Guatemala
En
un contexto como el guatemalteco es hegemónica la idea de democracia en
la cual, supuestamente, todo ciudadano puede elegir y ser elegido, para
lo cual se procede a elecciones periódicas para el relevo de
autoridades y se recurre a la figura del partido político como
instrumento al que se le atribuyen funciones de representación,
intermediación y agregación de intereses de la ciudadanía.
Esta
idea hegemónica pone de ejemplos las llamadas democracias del mundo
occidental y ubica como paradigma la cuestionable experiencia
estadounidense. Mientras tanto, se niegan otros modelos, en especial
cuando estos avanzan en dotar de mayor capacidad y protagonismo al
sujeto de la soberanía: el pueblo. De hecho, en retrospectiva, cuando
esa idea hegemónica es rebasada, como sucedió en Guatemala entre 1944 y
1954, quienes mantienen el poder estratégico recurren a dictaduras
militares y políticas represivas para impedir su relevo real.
Lo cierto es que, en democracias
como la guatemalteca, en las cuales el Estado se encuentra
históricamente capturado por grupos económicos, políticos y criminales
emergentes, la elección de nuevas autoridades no deja de ser un simple
ritual que no produce nuevos gobernantes con capacidad de decisión en
las políticas de Estado, pues estas son decididas por los actores de
dicha captura, incluidos los poderes empresariales, financieros e
imperiales.
Con relación a la falsa idea de igualdad ante la
ley, que se traduciría en que todo ciudadano tiene el derecho de elegir y
de ser elegido, es evidente que no opera en la realidad concreta. Esto,
porque sistemas democráticos como el nuestro parten de
considerar a ese ciudadano en un sentido exclusivamente individual, sin
reconocer que su concreción también se expresa en la existencia de
sujetos colectivos que, como los pueblos indígenas, reivindican sus
propias formas de gobierno y sus propios sistemas normativos y de
representación política, que no son reconocidos y, por el contrario, son
objeto de marginación, cuando no de represión cuando atentan contra esa
norma e idea hegemónica de democracia.
Más allá, el sistema de partidos políticos está configurado para que, por la vía de las relaciones de poder prestablecidas y de facto
, la mayoría de estos representen los intereses de las élites de poder
económico, político y militar y sometan a sujetos como los campesinos,
los obreros y los pueblos originarios a dinámicas de individualización a
través de las cuales, en tanto sujetos colectivos, resultan
desagregados y aniquilados. Además, cuando emerge alguna fuerza que
pudiera catalogarse de alternativa al statu quo , se extienden e
intensifican los mecanismos y dispositivos para que la competencia
electoral resulte en una relación más desigual. Esto es lo que sucede
cuando se constata la desigual capacidad financiera y el acceso a medios
de difusión masiva que enfrentan fuerzas anti- establishment.
Lo
anterior resulta más grave cuando los procesos electorales presentan un
conjunto de signos de carácter fraudulento, como ha sucedido en las
elecciones de 2019. Algunos de estos signos son a) el registro de
candidaturas no idóneas; b) el retardo en la inscripción y entrega de
credenciales a candidaturas a las cuales se les impidió iniciar sus
campañas oportunamente; c) impedimentos a determinados partidos para que
abran cuentas bancarias, con lo cual encontraron dificultades para su
financiamiento; d) la falta de asignación de fondos y espacios
publicitarios para que puedan dar a conocer sus propuestas; e) las
prácticas de coacción, acarreo y compra de votos, y f) la alteración de
actas o datos no coincidentes con las actas digitalizadas. Está por
determinarse, además, la magnitud de un posible fallo del software utilizado en la elección.
Con
el análisis crítico anterior no se pretende abonar a las fuerzas de
derecha que con la afirmación de fraude electoral pretenden generar
desestabilización, repetición de elecciones, e incluso hacernos
retroceder en las ya enclenques institucionalidad y garantías democráticas
. El propósito, eso sí, es cuestionar las elecciones, que para nada son
procedimientos de competencia en igualdad de condiciones y por
consiguiente democráticas. Contrariamente, las normas y el desarrollo
concreto de dicha competencia son controlados por los actores que
mantienen capturado el Estado, lo cual convierte el sistema de partidos
en instrumental y el procedimiento eleccionario en el ritual para que
unos pocos mantengan el secuestro de una democracia que, en estas
condiciones, resulta falsa.
Blog del autor: https://www.plazapublica.com.gt
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