Si Colombia es el
Israel de Estados Unidos como plataforma para desencadenar un conflicto
militar subregional en el corazón de Sudamérica −con Venezuela como
objetivo principal del rediseño geopolítico de Washington−, México ha
sido acondicionado como un gran cuartel del Pentágono para consolidar el
flanco sur del imperio de cara a un eventual conflicto bélico con
potencias capitalistas que desafíen su hegemonía.
Como antes los ex
presidentes Álvaro Uribe y Felipe Calderón, de Colombia y México,
respectivamente, los actuales mandatarios Juan Manuel Santos y Enrique
Peña Nieto están al frente de sendos regímenes clientelares y
cleptocráticos vasallos de Estados Unidos. Ambos gobiernos
colaboracionistas sacrificaron la soberanía político-militar de sus
países y actúan como cipayos del estado imperial paralelo que opera al
margen del gobierno de la Casa Blanca; al servicio de las guerras
encubiertas y los golpes de Estado (de “cambio de régimen”) del “Estado
profundo” −como lo llama James Petras− gobernado por los “unipolaristas”
y “militaristas” que dirigen el aparato permanente de seguridad de EU,
con independencia del presidente civil que despacha en la Oficina Oval.
Se trata de un gobierno paralelo al de Donald Trump que al decir de
Petras no es una “entidad sin rostro”, ya que tiene una clara identidad
de clase, ideológica y económica, y que ha logrado construir una red
mundial de avanzadas militares, agentes clandestinos, ejércitos
mercenarios, bandas terroristas y paramilitares, alianzas regionales y
tropas vasallas que actúan como ejércitos de ocupación en sus propios
países.
Por su ubicación geopolítica bioceánica en la región
andino-amazónica y con su red de radares, bases militares y sus más de
1,500 asesores militares y fuerzas especiales de Estados Unidos in situ,
el papel de Colombia como portaviones terrestre del Comando Sur del
Pentágono se ha venido consolidando desde febrero de 2008, cuando en el
marco de sus “guerras preventivas” la administración Bush utilizó al
trío Uribe/Santos/Óscar Naranjo para intentar desencadenar un conflicto
tipo Kosovo en el área, tras la acción bélica extraterritorial
colombiana en el Sucumbíos ecuatoriano, eufemísticamente llamada
“Operación Fénix” (recogía el nombre en clave de la instrumentada por
William Colby contra el Vietcong, resucitada en los años ochenta en El Salvador).
Al margen del derecho internacional, la acción punitiva de Uribe y
compañía buscaba internacionalizar el conflicto interno colombiano,
escalar una confrontación política-ideológica con los países vecinos, en
particular con Ecuador y Venezuela, e introducir un cuadro
hipersensible en la subregión andina que derivara en un conflicto
armado, para lo cual Washington había venido apoyando el surgimiento de
movimientos separatistas extremistas en la “media luna” boliviana;
Guayaquil, Ecuador, y el estado Zulia, Venezuela. Un escenario regional
que, de haberse logrado, hubiera llevado a una “vietnamización” de
América del Sur. Pero ni Rafael Correa ni Hugo Chávez mordieron el
anzuelo.
Desde entonces Colombia ha venido sirviendo como base
operativa para las acciones psicológicas y la guerra electrónica
subversiva de EU contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás
Maduro, y como plataforma de las acciones terroristas
desestabilizadoras de marines encubiertos, mercenarios y
remanentes del paramilitarismo en la frontera colombo-venezolana (en
particular en los estados de Táchira, Zulia y Miranda), solapadas
mediante campañas de intoxicación mediática de las corporaciones
hegemónicas privadas que se dedican a la fabricación de noticias y la
manipulación masiva de emociones, dado que los medios cumplen un papel
central en el campo de la propaganda como parte de una guerra no
convencional asimétrica o de cuarta generación.
