Tema 7 - Investigaciones del Proyecto Censurado 2009
Guest Workers Inc.: Fraude y tráfico de personas
por Mary Baue, Sarah Reynolds, Felicia Mello, Chidanand Rajghatta
La crisis financiera en los EEUU y la recesión económica han desatado una campaña contra los trabajadores inmigrantes, campaña con rasgos racistas y fascistas de la cual se han aprovechado ciertos sectores para culpabilizar al trabajador extranjero ilegal como la causa de los problemas. Sin embargo como lo demuestran nuestros colegas investigadores del Proyecto Censurado, los trabajadores inmigrantes son las primeras víctimas de un sistema de chantaje, expoliación y abuso, que obtiene mucho dinero del mercado del trabajador inmigrante.
- Trabajadores inmigrantes indios en los EEUU presentaron una demanda colectiva contra la empresa Signal International, subsidiaria de Northrop Grumman en Luisiana y Mississippi, y contra los reclutadores en la India y EEUU, por cargos de trabajos forzados, tráfico de personas, fraude y violaciones de los derechos civiles.
Aunque el programa de trabajadores extranjeros en Estados Unidos ha sido alabado y fue recomendado para su expansión por el ex-presidente Bush y probablemente el Congreso lo considere como plantilla para futuras reformas de inmigración, defensores de los derechos humanos advierten que el sistema discrimina seriamente a los trabajadores inmigrantes.
Trabajadores, organizadores sindicales, abogados y los responsables de la política señalan que el programa, diseñado para abrir el mercado de trabajo legal y proporcionar a los inmigrantes un pedazo del sueño americano, ha atrapado en realidad a miles de personas en una forma de servidumbre contratada de nuestro tiempo.
El congresista Charles Rangel (demócrata por Nueva York) ha llamado al programa del trabajador extranjero «lo más cercano a la esclavitud que haya visto jamás».
En el proceso de obtener una visa H2 de trabajador extranjero, los emigrantes son típicamente víctimas de esquemas de vara y cebo que los obligan a pedir prestadas enormes sumas de dinero a altas tasas de interés (a menudo instalándose en la casa paterna) para conseguir trabajos de períodos cortos y bajo salario que con demasiada frecuencia terminan por ser mucho más cortos y con menos remuneración de lo prometido.
Bajo apremiantes deudas y legalmente obligados a trabajar sólo para el empleador que los solicitó, estos trabajadores a menudo enfrentan las más duras y peligrosas condiciones laborales en lugares como astilleros, el departamento forestal, o en la construcción, sin cobertura médica para accidentes del trabajo ni acceso a servicios legales.
Con frecuencia retienen los documentos de los trabajadores para asegurarse de que no «salten a otro empleo».
En el actual programa del trabajador extranjero existen dos niveles:
Aunque el programa H-2A proporciona protección legal a los trabajadores extranjeros de granjas, tales como la garantía de por lo menos tres cuartas partes del total de horas de empleo prometidas, hospedaje gratis, compensación por transporte, beneficios médicos y representación legal, muchas de estas protecciones existen solamente en el papel. Los trabajadores H-2B, por otra parte, no tienen ningún derecho o protección.
La explotación de los trabajadores extranjeros comienza con el reclutamiento inicial en su país de origen, un proceso que a menudo los deja en una precaria situación económica y, por lo tanto, extremadamente vulnerables al abuso de los inescrupulosos empleadores en este país.
Los empleadores de EEUU confían casi para todo en las agencias privadas para encontrar y reclutar a trabajadores extranjeros en sus países de origen.
Por este trabajo de reclutamiento usualmente le cobran derechos al trabajador -a veces varios miles de dólares para cubrir costos de viaje, visas y otros gastos, incluyendo ganancias para los reclutadores.
Los trabajadores, que en su mayoría viven en la pobreza, obtienen con frecuencia préstamos con altas tasas de interés para conseguir el dinero necesario para pagar los derechos.
Además, muchas veces los reclutadores exigen que se les deje en depósito una garantía adicional, tal como la escritura de una casa o un automóvil, para asegurarse de que los trabajadores extranjeros cumplan los términos de su contrato de trabajo individual.
El negocio del reclutamiento, enteramente libre de regulaciones, es bastante lucrativo. Con más de 121.000 trabajadores reclutados sólo en 2005, estuvieron en juego decenas de millones de dólares en honorarios de reclutamiento.
Este filón financiero proporciona un poderoso incentivo a los reclutadores y a las agencias para importar a tantos trabajadores extranjeros como sea posible, con poco o ningún respeto por el impacto que cause en los trabajadores individuales y sus familias.
