ningún permiso de explotación minera,
permitió volver a introducir en la agenda parlamentaria la discusión de
un proyecto de ley integral, que permitiese definir un marco legal
específico para reglamentar cualquier tipo de extracción.
“Lamentablemente, la visión extractivista de los otros partidos ha
atrasado lo que consideramos un paso urgente y necesario. Sin embargo,
el nuevo presidente Salvador Sánchez Cerén ya se declaró abiertamente
contra la minería metálica, dándonos la oportunidad de seguir
insistiendo en la urgencia de discutir ese tema”, dijo a Opera Mundi la diputada del FMLN y secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, Lourdes Palacios.
Mientras tanto, en 2010, tras una larga campaña de concientización y
movilización nacional, la Asamblea Legislativa de Costa Rica votó, por
unanimidad, la prohibición en su territorio de la minería a cielo
abierto, así como el uso de cianuro y mercurio en la actividad minera.
Falsos mitos
Recientemente, Managua fue sede del I Congreso Internacional de
Minería, donde delegaciones de gobiernos, empresas mineras, expertos de
la ingeniería y geología de más de 25 países de América Latina, Europa,
Estados Unidos y Canadá, debatieron sobre innovaciones, programas,
adelantos en materia técnica y geológica en la exploración y
explotación minera.
Paralelamente, organizaciones sociales y
populares de toda América Central realizaron un foro regional
alternativo por la defensa de los bienes comunes, donde denunciaron los
falsos mitos que rigen la industria minera, así como los graves
impactos socio-ambientales que esta actividad y el modelo extractivista
en general dejan tras de sí.
Un primer mito es que la
explotación minera genera bienestar y desarrollo. “Se trata de un
desarrollo artificial. Las empresas mineras se instalan en un
territorio por un tiempo determinado, dedicándose a la extracción de un
recurso no renovable. A medida que el recurso se agota, la inversión y
todo lo que se había generado desaparece, y lo que queda son pueblos
fantasmas, retroceso económico y devastación ambiental”, dijo a Opera
Mundi, Pedro Landa, miembro del Cehprodec.
Además, las
empresas pagan una regalía muy baja por cantidad extraída y su
contribución al fisco es prácticamente insignificante. De esta manera,
dejan al país una cantidad mínima de recursos si se compara con el
valor de exportaciones generado.
En Nicaragua, por ejemplo,
el oro se ha convertido en 2013 en el principal rubro de exportación
con más de 442 millones de dólares. Sin embargo, la regalía del 3% del
valor extraído resulta insignificante frente a las enormes ganancias de
las compañías mineras. “Dejan las migajas y se llevan el grueso del
dinero. Además, no les importa lo que pasa después. Cuando el oro se
acaba, abandonan las minas y los pocos empleos que se han generado,
dejando solamente desolación y daños ambientales”, explicó Tania Sosa
del Centro Humboldt.
En definitiva, la contribución de la
actividad minera a la economía nacional de los países centroamericanos
sigue siendo marginal, oscilando entre el 1.25% del PIB (Producto
Interno Bruto) de Honduras y el 2.5% de Nicaragua. “Si comparamos estos
datos con la actividad agrícola, que en Honduras representa casi el 40%
del PIB, es evidente que estamos ante una política errada que está
destinada al fracaso”, dijo Landa.
Un segundo mito de la
minería es la generación masiva de empleo. Estudios realizados por el
Cehprodec demuestran que las empresas mineras medianas, como las que
operan en América Central, generan, en su período de mayor explotación,
entre 250 y 300 empleos directos y unos 1,200 indirectos.
En
Honduras, por ejemplo, la participación de la minería en la generación
de empleo absorbió un promedio del 0.2 % de la PEA (Población
Económicamente Activa), es decir un poco más de 6,300 puesto de
trabajo. En Nicaragua y en Guatemala este porcentaje va un poco más
allá del 2%.
