El gobierno de México “privatizará de facto” el campo petrolero a partir de enero, tras el aval de la Corte Suprema, que dio el visto bueno a la firma de contratos con capital privado para la explotación del crudo que hasta ahora ha sido llevada a cabo por la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El Observatorio Ciudadano de la Energía, un organismo no gubernamental, consideró que los contratos “desdibujan lo sustancial de Pemex y manipulan el concepto de renta petrolera”.
Con la privatización el Gobierno de Felipe Calderón permitirá que se asignen áreas exclusivas a empresas privadas para que exploten el gas y el petróleo que descubran y extraigan.
El Observatorio Ciudadano considera que la privatización significará “poco o nulo beneficio para la economía nacional”.
Pemex “abrirá la puerta a las grandes empresas trasnacionales” de energía para permitirles explorar y explotar sus yacimientos petroleros.
A partir de 2011 la petrolera estatal Pemex abrirá una convocatoria para la entrada de capital privado.
Legisladores de la oposición de izquierda consideraron que las nuevas reglas de Pemex “buscan que empresas privadas ejerzan labores que sólo le corresponde a la estatal”.
El artículo 27 de la Constitución señala que “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos,y la Nación llevará a cabo la explotación de estos productos”.
En 1938 el entonces presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización del petróleo, por lo que es considerado en México como “héroe”, ya que este recurso natural estaba en manos de 17 empresas extranjeras que apenas pagaban impuestos y gozaban de privilegios.
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