La
empresa norteamericana Caliburn además de ofrecer servicios en Irak,
Afganistán y otras regiones, mediante su filial CHS recibe
multimillonarios pagos por operar refugios de niños latinoamericanos
migrantes no acompañados. Caliburn cuenta en su junta directiva con el
exjefe del Comando Sur y exsecretario de Seguridad Nacional, John F.
Kelly.
En abril de 2018, el entonces fiscal general de EEUU Jeff Sessions anunció la política de 'tolerancia cero' a la migración ilegal.
"El Congreso no ha aprobado una legislación efectiva que sirva al
interés nacional, que cubra peligrosos huecos y financie completamente
un muro a lo largo de nuestra frontera sur. Como resultado, ha estallado
una crisis en nuestra frontera suroeste que requiere un esfuerzo mayor
para procesar a quienes eligen cruzar ilegalmente nuestra frontera", dijo el fiscal general.
Asimismo advirtió que "entrar ilegalmente en este país no será recompensado", sino que se enfrentará a todos los poderes del Departamento de Justicia.
Dicha decisión hizo que miles de niños migrantes centroamericanos fueran separados de sus padres y alojados en instalaciones administradas por organizaciones no gubernamentales y empresas contratistas.
Como lo dispuso el Gobierno norteamericano, ésta política reemplaza cualquier política existente y si la adopción de la misma requiere recursos adicionales, cada oficina deberá identificar y solicitar dichos recursos.
Puertas giratorias
La política de "tolerancia cero a la migración ilegal" destina un
multimillonario presupuesto a unas pocas organizaciones no
gubernamentales, religiosas y empresas privadas, encargadas de
administrar los refugios o albergues para niños, entre otras
actividades.
Una de las beneficiarias es la compañía Caliburn International, mediante su filial Comprehensive Health Services, CHS, que administra las instalaciones más grandes para niños migrantes en Estados Unidos.
Antes
de unirse a la Administración Trump, según la misma fuente, el
exsecretario de Seguridad de EEUU, John F. Kelly ya era parte de la
junta de asesores de DC Capital Partners, una firma de capital privado
propietaria de Caliburn.
Recordemos que Kelly al fungir como jefe del Comando Sur de EEUU de
2012 a 2016 tuvo la responsabilidad de "velar por el mantenimiento de
las fronteras y el combate contra la inmigración ilegal y el tráfico de
drogas".
En 2017, el presidente Trump lo designó en el cargo de secretario de Seguridad Nacional. De 2017 hasta enero de 2019 se desempeñó como jefe de Gabinete de la Casa Blanca.
Queda claro que la información que posee Kelly y su entorno es
colosal, en especial sobre los planes para frenar y disuadir la
migración y sobre los métodos y negocios que giran alrededor de la
problemática.
¿La Gran Muralla de Migrantes? El nuevo nicho de millones de dólares de empresas contratistas
Caliburn International ofrece
consultoría e ingeniería en defensa nacional, salud, diplomacia
internacional y seguridad nacional y sus clientes son tanto comerciales
como gubernamentales.
Dicha compañía reconoció
ante la Comisión Nacional del mercado de valores, SEC por su sigla en
inglés, que identificó la política de inmigración como una oportunidad
de crecimiento.
Reportó
a la SEC que a través de su negocio de servicios médicos y
humanitarios, están involucrados en la prestación de servicios médicos y
de la vida diaria para los niños que son detenidos en la frontera de
EEUU y que esperaban que "estas operaciones sean parte de nuestro
negocio en el futuro y que nuestros niveles de operaciones en estas
áreas puedan aumentar".
La compañía expresó en dicha ocasión su preocupación por la posible pérdida o reducción de sus contratos en Irak y Afganistán.
Advirtió que "si el Gobierno de EEUU cambiara
su política con respecto al apoyo a estas regiones, ya sea por el
aumento de las actividades insurgentes o la desestabilización, incluidos
los disturbios civiles o la guerra civil en Irak o Afganistán, o el
deterioro de las relaciones entre EEUU y estos países, nosotros
podríamos estar imposibilitados de proporcionar servicios o nuestros
contratos para proveer servicios podrían ser rescindidos".