Además, se trata de empleos informales, no
calificados, mal pagados y esporádicos. “Las empresas operan un
promedio de entre 10 y 15 años y después se mudan, o comienzan a
generar una serie de traspasos de dueños para crear un ‘velo
corporativo’, que no permita identificar quien es el propietario. De
esta manera, ocultan a los responsables de los impactos ambientales
que, paulatinamente, comienzan a aparecer”, agregó el directivo del
Cehprodec
“Minería verde”
La generación de
una minería amigable con el ambiente, una “minería verde”, representa
la tercera gran mentira y el espejismo que el capital transnacional
pretende presentar como una realidad.
“Mundialmente es
ampliamente conocido que la minería es una industria desastrosamente
contaminante, genera daños que probablemente nunca puedan resarcirse.
En un país tan pequeño y, a la vez, tan poblado como El Salvador, la
minería y el uso de grandes cantidades de agua y de venenos tienen un
fuerte impacto ambiental en cuanto a la destrucción del ecosistema”,
sostuvo Ricardo Navarro, presidente del CESTA-Amigos de la Tierra
(Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada).
En efecto, las
empresas mineras necesitan de mucha agua para realizar sus labores. De
acuerdo con la publicación del Centro Humboldt “La minería o el poder
del dinero”, estas empresas gastan en un día lo que una familia
campesina consumiría en 20 años.
Además, para realizar el
proceso de lixiviación y separar el oro de la roca en las minas a cielo
abierto se usa el cianuro, un veneno altamente tóxico cuyo uso en
minería ya fue prohibido por la Unión Europea a partir de 2010. Este
modelo ocasiona también graves contaminaciones con metales pesados como
plomo, arsénico, mercurio, zinc y aluminio.
Según el CEICOM,
por cada onza de oro se remueven 20 toneladas de roca, se usa un
promedio de 4 kg de cianuro de sodio y se desperdician 28 mil litros de
agua por segundo. Además, por cada gramo de oro se requieren dos o tres
de mercurio. El agua envenenada va a parar a grades pilas, donde se
queda temporalmente para después ser vertida en ríos y quebradas.
“Las empresas mineras aseguran que con el uso de la nueva tecnología se
puede generar una minería amigable con el ambiente. Hasta juran que, al
final de la explotación minera, las zonas estarán en mejores
condiciones a la que estaban antes. La verdad es que este proceso
acelera la degradación y destrucción socio-ambiental de la zona”,
advirtió Pedro Landa.
El especialista en temas mineros relató
que, en Honduras, existen alrededor de ocho “pasivos ambientales”, es
decir minas que nunca fueron tratadas adecuadamente y que hoy están
generando graves problemas de salud. Asimismo, se registran otros
impactos graves, como la deforestación, la contaminación del aire por
el polvo que se genera de las explosiones, la pérdida de la capa fértil
de los suelos.
“En la zona de Valle de Ángeles, una zona muy
turística en las afueras de Tegucigalpa, hay una mina que cerró hace
más de 40 años y que continúa generando una cantidad inimaginable de
contaminación de aguas acidas. Son montañas de desechos donde hay de
todo: mercurio, plomo, arsénico, cadmio, aluminio, hierro. Cuando
llueve, de estos cerros sale agua de color sangre por la cantidad de
metales pesados que trae”, resaltó Landa.
Daños a la salud
Para el doctor Juan Almendarez, director del CPTRT ( Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas
de la Tortura) y ex rector de la UNAH (Universidad Nacional Autónoma de
Honduras), uno de los problemas más críticos es el de los impactos
sobre la salud.
“Para determinar si hay o no contaminación no
podemos seguir pensando en la salud desde un enfoque capitalista y
reduccionista, basado únicamente en valores mínimos y máximos que
decide la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Tenemos que ver la salud
como una totalidad de la vida y de los seres vivos. En este sentido, lo
que la minería altera gravemente y destruye es la totalidad de la vida
de un lugar, de una comunidad”, dijo Almendarez.
En los casos
emblemáticos del Valle de Siria, en Honduras, y de San Miguel
Ixtahuacán, en Guatemala, lo que la explotación minera dejó fueron
graves problemas de la piel, partos prematuros, malformaciones
congénitas, abortos, pérdida de la vista y caída del pelo. “¿Quién va a
responder por todo estos atropellos a la salud humana?”, se preguntó el
exrector.
