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Con
la llegada de Michel Temer al Gobierno la privatización y la
extranjerización de la Amazonia crecen de forma exponencial. Desde las
más diversas posturas ideológicas, se consolida la convicción de que el
control del pulmón del planeta está siendo perdido por el Estado
brasileño.
El
primer punto a considerar es la hegemonía de la bancada ruralista en el
Parlamento y en el Gobierno. Se trata de las viejas oligarquías que
protagonizaron la historia de Brasil, aliadas ahora con una nueva camada
de ocupantes ilegales de tierras que los sucesivos Gobiernos han
legalizado. Pero en estos momentos los ruralistas están promoviendo
leyes que prevén incluso la extinción de las Unidades de Conservación si
no hay indemnización a los 'propietarios' que las ocupan de modo legal o
ilegal.
La segunda cuestión son las razones económicas de la deforestación. Un reciente libro publicado por el Instituto Agronómico de la Amazonía, titulado 'Dueño es el que deforesta', sostiene que los responsables no son ni la soja ni la ganadería, como aseguran buena parte de los ambientalistas. Quienes deforestan son los ocupantes ilegales, que al abatir la selva elevan el precio de la tierra 20 veces, y en algunos casos hasta 200 veces su valor inicial.
La violencia no es una desviación de la norma, sino la forma habitual de hacerse con tierras estatales, de pueblos o de pequeños productores. De ese modo, el llamado 'consorcio de la muerte' está consiguiendo que las tierras públicas de la selva pasen a manos privadas, en gran medida destruyendo las organizaciones campesinas por la violencia. Los crímenes ambientales, como los reconoce la legislación, suelen ser amnistiados cada cierto tiempo, como sucede ahora bajo el Gobierno Temer.
Lea también: Temer expresa orgullo en la ONU por disminución de la deforestación en la Amazonía
Esa misma región alberga los mayores yacimientos de uranio del mundo, compartidos por Brasil, Venezuela y la Guayana Esequiba, zona en disputa desde 1966 entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, antigua Guayana Británica. Desde 2009 empresas canadienses explotan yacimientos de uranio en esa región, algo que no es visto con buenos ojos ni por Caracas ni por Brasilia.
El Gobierno de Lula había previsto formar en el norte de Brasil y en el sur de Venezuela un 'espacio económico común', en una zona considerada geoestratégica, con el objetivo de 'ocupar' una región que es codiciada por multinacionales del Norte y es zona de expansión de los paramilitares colombianos.
Lea más: Artistas e indígenas brasileños presionan al Congreso en favor de la Amazonía
Mientras el Gobierno de Temer acelera la privatización de la mayor selva del mundo, sectores militares apuestan por revertir las políticas de conservación, en la misma línea del Gobierno aunque desde intereses opuestos. En tanto, la sociedad brasileña contempla la privatización y la extranjerización de su principal riqueza sin siquiera poder participar en un inexistente debate nacional. Todo indica que las fuerzas capaces de frenar la destrucción están paralizadas, desmoralizadas y a la defensiva, mientras que los depredadores tienen el timón en sus manos para avanzar sobre lo que queda de la Amazonia.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
De
aprobarse el proyecto de ley presentado por los ruralistas, sería un
enorme paso atrás en la conservación de la Amazonia y en el combate a la
deforestación.
Datos oficiales muestran
que el 21% de la selva amazónica ya fue devastada pero que dentro de
las Unidades de Conservación se mantiene prácticamente intacta.
Por
otro lado, la nueva legislación vulnerará los compromisos adquiridos
por Brasil en la Conferencia del Clima para contener la deforestación,
proceso que debería estar detenido en 2030 y reducido a sólo 3.900
kilómetros cuadrados anuales en 2020.La segunda cuestión son las razones económicas de la deforestación. Un reciente libro publicado por el Instituto Agronómico de la Amazonía, titulado 'Dueño es el que deforesta', sostiene que los responsables no son ni la soja ni la ganadería, como aseguran buena parte de los ambientalistas. Quienes deforestan son los ocupantes ilegales, que al abatir la selva elevan el precio de la tierra 20 veces, y en algunos casos hasta 200 veces su valor inicial.
Luego
venden la tierra a los ganaderos y los sojeros, legalizándola de forma
también irregular, usando a su favor resquicios legales y la corrupción
de las instituciones encargadas de velar por la integridad de la
Amazonia.
