Editorial La Jornada
Conforme los
gobiernos africanos imponen medidas de aislamiento social para contener
la propagación del coronavirus, las naciones del continente se han
vuelto escenario de preocupantes actos de excesos por parte de las
fuerzas pública. En Sudáfrica la policía usó violencia verbal, persiguió
con garrotes y –de acuerdo con testigos– disparó balas de goma en
contra de personas sin hogar en Johannesburgo, la ciudad más poblada del
país; en Ruanda, se sospecha que dos civiles fueron asesinados por la
policía al desobedecer las medidas de contención; en Zimbabue, grupos de
derechos humanos denuncian que han tenido lugar operativos letales
antes de la instalación del toque de queda; y en Kenia fuerzas del orden
rociaron con gas lacrimógeno a cientos de personas que intentaban
llegar a la ciudad de Mombasa.
Esta respuesta violenta de las autoridades de una serie de países
africanos refleja, por un lado, el conocido rezago de la región en
materia de respeto a los derechos humanos y de vigencia del estado de
derecho, así como la deficiente capacitación de sus corporaciones de
seguridad pública para ejercer su cometido sin atropellar las garantías
de los ciudadanos.
Por otra parte, estos drásticos esfuerzos por hacer cumplir los
toques de queda y demás medidas de contención de la pandemia dan cuenta
de la desesperación de los gobernantes ante una crisis que rebasa en
todos los aspectos las capacidades de sus Estados. En efecto, aunque
África es hasta ahora la región menos afectada por el Covid-19 (los
cuatro mil casos registrados hasta ayer suponían 0.5 por ciento de los
650 mil contagios existentes en todo el mundo), la fragilidad e incluso
la práctica inexistencia de sistemas de salud en muchas de las naciones
del continente, hacen que incluso un nivel relativamente bajo de casos
se convierta en un desafío mayúsculo. Si a ello se añade que las
economías de la región ya se encuentran entre las más débiles del mundo,
queda claro las sociedades africanas resultan especialmente vulnerables
en esta difícil coyuntura.
Lo cierto es que las complicaciones referidas no pueden justificar el
abuso de la fuerza pública ni las prácticas represivas y
discriminatorias, sino que, por el contrario, deben ser ocasión para
reforzar la cohesión social y corregir las deficiencias institucionales
que incrementan los sufrimientos de la población en coyunturas como la
actual.
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