Buenos Aires. La sala uno de la Cámara Federal confirmó
el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y
varios ex funcionarios de su gobierno por presunta asociación ilícita y
por supuestamente haber recibido sobornos de empresarios del transporte
ferroviario, todo esto en el contexto de la llamada causa de las
fotocopias de cuadernos de un ex chofer del Ministerio de Producción,
que éste quemó, por lo cual desde el punto de vista jurídico es una
causa forzada, como varias de las que han debido cerrar por falta de
pruebas.
El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi,
también alcanzó a ratificar el procesamiento de Julio de Vido y los ex
secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, todos ya
presos por otros expedientes.
La Cámara dejó fuera de la acusación a los empresarios procesados por
el juez Claudio Bonadio. El criterio seguido es que quienes pagaron los
sobornos no eran parte del grupo de ex funcionarios kirchneristas.
En este caso se deja afuera a los
arrepentidosque declararon –como sugirió e impuso Bonadio– contra la ex mandataria o sus funcionarios y quedaban libres. Los que se niegan a hacerlo quedan detenidos.
Esta es parte de la causa de las fotocopias de los cuadernos del ex
chofer Óscar Centeno, quien trabajaba para el subsecretario de
Planificación, Roberto Baratta, que según dice cobraba personalmente el
pago de los sobornos, lo que él escribió en los cuadernos en cuestión
que después de fotocopiar quemó.
En estos momentos la ex presidenta ha recibido apoyo multitudinarios
en cada provincia que visitó en Cuba, adonde viajó para estar con su
hija Florencia, bajo atención médica en ese país.
Por otra parte, Pablo Verna, hijo del médico y ex capitán Julio
Alejandro Verna, declaró como testigo en el juicio oral por la llamada
contraofensiva de militantes montoneros, que entre 1979 y 1980 fueron
secuestrados y llevados con vida a Campo de Mayo y luego desaparecidos.
Verna dijo que su padre admitió en privado, pero nunca ante la
justicia, que participó en los vuelos de la muerte inyectando
tranquilizantes a las víctimas para adormecerlas antes de arrojarlas
desde un avión al mar.
El declarante, un abogado de 44 años, pertenece al colectivo
Historias Desobedientes, que integran hijos de militares y policías,
responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura,
que se enteraron de lo actuado por su padres y algunos fueron también
víctimas de malos tratos por éstos.
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario