Maduro ha sido partidario de la iniciativa de diálogo de México y Uruguay desde su lanzamiento, el pasado 23 de enero, y con más énfasis desde su presentación formal, el 6 de febrero, en Montevideo, cuando esas dos naciones propusieron al gobierno y a la oposición de Venezuela un diálogo inmediato sin condicionamientos previos.
Esta propuesta es la más conveniente para Maduro porque el objetivo final del diálogo que impulsa la Unión Europea entre los actores de la crisis venezolana es realizar nuevas elecciones presidenciales, lo que en los hechos implicaría la salida del gobernante chavista del poder.
En cambio, el Mecanismo de Montevideo lanzado por México y Uruguay contempla que sean las dos partes las que identifiquen de común acuerdo los temas que quieren negociar. Es decir, esta iniciativa no le impone a Maduro como requisito previo aceptar nuevos comicios y crear las condiciones para que estos sean libres, transparentes y creíbles.
La oposición venezolana liderada por el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, siempre se ha mostrado en desacuerdo con la propuesta de México y Uruguay porque piensa que sólo le daría a Maduro la oportunidad de ganar tiempo y esperar a que baje la presión interna y, sobre todo, la internacional.
En los últimos días, a instancias de Maduro y el canciller Arreaza, representantes diplomáticos de México y Uruguay buscaron a dirigentes opositores para reiterarles su disposición para mediar en un eventual diálogo entre las partes.
“La respuesta fue que agradecemos su buena disposición, pero que no hay ninguna posibilidad de negociar con Maduro mientras él no acepte que la negociación tiene que conducir a unas elecciones en las que los que venezolanos puedan decidir con toda libertad quién quieren que los gobierne”, dijo un dirigente opositor consultado por Apro.
El dilema
Pero lo cierto es que la oposición venezolana está en un dilema. Las expectativas que había creado en amplios segmentos ciudadanos de que la salida de Maduro estaba a la vuelta de la esquina se ha visto frustrada por la capacidad del gobernante chavista de mantenerse en el poder.
A pesar de la agudización de la crisis económica, de la hiperinflación que devora los salarios, de los apagones que perturban la vida de la gente y de las dificultades de la mayoría de la sociedad para satisfacer necesidades primarias, como comer y transportarse, Maduro sigue allí.
La apuesta de la oposición, Estados Unidos, Colombia y Brasil de “quebrar” la cohesión de las Fuerzas Armadas –principal sostén de Maduro— para convertirlas en aliadas de Guaidó, ha fracasado de manera ostensible.
También falló el plan de esos actores de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela.
El segundo mandato de Maduro como presidente, que comenzó el pasado 10 de enero y que han desconocido medio centenar de países, está por cumplir cuatro meses cuando algunos voceros opositores y sus aliados en el extranjero habían hablado de que la caída del gobernante se daría “en cuestión de días”.
Y entre más pasa el tiempo, más diferencias surgen entre los distintos dirigentes y partidos de la oposición.
Para apostar por un diálogo con el gobierno, Guaidó debe contar con el respaldo de toda la coalición opositora y es ahí donde la propuesta de México y Uruguay está atrapada.
La gran mayoría de aliados del autoproclamado presidente interino de Venezuela rechazan sentarse a dialogar con Maduro si este no acepta de antemano una salida electoral. Lo que hay que negociar, dicen, es cómo se garantizará que los nuevos comicios se desarrollen sin trampas, con observación internacional y con árbitros imparciales.
Esta postura está más en sintonía con la propuesta de diálogo que impulsa la Unión Europea a través del Grupo Internacional de Contacto (GIC), que con la iniciativa de México y Uruguay.
México está en una posición muy incómoda. No sólo porque su fórmula para un diálogo en Venezuela no encuentra receptividad en la oposición, sino porque Uruguay, su aliado en el plan, tomó una decisión desconcertante: se sumó a la propuesta de la Unión Europea y forma parte de GIC.
Incluso, el pasado 28 de abril, el GIC realizó una reunión en Ecuador en la cual Uruguay firmó una declaración en la que ese bloque pide nuevas elecciones en Venezuela y llama al régimen de Maduro a respetar los derechos humanos de los opositores y los manifestantes y a liberar a todos los presos políticos que hay en el país.
Por una parte, Uruguay aparece como aliado de México en el Mecanismo de Montevideo y pide un diálogo político en Venezuela sin condiciones previas. Por otra, figura como miembro del GIC y socio de la Unión Europea en el propósito de que Maduro acepte convocar a elecciones como prerrequisito para una negociación.
No es, sin embargo, una contradicción insalvable.
La evolución de los acontecimientos en Venezuela será la que determine, primero, si habrá un diálogo entre la oposición y el gobierno y, segundo, si ese diálogo será para acordar la salida de Maduro del poder, como propone la Unión Europea, o si será una negociación con agenda abierta, como busca México. En cualquiera de los dos esquemas puede participar Uruguay.
La propuesta de México luce debilitada por el desdén de la oposición venezolana, pero es una carta que en cualquier momento puede ser útil, sobre todo en la medida en que la crisis siga entrampada en un impasse sin salida aparente.