Adital
El
Banco Mundial (Bird) tiene un largo historial de financiamiento de obras que
vulneran los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo y, en Guatemala,
la situación no es diferente. La Organización Fraternal Negra Hondureña
(Ofraneh) está divulgando un comunicado rememorando los proyectos financiados
por el Bird que amenazaron y todavía amenazan la existencia de los pueblos
indígenas, en nombre de un "desarrollo neocolonialista”.
Entre
los hechos recientes, el último 30 de julio, el Banco descartó las sugerencias
de organizaciones sociales acerca de su nueva política, denominada Standard
Ambiental y Social (ES7). La salvaguarda ES7, evalúa la Ofraneh, representa un
retroceso de décadas de negociaciones, pues permite a los Estados-naciones
descartar su aplicación en situaciones en las que "la identificación como
pueblos indígenas podrá exacerbar las tensiones étnicas, o sea, incompatible
con las disposiciones de la Constitución nacional". Así, el Banco Mundial
esquiva sus obligaciones referentes a los pueblos indígenas y al derecho
internacional, como indica el punto 9 de la salvaguarda ES7.
"La
diluida aplicación del derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e
Informado (CPLI) se convierte en una de
las mayores amenazas para los pueblos indígenas, ante las inconsistencias en
materia de derechos humanos que plaga a las mayoría de los estados-nación, los
que rehúsan en múltiples ocasiones reconocer los derechos de los pueblos
indígenas a pesar de haber ratificado el Convenio 169 de la OIT y la
Declaratoria de Naciones Unidas sobe los derechos de los Pueblos indígenas”,
alerta la Ofraneh
Retrocediendo
algunos años, la Organización recuerda que el año 1984 marcó un capítulo
nefasto en la historia de Guatemala. En aquel año, el Ejército guatemalteco
exterminó a la población maya-achi del Río Negro, en Baja Verapaz. En las
masacres de Río Negro, Aldea Xococ, Pacoxon, Los Encuentros y Agua Fría, cerca
de 400 indígenas fueron asesinados y 3.445 fueron desplazados forzadamente. El
etnocidio fue fruto de la construcción de la represa del Chixoy, financiada por
el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A
pesar de las denuncias presentadas en contra del Gobierno de Guatemala y de los
llamados efectuados ante el Bird y el BID, la construcción de la represa
continuó y fue finalizada en 1985. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió una sentencia
condenando al Estado de Guatemala, sin embargo, hasta ahora, nada se hizo.
Aún
después de la masacre de Chixoy y conciente de las violaciones a los pueblos
indígenas, el Banco Mundial concedió un préstamo de más de 450 millones de
dólares para la construcción de la represa de Sardar Sarovar, en el río
Narmada, India, que afectó al pueblo Adivasi, desplazando a más de 200 mil
personas.
La
Ofraneh también recuerda que el Bird respaldó, entre 1979 y 1988, en Paraguay, durante
la dictadura de Alfredo Stroessner, la construcción de la mega-represa de
Yaciretá. El monto del valor aplicado a la obra superó los 11 mil millones de
dólares y desplazó a más de 100 mil indígenas y campesinos, que nunca fueron
compensados por los daños.
Existe
el temor de que el Banco Mundial inicie una nueva etapa de falta de respeto
sistemático a los derechos de los pueblos indígenas y se revivan momentos, como
el de la masacre de Chixoy. La Ofraneh señala que el Bird tiene un fondo de 60 mil
millones de dólares orientado al financiamiento de megaproyectos, muchos de los
cuales están relacionados con la construcción de represas e hidroeléctricas,
situación que podrá transformarse en un "holocausto para los pueblos
indígenas”.
Traducción:
Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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