Es parte del plan que el Gobierno de EEUU elabora desde hace algo más de un año. El Post detallaba ayer que un grupo de trabajo intergubernamental ha determinado que 48 de los 174 detenidos que permanecen en la prisión de la base naval no abandonarán la isla.
El diario apuntaba que la orden ejecutiva podría aplicarse incluso si el Congreso bloquea los planes de Washington de trasladar a territorio estadounidense a los otros detenidos para ser enjuiciados.
Un proyecto presupuestario de Defensa, que ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y está ahora ante el Senado, prohibiría transferir a EEUU a ningún detenido de Guantánamo. Eso descartaría la posibilidad de que se lleven a cabo juicios civiles para cualquiera de los detenidos, como tenía previsto el equipo de Obama.
Un revés para Obama
Si se aprueba esta ley, con el amplio respaldo de los republicanos, el Gobierno sólo podría enjuiciar a los presos en comisiones militares en Guantánamo, tal y como se empezó a hacer durante la era Bush, lo que supondría un serio revés para el presidente Obama.
En mayo de 2009, el presidente estableció cinco categorías de prisioneros para facilitar su tramitación por el sistema judicial estadounidense y acelerar el cierre de la prisión. Algunos pasarían por tribunales federales “lo suficientemente duros para condenar a terroristas” , otros serían enjuiciados en comisiones militares “versión Obama”, que otorgarían más derechos a los detenidos a la hora de elegir a sus abogados y más protección si se negaran a testificar. Tampoco se admitirían pruebas obtenidas bajo tortura (el motivo por el que se crearon estas comisiones en 2006).
Una tercera categoría concernía a los detenidos “cuya liberación ya había sido ordenada por los tribunales” porque “no encontraron razones legítimas para mantenerlos en Guantánamo”. Se creía también que otros prisioneros “podrían ser transferidos a otros países” también por falta de pruebas. Y una quinta categoría, la más complicada, concernía a un núcleo duro que no podía ser juzgado y suponía, en palabras de Obama, “un peligro para el pueblo estadounidense” ; prisioneros que “recibieron entrenamiento en los campos de Al Qaeda o dirigieron tropas talibanes”. Para ellos, el Gobierno estaba estudiando formas de “detención prolongada” bajo supervisión judicial y del Congreso.
De momento, nada está saliendo bien, ni siquiera la vía legal tradicional. En 2009, uno de los detenidos en Guantánamo, Ahmed Khalfan Ghailani, fue enjuiciado en un tribunal federal en Nueva York.
Hace un mes, las autoridades judiciales lo declararon culpable de sólo uno de los 285 cargos en su contra por los atentados contra embajadas estadounidenses en África en el año 1998.
Isabel Piquer / Público
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