"Cualquiera de los aspectos anteriores podría afectar negativamente nuestro rendimiento operativo y podría resultar en costos adicionales y pérdida de ingresos" se quejaron.
Ahora Caliburn y sus filiales han ampliado con mucho éxito su ámbito
de negocio, y al parecer encontraron una fuente de recursos que no
parará de fluir al menos en un corto plazo.
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REUTERS / Leah Millis
Según la agencia informativa CBSnews los registros de contratos federales muestran que la filial de Caliburn, CHS recibió al menos 222 millones de dólares para operar entre el 7 de julio de 2018 y el 20 de abril de 2019, y podría recibir mucho más.
Es decir que, en el transcurso de 270 días, recibió financiación de aproximadamente 800.000 dólares diariamente.
Entonces, no es para menos la alegría de James Van Dusen representante de Caliburn al decir
que "con cuatro décadas de liderazgo militar y humanitario, una
comprensión profunda de los asuntos internacionales y el conocimiento de
los propulsores económicos actuales en todo el mundo, el general Kelly
es una adición estratégica sólida para nuestro equipo".
Además de Kelly, Caliburn incluye a otros exmilitares de alto rango.
Contratos multimillonarios y sueldos exorbitantes
Una revisión de los datos de contratos referidos a atención de migrantes ilegales realizada por Sludge, encontró
que el Gobierno de EEUU ha gastado casi 3.800 millones de dólares en
subvenciones y contratos en la gestión de "niños extranjeros no
acompañados" (UAC), desde que el presidente Trump asumiera dicha
política.
Según
la misma fuente los principales receptores de fondos son Southwest Key
Programs (1.500 millones de dólares) y BCSF Health and Human Services
(659 millones de dólares).
También reciben fondos las compañías privadas, como la firma de
seguridad MVM (213 millones de dólares) y CHS Comprehensive Health
Services (292 millones de dólares), la subsidiaria de la compañía donde
John Kelly es miembro de la junta directiva.
La empresa CHS, según la misma fuente, cobra
750 dólares por persona por día, mucho más de lo que costaría un caro
hotel, incluida la alimentación. La compañía opera otros tres refugios,
todos en Texas, y tiene 292 millones de dólares en contratos
gubernamentales en curso.
La investigación de Sludge indica que 10 de las entidades que reciben
la mayor cantidad de dinero para las operaciones de UAC, pagaron a sus
principales ejecutivos más de 300.000 dólares en compensación anual,
hecho que habrían corroborado en documentos fiscales disponibles
públicamente.
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REUTERS / Carlos Jasso
Se
sabe de denuncias de maltratos y abusos en varias de estas
instalaciones de 'refugio', lo cual hace más indignante conocer los
montos de los 'honorarios' de sus administradores, peor aun cuando se
sabe que los consiguen a costa de niños, de la nacionalidad que fuera.
Queda claro que al negocio no le importa otra cosa que no sea lucrarse con la tragedia diaria.
Para enrarecer más el panorama, un informe del inspector general del
Departamento de Seguridad Nacional de EEUU emitido el 2 de julio pasado advierte
sobre el "hacinamiento peligroso" y la "detención prolongada" en varias
instalaciones de procesamiento de migrantes de Aduanas y Protección de
Fronteras (CBP).
A menudo se escucha en los medios de comunicación a las autoridades
gubernamentales de distintos países y de organismos internacionales
referirse a la migración como un "fenómeno", casi natural, y lo grave es
que nos estamos acostumbrando a ello.
En este caso no se trata de un proceso regular de movilidad humana. La región centroamericana sufre una guerra solapada que expulsa miles sino millones,
y que los convierte en parias, ante la mirada impávida de algunos
políticos de turno y la ausencia o pasividad de organismos
multilaterales.
En tanto, otros disfrutan de sus prósperos negocios, fruto de esa tragedia.
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