La ocupación ilegal de tierras va de la mano de la
violencia contra campesinos, indígenas y pescadores, según un reciente
informe de la periodista Eliane Brum en el diario brasileño El País.
Desde que Temer ocupa el Palacio de Planalto, se registra un incremento
sustancial de las muertes por conflictos de tierra, a razón de un
asesinado cada seis días. Son 47 en lo que va de 2017, como señalan los
informes periódicos de la Comisión Pastoral de la Tierra.La violencia no es una desviación de la norma, sino la forma habitual de hacerse con tierras estatales, de pueblos o de pequeños productores. De ese modo, el llamado 'consorcio de la muerte' está consiguiendo que las tierras públicas de la selva pasen a manos privadas, en gran medida destruyendo las organizaciones campesinas por la violencia. Los crímenes ambientales, como los reconoce la legislación, suelen ser amnistiados cada cierto tiempo, como sucede ahora bajo el Gobierno Temer.
El
Gobierno debió dar marcha atrás en su intento por anular la Reserva
Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), un área de 46.000 kilómetros
cuadrados creada en 1984 que fue bloqueada a los inversores privados. Su
objetivo es abrir la reserva, entre los estados de Pará y Amapá, a la
minería aurífera. La oposición de la sociedad fue tan grande, que en
apenas un mes Temer debió retirar el decreto.
La tercera cuestión
es la más compleja porque tiene un carácter estratégico. Podemos
focalizarla en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana,
con acceso privilegiado a las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco que
conectan la Amazonia con el Caribe. En Roraima están las mayores
reservas de oro, niobio y estaño del mundo, además de importantes
yacimientos de torio, cobalto, molibdeno, diamantes y titanio, según el
Inventario Mineral del Escudo Geológico de Roraima, realizado por el
Ministerio de Minas y Energía de Brasil en 2003.Lea también: Temer expresa orgullo en la ONU por disminución de la deforestación en la Amazonía
Esa misma región alberga los mayores yacimientos de uranio del mundo, compartidos por Brasil, Venezuela y la Guayana Esequiba, zona en disputa desde 1966 entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, antigua Guayana Británica. Desde 2009 empresas canadienses explotan yacimientos de uranio en esa región, algo que no es visto con buenos ojos ni por Caracas ni por Brasilia.
El Gobierno de Lula había previsto formar en el norte de Brasil y en el sur de Venezuela un 'espacio económico común', en una zona considerada geoestratégica, con el objetivo de 'ocupar' una región que es codiciada por multinacionales del Norte y es zona de expansión de los paramilitares colombianos.
Los
militares nacionalistas brasileños tienen perfecta conciencia de esta
situación. Afirman que el declive estratégico de Estados Unidos implica
retrocesos en todo el mundo menos en el área del Caribe, que es la
fuente histórica de su poder. Citando un trabajo de los periodistas
Robert D. Kaplan y Karen Hooper, publicado en Stratfor bajo el título
'La fuente del poder estadounidense',
recuerdan
que el Gran Caribe del imperio abarca desde Yorktown (Virginia) hasta las Guyanas, o sea hasta la selva amazónica.
En
esa región, aseguran los nacionalistas, se está produciendo una
"ocupación internacional silenciosa" de la mano de ONG ambientalistas
que han promovido la instalación de reservas indígenas y forestales que
"obstaculizan cualquier actividad económica moderna". Sostienen que a
través de organismos internacionales, Washington sigue aspirando a
controlar la Amazonia, acotando la soberanía de Brasil sobre la región
con la excusa del conservacionismo ambiental.Lea más: Artistas e indígenas brasileños presionan al Congreso en favor de la Amazonía
Mientras el Gobierno de Temer acelera la privatización de la mayor selva del mundo, sectores militares apuestan por revertir las políticas de conservación, en la misma línea del Gobierno aunque desde intereses opuestos. En tanto, la sociedad brasileña contempla la privatización y la extranjerización de su principal riqueza sin siquiera poder participar en un inexistente debate nacional. Todo indica que las fuerzas capaces de frenar la destrucción están paralizadas, desmoralizadas y a la defensiva, mientras que los depredadores tienen el timón en sus manos para avanzar sobre lo que queda de la Amazonia.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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