MONTEVIDEO
(Sputnik) — Argentina es un ejemplo en América Latina y el mundo en
cuanto a la recuperación de memoria, verdad y justicia para las víctimas
de la última dictadura militar (1976-1983), pero ese avance se ha
detenido desde que comenzó el Gobierno de Mauricio Macri, dijo a Sputnik
la abogada Luz Palmás Zaldúa.
"El
Poder Ejecutivo valora por un lado el proceso de memoria, verdad y
justicia, pero tomando decisiones en sentido contrario o
debilitándolas", señaló Palmás Zaldúa, del Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), tras participar en el 165 período de sesiones de la
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que se lleva
adelante en Uruguay.
La abogada valoró "enormemente" el proceso de memoria, verdad y
justicia que se logró construir por la lucha del movimiento de derechos
humanos y de los familiares y víctimas (de la dictadura).
Tal
avance fue posible gracias a que "desde 2003 a 2015 hubo gobiernos que
lo tomaron como políticas de Estado y se produjo reapertura de procesos
judiciales" y un conjunto de políticas públicas en ese sentido.
Sin embargo, el actual Gobierno ha desarticulado dependencias clave,
como la Dirección Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de
Seguridad, "lo cual es alarmante porque ese relevamiento de archivos
nutría de información a las investigaciones judiciales", dijo.Lea más: Represor argentino reivindica los crímenes que cometió durante dictadura
También es preocupante, continuó Palmás Zaldúa, que el Banco Central de Argentina no haya creado una oficina que revise la política económica de la dictadura, pues también los actores económicos fueron responsables, consideró.
"Ha habido avances en cuanto a destacar la
participación de los agentes económicos en el terrorismo de Estado, pero
este Gobierno trata de tomar medidas para que eso no suceda, lo que
también se ve reflejado en que la comisión bicameral que se creó para
ese tema lleva dos años sin funcionar", añadió la coordinadora del área
Memoria, Verdad y Justicia en el CELS.
Desde
que el Gobierno de Macri asumiera en diciembre de 2015, también se
produjeron "regresiones en materia jurisprudencial como el beneficio del
2x1", que permite rebajar el cómputo de la pena en casos de delitos de
lesa humanidad, explicó la abogada a esta agencia.
Por todo ello, en la audiencia ante la CIDH uno de los reclamos de
las organizaciones de la sociedad civil fue a los tres poderes del
Estado."El planteo de no regresividad de los comisionados [de la CIDH tras escuchar a las organizaciones y a los representantes del Estado] nos alienta a seguir peleando para que el proceso de memoria, verdad y justicia, no se debilite ni se detenga", agregó.
Más aquí: Fotógrafo argentino retrata el "desconcierto" de las víctimas del terrorismo de Estado
Por otro lado, la abogada aseguró que en América Latina sigue existiendo una asignatura pendiente en cuanto a las personas desaparecidas durante las dictaduras de los años 70 y 80 que se dieron en la región.
"Países como Chile y Uruguay avanzaron en
algunas investigaciones judiciales; en el caso de Chile con sanciones
muy bajas que no van de la mano de la gravedad de los hechos, mientras
que en Uruguay se ha dado un proceso de justicia muy lento", aseguró la
abogada del CELS.
También recordó
que Brasil solo presentó en diciembre 2014 su informe de la Comisión
Nacional de la Verdad, que investiga violaciones a los derechos humanos
cometidas entre 1946 y 1988.
Por su parte, Bolivia creó su propia Comisión de la Verdad el pasado
mes de agosto con el objetivo de investigar 18 años de dictaduras en el
país, mientras que Paraguay "no tuvo procesos judiciales".
"Son datos preocupantes de la región cuando han
pasado tantos años [desde las dictaduras], por eso hay que insistir en
que haya más celeridad y una pronta resolución en un proceso de
rendición de cuentas", concluyó Palmás Zaldúa.
Desde el 23 al 27 de este mes la CIDH lleva a cabo su 165 período de sesiones en el Palacio Legislativo de Uruguay. 
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