Aunque el Centro Meridional de la Ley de la Pobreza informó que el programa H-2 trajo a EEUU cerca de 121.000 trabajadores extranjeros en 2005, con aproximadamente dos tercios de la cantidad en la sección H-2B, la periodista Felicia Mello reportó en The Nation que el número aumentó a más de 150.000 para junio de 2007. Mientras la participación en el programa del H-2ª -con sus requisitos de vivienda y garantías salariales- se ha mantenido casi fija en los últimos años, ha florecido el sistema H-2B más liberal, con el gobierno dispuesto a ajustar el tope varias veces para hacer frente al disparado aumento de la demanda de los empleadores.
«La tendencia del programa H-2 ha sido la de pasar a un sistema que se aproxima al mercado de trabajo explotador, ilegal y clandestino que (en parte) había sido diseñado para sustituir”, escribió el antropólogo David Griffith en su libro American Guestworkers (Trabajadores Extranjeros Estadounidenses) de 2006. «De hecho, hay ciertos indicios de que sin esta tendencia descendente en las condiciones... los trabajadores extranjeros legales serían menos atractivos para los empleadores de EEUU».
El caso de los trabajadores indios
En marzo de 2008, más de 500 trabajadores de astilleros de la India presentaron una demanda colectiva contra la empresa Signal International, subsidiaria de Northrop Grumman en Luisiana y Mississippi, y contra los reclutadores en la India y EEUU, por cargos de trabajos forzados, tráfico de personas, fraude y violaciones de los derechos civiles.
Los trabajadores alegaron que fueron atrapados en un tinglado de tráfico dentro del programa H-2B del gobierno federal para trabajadores extranjeros.
En un típico esquema de vara y cebo ocurrido en 2006, más de 600 indios pagaron hasta 25.000 dólares cada uno por una promesa de permiso de trabajo y residencia permanente en EEUU.
En su lugar, se encontraron atrapados en condiciones miserables y peligrosas, amarrados mediante el programa de trabajadores extranjeros H-2B a un empleador, bajo lo que se conoce como «esclavitud del siglo XXI». Durante un incidente de protesta, Signal envió guardias armados a prender a los manifestantes en un allanamiento antes del amanecer.
Los demandantes, mientras presentaban su pleito de demanda colectiva, le habían preguntado al gobierno indio que protegiera a sus familias en la India contra los vengativos reclutadores.
Cuando Mello le preguntó a un norteamericano de origen africano, un superviviente del huracán Katrina que se solidarizó con la queja de los trabajadores extranjeros, cómo justificaba la comparación del trabajo del extranjero con la esclavitud, respondió: «¿Conoce usted la historia del Medio Viaje? …En la esclavitud, usted enviaba a cazadores de esclavos, quienes hablaban con los jefes tribales y hacían un trato. Decían: ‘vamos a llevar a su gente al cielo’ y les mostraban algunas cosas bonitas del cielo. Los subían a las naves y sólo cuando salían al mar se enteraban que eran esclavos. Los llevaban ante un dueño, y si se escapaban se convertían en fugitivos. Bueno, con los trabajadores extranjeros…».
Se calla, dijo Mello, comprendiendo claramente el significado.
Actualización de Mary Bauer
En el año transcurrido desde la publicación de «Lo más parecido a la esclavitud» (Close to Slavery) no han mejorado las condiciones para los trabajadores extranjeros en EEUU. Un caso presentado recientemente por el Centro Meridional de la Ley de la Pobreza ilustra todo esto en términos convincentes.
Centenares de trabajadores extranjeros de la India, atraídos por falsas promesas de residencia permanente en EEUU, pagaron decenas de miles de dólares cada uno para obtener trabajos temporales en los astilleros de la Costa del Golfo sólo para verse forzados a la servidumbre involuntaria y a una vida en atestados y custodiados campamentos de trabajo, según el pleito de demanda colectiva presentado en marzo de 2008.
Signal International LLC y una red de reclutadores y agentes de trabajo ingeniaron un método para estafar a los trabajadores y obligarlos a trabajar en contra de su voluntad en las instalaciones de la empresa. Signal International es una compañía marina que fabrica embarcaciones en astilleros de Mississippi y Texas. Es subcontratista de la compañía de defensa global Northrop Grumman Corp.
Varios de los trabajadores fueron detenidos ilegalmente por guardias de seguridad de la compañía que allanaron sus habitaciones antes del amanecer, después que algunos comenzaran a organizar a otros compañeros para quejarse de los abusos que enfrentaban.
Después de que el huracán Katrina dispersó a su personal, Signal utilizó el programa federal de trabajadores extranjeros H-2B para importar empleados para desempeñarse como soldadores, plomeros, operarios, y otras labores. Cientos de indios hipotecaron sus futuros a finales de 2006 para pagar a los reclutadores 20.000 o más dólares por concepto de viaje, visa, reclutamiento y otros derechos, después de habérseles dicho que ello los conduciría a un buen empleo, el permiso de trabajo, y la residencia permanente en EEUU.
