Camilo Rengifo Marín
El asesinato esta semana de dos excombatientes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) en la región del Cauca, confirman
los denunciados indicios de un plan sistemático para eliminar a los
exguerrilleros que se acogieron a los acuerdos de paz suscritos con el
gobierno.
Ya suman 135 los rebeldes que depusieron sus armas y fueron
asesinados desde la firma de la paz en noviembre de 2016, 34 de sus
familiares también fueron muertos y onc excombatientes fueron
desaparecidos. Además de los ataques a exguerrilleros, Colombia enfrenta
una campaña de asesinatos selectivos de líderes comunitarios y/o
activistas de derechos humanos, que deja 462 muertos desde el 1° de
enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo.
Para el partido FARC, «estos asesinatos sistemáticos (…) son
responsabilidad del Estado y el Gobierno, que constitucionalmente están
en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los
colombianos». Al contundente reclamo se unió el partido de centro
Alianza Verde que sostuvo que «las amenazas, desapariciones y asesinatos
contra quienes trabajan en los territorios han puesto en evidencia un
Estado fallido».
A juicio de diferentes sectores, las pérdidas humanas se han
convertido simplemente en estadísticas para las autoridades, ya que
faltan acciones contundentes por parte del presidente colombiano, Iván
Duque, para detener el derramamiento de sangre.
El constante riesgo sobre la vida ha causado temor en los
excombatientes , porque no encuentran garantías para desarrollar sus
proyectos productivos, no pueden ver su participación en política y
están viendo truncada la reincorporación. Desde el gobierno no parece
haber voluntad para adelantar los procesos necesarios para establecer la
autoría material e intelectual de los asesinatos y amenazas.
Este martes fueron asesinados Luis Carlos Yunda y Weimar Galíndez,
integrantes de FARC que se acogieron al proceso de paz y llevaban
adelante su reincorporación en Cauca. Yunda pertenecía a la cooperativa
Ceproded, trabajaba como cultivador de piña, vivía en el Espacio
Transitorio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Monte Redondo en
Miranda y Galíndez vivía cerca al municipio de Miranda junto a su
familia.
De acuerdo con el senador del partido Farc Julián Gallo, más conocido
como Carlos Antonio Lozada, las intenciones no son solamente “continuar
con la eliminación física de nuestros militantes, sino escalar esta
situación y dirigir estos atentados contra los integrantes de la
dirección del partido”.
Luis Enríquez, integrante de la dirección del partido FARC en Cauca
señaló que Weimar se encontraba cerca a la vereda donde vivía
departiendo con campesinos cuando hombres armados le propinaron tres
disparos que acabaron con su vida. En el caso de Carlos Yunda, armados
atentaron contra su vida en la vereda El Jagual, en la que se encontraba
junto a su hermano, quien está en delicado estado de salud.
En Cauca los integrantes
del partido FARC están constantemente sometidos a panfletos, llamadas
amenazantes y seguimientos irregulares. “Cuando se han identificado los
que amenazan, lo hacen bajo el nombre de Águilas Negras», señaló
Enríquez, quien añadió que quienes han visto estas bandas operar, los
han identificado como «grupos de corte paramilitar”.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) no está garantizando los
desplazamientos para las personas que cuentan con esquemas de
protección, y no entregan los viáticos a los escoltas para que puedan
desarrollar su trabajo, previstos en el Acuerdo de Paz, así como el
impulso de medidas de autoprotección comunitarias.
Mientras, haciendo oídos sordos, el gobierno colombiano reafirmó su
postura frente al comunicado conjunto sobre ejecuciones extrajudiciales
realizado por la relatora especial Agnes Callamard y el Grupo de Trabajo
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en las Naciones Unidas.
En éste se instó al gobierno colombiano a no estimular la violencia
hacia los excombatientes de las Farc y se exigió respuestas al gobierno
frente a la ejecución extrajudicial del excombatiente Dimar Torres, así
como a los incumplimientos del Acuerdo de Paz.
«Instamos a las autoridades colombianas a que investiguen esta
supuesta ejecución extrajudicial y otros asesinatos similares de
conformidad con las normas internacionales, que exigen independencia e
imparcialidad», afirmaron desde Naciones Unidas.
