QUITO (Sputnik) — Un grupo de legisladores y simpatizantes del
partido gobernante ecuatoriano Alianza País (AP) anunció que convocará a
manifestaciones contra la consulta popular del presidente Lenín Moreno,
al considerar que esta propuesta se aleja del plan de Gobierno que
planteó al inicio de su mandato.
La
asambleísta oficialista y exministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga,
explicó el 23 de octubre a los medios que las protestas serán "en contra
de haberse apartado de nuestro plan de Gobierno" y "por no estar de
acuerdo en las preguntas donde, insisto, se trata de dejar debilitada la
institucionalidad política del país".
Específicamente, se refiere a las preguntas que plantean derogar la reelección indefinida de las autoridades de elección popular y cesar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en sus funciones.
El CPC está encargado de designar, a través de concursos de méritos, a las principales autoridades de control del Estado como procurador, contralor y fiscal.
Lea más: Corte Constitucional de Ecuador admite pedido de consulta popular para reformar leyes
A decir de Solís, los aliados a Correa tienen "la claridad jurídica y política" para saber que "esas preguntas son inviables y exigimos a la Corte Constitucional (CC) que actúe en derecho".
Al momento, la CC estudia el pedido de consulta popular presentado por el mandatario el 2 de octubre y que contiene siete preguntas, se espera que emita una resolución en los próximos días.
Más aquí: Presidente de Ecuador consultará sobre reelección indefinida acuñada por Rafael Correa
Luego de ello, el jefe de Estado deberá emitir un decreto ejecutivo con el que se convoque a las elecciones para que después el Consejo Nacional Electoral lo oficialice.
Específicamente, se refiere a las preguntas que plantean derogar la reelección indefinida de las autoridades de elección popular y cesar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en sus funciones.
©
REUTERS/ Brendan McDermid
Quienes
abanderan la intención de protestar contra el plebiscito son los
políticos más allegados al expresidente Rafael Correa, quien desde hace
meses se ha convertido en el principal crítico de Moreno por considerar
que varias de sus medidas se alejan del proyecto de la Revolución
Ciudadana, que él acuñó, y se acercan a la oposición.
La
parlamentaria oficialista Doris Solís cree que "la [pregunta] más grave
es la del Consejo de Participación Ciudadana [CPC]", pues "aparte de
inconstitucional es el intento de un golpe de Estado blando porque
sustituye un Consejo, que ha sido electo por concurso, por una comisión
transitoria nombrada por el presidente de la República, con plenos para
intervenir sobre las diferentes entidades del Estado".El CPC está encargado de designar, a través de concursos de méritos, a las principales autoridades de control del Estado como procurador, contralor y fiscal.
Lea más: Corte Constitucional de Ecuador admite pedido de consulta popular para reformar leyes
A decir de Solís, los aliados a Correa tienen "la claridad jurídica y política" para saber que "esas preguntas son inviables y exigimos a la Corte Constitucional (CC) que actúe en derecho".
Por
su parte, el vicepresidente de Alianza País y excanciller, Ricardo
Patiño, anunció días atrás que harán movilizaciones para que la Corte
Constitucional (CC) no permita que se incorpore a la consulta preguntas
inconstitucionales" y señaló que "en su momento" tomarán posición sobre
las interrogantes restantes.
A decir de Patiño, la inquietud que
plantea eliminar la reelección indefinida "intenta que el pueblo
ecuatoriano pierda su libertad para elegir a quienes quiera para sus
autoridades", mientras que la del cese del Consejo de Participación "es
tomarse por asalto todas las instituciones del Estado, sin límite".Al momento, la CC estudia el pedido de consulta popular presentado por el mandatario el 2 de octubre y que contiene siete preguntas, se espera que emita una resolución en los próximos días.
Más aquí: Presidente de Ecuador consultará sobre reelección indefinida acuñada por Rafael Correa
Luego de ello, el jefe de Estado deberá emitir un decreto ejecutivo con el que se convoque a las elecciones para que después el Consejo Nacional Electoral lo oficialice.
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