“Estoy esperando un hijo tuyo” o “acaba de ganarse un carro nuevo modelo” son bromas usuales de un 28 de diciembre en Guatemala. Más tarde llegará el infaltable “por inocente”, tal como lo manda la tradición popular. Paradójicamente, el origen de esa fecha no es para nada una broma, porque conmemora un incidente hagiográfico del cristianismo que hace referencia a la masacre ordenada por Herodes en contra de todos los menores de dos años en Belén, al recibir la noticia de que había nacido un nuevo rey que amenazaba su trono.
Por cierto, el estado de Sitio decretado por el gobierno central en Alta Verapaz tiene todo el sabor de una mala broma del Día de los Inocentes. Es irrefutable que ese territorio está en manos del crimen organizado, pero también es innegable que el vacío del Estado ha sido una constante y que varias son las “mafias” que lo han tenido “tomado” históricamente. La presencia coyuntural del Estado sólo se ha hecho sentir en esa región cuando hay que defender los intereses de los grandes terratenientes. Por lo demás, están los bajísimos indicadores sociales de ese departamento, que expresan cifras vergonzosas en salud, educación y desarrollo humano en general.
La intervención tardía del Gobierno, por medio de un estado de Sitio que suspende las garantías de su población, a la sombra del argumento del combate del crimen organizado, nos remite a los placebos de siempre. Desde ese escenario es fácil criminalizar los liderazgos sociales que han enfrentado, con mucho coraje, a las empresas extractivas nacionales y transnacionales que, en medio de una total laxitud y corrupción estatales, imponen sus proyectos. Complica la situación el que Alta Verapaz esté asentado en un territorio generoso en recursos naturales, tierras fértiles y abundantes ríos, cercano a importantes rutas de salida de nuestro país.
En medio del estado de Sitio, las empresas extractivas aprovechan para actuar rápidamente, aunque las poblaciones no estén de acuerdo. Esto viola los derechos de los pueblos Poqomchi’ y Q’eqchi’ y apunta a la corrupción de autoridades locales. Sin mucha bulla se ha introducido maquinaria para iniciar los trabajos de una hidroeléctrica en el municipio de Lanquín, pese a que recientemente se realizó una consulta comunitaria que resultó en un rotundo NO a este proyecto, que busca represar ese río a escasos cinco kilómetros de su salida por las grutas que llevan su nombre. También se está obligando, vía amenazas, a muchos pobladores a aceptar que pasen alambres del tendido eléctrico por sus terrenos, provenientes de otra hidroeléctrica, sin que estén de acuerdo con ello. Es importante recordar cuántas comunidades quedaron anegadas bajo Chixoy y lo que eso significa en la memoria colectiva de muchas poblaciones.
Las organizaciones sociales del lugar exigen a las autoridades que durante el estado de Sitio sean suspendidos los trabajos de cableado, ya que en las últimas reuniones del Comude, se acordó que esto se definiría luego de la consulta comunitaria en marzo. También piden que se suspendan los trabajos de la hidroeléctrica en Lanquín y se respeten los resultados de la consulta comunitaria realizada el 28 de septiembre del 2010. Ojalá el estado de Sitio no sirva para que el Estado cuide los intereses de unos pocos, en detrimento del verdadero desarrollo de muchos, en medio de la presencia de un crimen organizado que termina sustituyendo al mismo Estado. Y es que todo esto sí tiene el sabor a una broma pesada que no llega nunca a resolverse con un “por inocente”. Al menos así lo dice la historia.
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