Criminalización de la protesta
En
toda América Central, los procesos organizativos comunitarios y la
protesta contra la expansión minera han sido constantemente
criminalizados y judicializados. Eso ha generado decenas de conflictos
sociales que han dejado un saldo dramático de centenares de personas
perseguidas, reprimidas y encarceladas. También se registra el
asesinato de varios líderes comunitarios y activistas campesinos e
indígenas comprometidos con la lucha antiminera.
“Son
estrategias que vulneran los intereses individuales y colectivos, entre
otros, el derecho a la integridad personal, a la salud, a la
alimentación, a la propia vida. Militarizan las zonas de explotación
minera, dividen las comunidades, les niegan una consulta previa, libre
e informada, criminalizan su protesta y la defensa de sus derechos,
profundizan las amenazas, el hostigamiento, la represión y la
violencia”, dijo Julio González de Madre Selva Guatemala.
Según él, las empresas fomentan, descaradamente, la compra de
conciencias y la criminalización de los líderes comunitarios. “El
modelo extractivista va en perjuicio de los pueblos, golpea la vida de
las comunidades, desarticula los procesos organizativos, violenta los
derechos del campesinado y de los pueblos originarios”, ahondó el
doctor Almendarez.
Para el reconocido defensor de derechos
humanos, la sola respuesta posible es más organización y articulación a
nivel regional. En este sentido, el Movimiento Mesoamericano contra el
modelo extractivo Minero (M4) es un ejemplo de articulación de
organizaciones “que han tomado como base el análisis del modelo
extractivo minero del sistema capitalista, para combatirlo y
contrarrestar su avanzada”, agregó el director del CPTRT.
Estados coludidos
Esta situación y los efectos que se están viendo en las sociedades
centroamericanas no serían posibles sin una corresponsabilidad de las
autoridades nacionales. Una de las estrategias usadas es la
supeditación de la legislación nacional a los intereses del capital
minero, para así contener y criminalizar la protesta social. En muchos
casos, estas leyes o reglamentos no solo rozan con la Constitución
Políticas de los países, sino que violentan repetidamente el Convenio
169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes.
“Es de esperar
que las autoridades estén al lado de los pueblos, sin embargo el bien
común no se garantiza apoyando a un modelo económico que no asegura el
bien para todos. Lo que hacen es poner una alfombra legal para que las
empresas puedan seguir operando, con más privilegios, a costa de los
derechos colectivos e individuales”, aseguró Julio González.
Para Byron Garoz, del Colectivo de Estudios Rurales CER Ixim, en
Guatemala hay un endurecimiento de la situación político-institucional,
donde todos los poderes del Estado se juntan para perseguir a la
dirigencia indígena y campesina. “Su apuesta es desruralizar y
desagrarizar a Guatemala, convirtiéndola en un país de ciudades
intermedias donde se desarrolla el urbanismo y se destina el área rural
para las actividades extractivistas. Todo esto está generando más
conflictividad y represión”, dijo.
También en Honduras, la
aprobación de una nueva Ley de Minería ha generado problemas muy
serios. “Desde que el año pasado entró en vigencia la nueva
legislación, ya contamos con 11 asesinatos relacionados directamente
con la minería. Más de 60 personas han sido judicializadas por oponerse
a la actividad minera”, reveló Landa.
En El Salvador, la
resistencia contra la minería en Cabañas sufrió una violenta represión
en los años pasados, dejando un saldo trágico de 4 activistas
asesinados. Asimismo, la UDEFEGUA ( Unidad de Protección a Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos de Guatemala) reveló que se está
asistiendo a un incremento sin precedentes de los ataques contra
defensores, incluyendo a varios casos de asesinato de líderes
comunitarios que encabezan movimientos contra la minería.
“El
modelo extractivista o corporativo se está convirtiendo en una
profundización del modelo neoliberal, donde las corporaciones cooptan
los Estados, los desaparecen institucionalmente y asumen el control de
las políticas nacionales”, concluyó Pedro Landa.
Fuente original: Opera Mundi 1 - Opera Mundi 2 (portugués)
Fuente español: LINyM
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