En la manifestación, que partió desde el capitalino Metro Norte, Chanchavac declaró a Prensa Latina que estaba allí junto a unas siete mil personas para demandar a las autoridades por la falta de soluciones luego de dos reuniones previas con autoridades guatemaltecas el 17 de abril y 8 de agosto pasados.
Asimismo, expresó que vía telefónica le informaron que desde el Trébol y Plaza España, dos puntos en esta ciudad, también salieron otras columnas de manifestantes, mientras ha habido concentraciones en Cobán, cabecera del norteño departamento de Alta Verapaz, y en Huehuetenango, capital del noroccidental territorio de igual nombre.
Uno de nuestros reclamos, agregó Chanchavac, es que se nacionalice la energía eléctrica pues, a su juicio, el hecho de que esté en manos privadas ha traído muchos conflictos en esta nación.
Algunas mantas, cargadas por los inconformes, aludían a la nacionalización de la energía eléctrica y la aplicación de una reforma agraria integral.
La víspera, en rueda de prensa, Chanchavac recordó que el pasado 8 de agosto las autoridades campesinas llegaron a un acuerdo, firmado por la vicepresidenta Roxana Baldetti, en el cual se comprometió a discutir 12 puntos a través de una mesa de negociación.
Sin embargo, recalcó, "es una mesa de negociación ambigua, en la cual los funcionarios que llegan carecen de poder de decisión y por eso, sentimos que ya es una burla para el movimiento campesino".
Entre las exigencias de los labriegos está pedir el cese de los desalojos, punto que el máximo dirigente de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas, Carlos Morales, percibe con alta preocupación.
Morales hizo referencia este lunes al reciente desalojo de unas 400 familias en el norteño departamento de Alta Verapaz, con el empleo de cientos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Calificó de deshumanizada la política del gobierno contra indígenas y campesinos, al denunciar el hecho perpetrado por la PNC contra unos dos mil descendientes de la etnia kekchí en la finca Secanquín, ubicada en el municipio Santa María Cahabón de ese territorio.
En declaraciones a reporteros aseveró que más de 800 efectivos quemaron las casas, la ropa de las víctimas, se comieron los animales que criaban y los productos que vendían en dos tiendas de su propiedad.
También denunció que como consecuencia del desalojo, un campesino resultó capturado por supuesto porte de arma blanca, pero Morales acotó que un machete es un instrumento de trabajo para el agricultor.
"Hemos pedido al gobierno que conforme una comisión para ver a esas familias, sin embargo, hasta ahora no ha habido respuesta ni de organizaciones de derechos humanos ni de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia", denunció.
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