Miles de estudiantes protestaron este miércoles en toda Italia contra la reforma universitaria, que supone un aumento importante de las matrículas, la reducción de los puestos de investigadores y una privatización parcial.
En Milán y Palermo hubo enfrentamientos contra la fuerza pública, que se saldaron con dos heridos. En Roma salieron a la calle unos 30.000 estudiantes. Tanto en la capital como en toda Italia los manifestantes bloquearon las principales arterias de comunicación, colapsando el tráfico de entrada y salida en las periferias de las ciudades. Hicieron alarde además de cierta imaginación, pintándose las manos de blanco, entregando paquetes regalo a los inmigrantes, coloreando las fuentes públicas de rojo o enlutando sus vestidos «por la muerte de la educación pública».
En Palermo, los estudiantes tiraron huevos, naranjas y petardos contra la sede del Gobierno autonómico. En Venecia sitiaron la comisaría a bordo de barcas y góndolas. En Milán intentaron forzar el asedio del rectorado de la universidad, sirviéndose de extintores, alicates de grandes dimensiones y papeleras callejeras de cemento. En Pisa se encadenaron en las rejas de la subdelegación del Gobierno.
En Nápoles ocuparon la estación central, punto neurálgico del tráfico ferroviario hacia el sur de la península. En Cosenza soltaron al aire globos llenos de pintura que chocaron contra las paredes de la delegación local del Gobierno, que quedaron hechas una macedonia. En Ancona colorearon el agua de las fuentes públicas, e igual le sucedió a la grande fuente del Janículo en Roma. En Turín ocuparon la Mole Antonelliana, símbolo de la ciudad.
Los manifestantes reclamaron a la CGIL, primer sindicato del país, una huelga general para bloquear la aprobación de la ley. «Queremos bloquear el país, respondiendo de esta manera a quien está intentando bloquear nuestro futuro», decían. Sin embargo no arremetieron solo contra la reforma universitaria, sino también contra la oposición “progresista”, contra la patronal, la FIAT y los sindicatos. Según ellos, todos son culpables de estar «destruyendo los convenios colectivos», que poco tienen que ver directamente con la reforma universitaria.
La principal crítica que estudiantes y profesores dirigen a la reforma es el drástico recorte de las becas, que favorecerá a los hijos de familias pudientes, pero también rechazan la pérdida de autonomía de las universidades, ya que el Gobierno podrá nombrar a representantes en sus consejos de administración y decidir el cambio de un rector. Otra crítica se refiere al recorte de los incentivos previstos para que los residentes en una ciudad se trasladen a estudiar a otra.
Los jóvenes investigadores, que trabajan con becas de unos 2.000 euros mensuales con la esperanza de llegar un día a ser asistentes y más tarde profesores, podrán gozar de la ayuda solo durante tres años, renovables por otros tres, al final de los cuales, o habrán encontrado trabajo o volverán a sus casas.
LibreRed.net (Con información de Rossend Domènech, de El Periódico)
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