“Lamentamos profundamente el comunicado conjunto de Agnes Callamard y
los otros relatores”, declaró Nicolás Ávila Venegas, primer secretario
de la Misión Permanente del gobierno de Colombia ante Naciones Unidas;
“en el cual se hacen graves acusaciones profiriendo juicios en contra
del Gobierno colombiano sin contar con informaciones provenientes de
fuentes oficiales que pudieran contrastar con las que seguramente han
recibido de otra parte”.
“No pretendemos desconocer la realidad tal como ha sido o como es;
pero la responsabilidad de los agentes humanitarios y de los relatores
especiales es de ayudar a los Estados a cumplir con sus obligaciones y a
facilitar la realización del derecho a la vida. Esa forma de proceder
no corresponde a los criterios establecido para los titulares de
mandatos”, añadió.
Unos días después el genocida expresidente y ahora senador Álvaro
Uribe afirmó que “Naciones Unidas está actuando de manera que no hay
garantía para la democracia colombiana. ¿Cómo se le ocurre al
representante de Naciones Unidas decir que el gobierno está incitando a
la violencia contra los desmovilizados?”.
Lo que desonoció Uribe es que, dentro de sus mandatos, los relatores
especiales tienen la obligación de investigar, visitar los países,
recibir y examinar denuncias de violaciones de derechos humanos, así
como de intervenir ante los gobiernos a favor de las víctimas. De igual
forma, en algunos casos pueden también recomendar programas de
cooperación técnica y hacer ‘llamamientos urgentes’.
Obviamente, Callamard y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias, no violaron ningún criterio o forma de
proceder, como lo aseguró el funcionario colombiano.
Este escenario es otra muestra de la negligencia con la que el
gobierno de Iván Duque ha respondido, no solo a los asesinatos de los
excombatientes, sino también al incumplimiento de los puntos del Acuerdo
de Paz, principalmente en materia de Reforma rural integral,
sustitución de cultivos de uso ilícito y garantías de vida para los
integrantes del nuevo partido.
Los expertos de la ONU instaron al gobierno colombiano a que deje de
incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC-EP y a
cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones
en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida.
Sin fondos para la pacificación
Por su lado, Patricia Linares, presidenta de la oficial Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP) denunció la reducción de cerca de un tercio
del presupuesto de inversión asignado al sistema creado en los acuerdos
de paz para juzgar los crímenes del conflicto armado y reparar a las
víctimas, que incluye una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda
de desaparecidos.
La disminución desde unos 28 millones de dólares presupuestados en
2019 a menos de 21 millones para 2020,“implica un detenimiento muy
drástico en el cumplimiento ” de sus tareas, advirtió la presidenta de
la JEP en una rueda de prensa.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria
del Común (FARC), creado por la exguerrilla, ha denunciado con
insistencia la falta de garantías de seguridad para sus integrantes tras
la firma del pacto que condujo al desarme de unos siete mil
combatientes bajo la supervisión de la ONU.
Preocupación europea
El enviado especial para la Paz de la Unión Europea, Eamon Gilmore,
llamó en Bogotá a detener los asesinatos de los que son víctimas
defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las FARC en Colombia,
desde que se firmó la paz en 2016.
“El mayor reto que (…) Colombia enfrenta tiene que ver con la
continuación de asesinatos perpetrados en contra de excombatientes,
líderes sociales y defensores de derechos humanos ”, dijo Gilmore tras
reunirse con el presidente Iván Duque y el fiscal general Fabio Espitia.
Gilmore expresó su preocupación por la persistencia de esos
homicidios y enfatizó la necesidad de “llevar a la justicia” a los
responsables de los crímenes. Con el fin de apoyar el esclarecimiento de
los asesinatos selectivos, el alto funcionario europeo anunció la
entrega de dos millones de euros a la fiscalía, para fortalecer su
capacidad de investigación en las regiones más remotas de Colombia,
donde se encuentra la mayoría de las víctimas.
“Se lo debemos a sus familias, al futuro del proceso de paz y a la consolidación de la democracia en esos territorios ”, agregó.
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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