Muchos de los trabajadores abandonaron otros empleos y vendieron sus casas, granjas familiares, joyas, y otros objetos de valor para juntar el dinero exigido.
A muchos también se les dijo que por 1.500 dólares más por persona podrían traer a sus familias a vivir en Estados Unidos.
Cuando los hombres arribaron a principios de 2007, descubrieron que no recibirían los permisos de trabajo y residencia según lo prometido, sino solamente visas de trabajador extranjero H-2B por diez meses. Los forzaron pagar 1.050 dólares mensuales por vivir hacinados en viviendas de la compañía en campamentos de trabajo cercados, donde veinticuatro hombres compartían un trailer de sólo dos baños.
Cuando intentaron buscar su propio alojamiento, los funcionarios de la compañía les advirtieron que les seguirían deduciendo el alquiler de sus sueldos. Excepto en raras ocasiones, como en Navidad, no se les permitían visitas en los campamentos, que estaban rodeados por cercas. Los empleados de la compañía registraban regularmente los objetos personales de los trabajadores.
Los trabajadores que se quejaban de las condiciones que tenían eran amenazados con la deportación. Para el 9 de marzo de 2007, los trabajadores habían comenzado a organizarse. Signal respondió con una incursión de madrugada en el campo de trabajo de Pascagoula, Mississippi, con hombres armados. Tres de los organizadores fueron encerrados en una habitación durante horas. Se les dijo que serían despedidos y deportados.
Uno de los trabajadores, Sabulal Vijayan, quien había vendido las joyas de su esposa y pedido dinero a los amigos para construir una vida mejor en Estados Unidos, se cortó las venas de las muñecas. Se recuperó después de ser hospitalizado. El incidente dio lugar a que centenares de trabajadores fueran a la huelga. Signal despidió a los organizadores.
Actualización de Felicia Mello
Aunque ha transcurrido un año desde que “Venga a Estados Unidos” detallara la difícil situación de los trabajadores extranjeros de los programas H2A y H2B, el Congreso no ha podido decretar ninguna extensión de los programas, a pesar de la insistencia de los grupos empresariales y de la administración de Bush. Sin embargo, el tema de la inmigración continúa ocupando la arena nacional.
En una ofensiva del gobierno a escala nacional, el Servicio de Inmigración y Aduana (Immigration and Customs Enforcement, ICE) arrestó en 2007 a más de 30.000 inmigrantes supuestamente indocumentados, el doble de la cifra de 2006. Mientras los agentes del ICE dicen estar simplemente haciendo cumplir la ley, algunos defensores de los inmigrantes creen que las batidas están diseñadas para incrementar el apoyo a un nuevo plan de trabajadores extranjeros.
En febrero de 2008, el Presidente Bush propuso cambios en el programa H2A que haría más fácil y rápida la importación de obreros agrícolas por parte de los cultivadores, pero haría muy poco por proteger los derechos de los trabajadores. Bajo el plan de Bush, los granjeros podrían ofrecer cupones de alojamiento en vez de proporcionar directamente abrigo a los trabajadores -un método con poca probabilidad de funcionar en zonas con escasez de alojamiento- y ya no se les pediría que probaran que primero trataron de emplear a trabajadores de EEUU.
La fórmula utilizada para calcular los salarios de los poseedores de visas H2A también cambiaría, para convertirse en una que, según los defensores de los trabajadores extranjeros, daría lugar a salarios más bajos.
El doble enfoque de cumplimiento más estricto y apoyo a los programas de trabajadores extranjeros también está ganando terreno a nivel de los estados. Arizona, donde se han promulgado algunas de las sanciones más estrictas del país contra la contratación de inmigrantes indocumentados, ahora considera realizar su propio esquema independiente de trabajadores extranjeros para aliviar la escasez de mano de obra en las granjas del estado.
Entretanto, los trabajadores extranjeros y sus aliados están aumentando su organización.
Los trabajadores indios que pagaron a los reclutadores hasta 20.000 mil dólares por sus puestos en la constructora naval Signal International demandaron a la compañía en marzo, afirmando que cometió fraude al prometerles la residencia permanente y deducir alquileres exorbitantes de sus salarios mientras los alojaban apretujados en remolques.
Dos meses después, veinte de esos trabajadores hicieron una huelga de hambre durante un mes, acampando en las cercanías de la embajada de la India en Washington DC. Exigieron el derecho a permanecer en el país mientras continuaban con su caso, que el Congreso celebrara sesiones sobre el abuso contra los trabajadores extranjeros, y negociaciones bilaterales entre EEUU y la India sobre los derechos de los trabajadores extranjeros indios. El Departamento de Justicia inició entonces una investigación sobre sus demandas.
Continúa sin resolverse el asesinato del organizador sindical Santiago Rafael Cruz, quien ayudó a los trabajadores extranjeros mexicanos a desafiar la explotación de las empresas de reclutamiento.
No hay comentarios:
Publicar un comentario