LA PAZ (Sputnik) — El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de
Lozada (2002-2003) y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín,
acusados de la masacre de 65 personas durante los disturbios de "la
guerra del gas", deben ser declarados culpables por la justicia de EEUU,
dijo a Sputnik el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta.
"Somos
optimistas en que prospere el proceso civil en Estados Unidos y, por la
cantidad de prueba que se ha producido, encararíamos la posibilidad de
un juicio oral en el primer semestre del 2018", dijo el abogado.
El
13 de octubre se cumplieron 14 años de la "guerra del gas" en la ciudad
de El Alto, vecina a La Paz, donde fuerzas militares reprimieron una
revuelta popular contra la decisión del Gobierno de Sánchez de Lozada de
exportar gas a Estados Unidos a través de Chile.
El 13 de octubre de 2003 el número de muertos civiles sumaba 31, pero la cifra total de fallecidos llegaría a 65.Hasta esa fecha se desconocía la cantidad de heridos, mientras el conflicto de El Alto, que había comenzado en los primeros días del mes, se había extendido hacia el Chapare (centro) y crecían los pedidos de renuncia del entonces presidente.
Sánchez de Lozada dimitió el día 17 y huyó a EEUU, país que le concedió asilo al igual que a su ministro.
El proceso penal en Bolivia no avanzó porque EEUU no extraditó a los dos exfuncionarios debido al estatus de asilo que ostentan.
El
abogado de las víctimas expresó su confianza en que el juicio civil que
se logró abrir en Estados Unidos contra los principales responsables de
la masacre concluya a favor de los afectados.
"Esperamos que la justicia estadounidense declare la culpabilidad de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín", remarcó Mayta.
De
ser así, deberán pagar una indemnización a las víctimas por daños y
perjuicios, pero además el fallo sería un antecedente para insistir en
su extradición a Bolivia para que sean juzgados por los crímenes de
octubre de 2003.
El
juicio que impulsan las víctimas contra Sánchez de Lozada y Sánchez
Berzaín en Estados Unidos tiene el respaldo de la Universidad de
Harvard, del no gubernamental Centro por los Derechos Constitucionales y
del bufete de abogados de Akin Gump.
"Esto nos pone en igualdad de condiciones con los acusados, que cuentan con gastos dispendiosos", remarcó el jurista.El expresidente boliviano y su exministro están haciendo todo lo posible para anular el proceso en la justicia de Estados Unidos, según Mayta.
"Son
14 años de búsqueda de justicia (…) hemos tenido que superar diversos
obstáculos, pero en ningún momento hemos bajado los brazos para que
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sean juzgados", insistió
La
revuelta, considerada por la mayoría de los bolivianos como una gesta en
defensa de los recursos naturales, fue para los gobernantes de entonces
un "violento golpe de Estado".Le puede interesar: Morales acusa a EEUU de ser una amenaza para la Tierra
La "guerra del gas" marcó en fin del ciclo de los gobiernos neoliberales en Bolivia y la emergencia de nuevos actores sociales en la política de este país sudamericano.
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