Asimismo, y a
pesar de las notables contribuciones de la revolución bolivariana al
Proceso de Paz en Colombia, el debilitado gobierno de Santos –salpicado
por la ola de corrupción derivada de los dineros sucios de la empresa
transnacional brasileña Odebrecht a su campaña− continúa actuando de
manera servil en función de los intereses geopolíticos de Washington y
en pro de una guerra civil en Venezuela.
Merced a los buenos oficios de la “experta en demoliciones políticas” (Atilio Borón dixit)
Liliana Ayalde, vice jefa civil del Comando Sur (y ex embajadora en
Paraguay y Brasil, donde preparó los golpes parlamentarios contra
Fernando Lugo y Dilma Rousseff), Colombia se ha convertido en el patio
trasero de los sectores golpistas neofascistas de la Asamblea Nacional
(AN) y la Mesa de Unidad Democrática (MUD).
Necesitados de
reconocimiento público ante el descrédito que sufren en su país,
ultraderechistas como el diputado Julio Borges, presidente de la AN y
dirigente de Primero Justicia; su correligionario Henrique Capriles
Radonski, perteneciente a dos de las familias más poderosas de Venezuela
(complejos de cines, cadenas de medios de comunicación y empresas de la
industria alimenticia) y quien como alcalde de Baruta comandó el asalto
a la embajada de Cuba en Caracas durante el golpe de Estado de abril de
2002, y el diputado Luis Florido, de Voluntad Popular, han encontrado
los micrófonos abiertos del Congreso y el Senado colombianos para exigir
la intervención militar en su propio país.
Florido fue recibido
por el ultraconservador Álvaro Uribe y también por el presidente
Santos, quien dijo que estaba dispuesto a abrir Colombia como canal
“humanitario” ante un escalamiento del conflicto interno venezolano.
Llama la atención que en marzo pasado cruzó a pie la frontera de su país
y desde Bogotá viajó a Washington para presenciar el consejo permanente
de la OEA. Dado que tiene su pasaporte invalidado por las autoridades
venezolanas, ¿quién le entregó a Florido documentos de viaje? ¿Será el
único opositor venezolano que viaja a EU con documentos de origen
inconfesable?
En ese contexto, el Estado paralelo gobernado por
los militaristas de Washington ha logrado a últimas fechas un añejo
objetivo: terminar de convertir al territorio mexicano en una extensión
del Comando Norte y a las fuerzas armadas nativas en un brazo operativo
para la defensa de la seguridad nacional de EU.
Mientras el
aprendiz de canciller Luis Videgaray −impuesto por Donald Trump en la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México− impulsa la acción
intervencionista de la OEA contra Venezuela, los mandos de las
instituciones castrenses, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal
Soberón, oficiaron en días pasados en Cozumel como edecanes militares de
los jefes de los Comando Norte y Sur del Pentágono, la general Lori J.
Robinson y el almirante Kurt W. Tidd, durante la V Conferencia de
Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017).
Con la zanahoria de
que la general Robinson les ha concedido el “liderazgo” militar
subregional (México como la neocolonia más grande de Centroamérica),
Cienfuegos y Soberón aceptaron participar en una “fuerza de tarea”
conjunta México-Guatemala, que bajo el “mando activo” del almirante Tidd
realizará patrullajes en la frontera común. Ergo, EU podrá incursionar
militarmente en el territorio nacional mexicano en detrimento de
su soberanía. Para arreglar la “agenda común” en materia de seguridad,
el responsable de Seguridad Interior de EU, general John Kelly, convocó a
su contraparte mexicana a una reunión en Washington el próximo 18 de
mayo; con lo que México seguirá en la ruta de la capitulación, la
sumisión y la entrega.
Como colofón, no está de más recordar que
el imperio en decadencia se ha vuelto demencialmente peligroso, y ante
el surgimiento de China y Rusia como nuevos protagonistas de un mundo
multipolar, los militaristas del estado paralelo en Washington acarician
el delirio de una guerra nuclear mundial. En tal perspectiva, una
tercera gran conflagración internacional podría tener como escenario al
continente americano, con lo cual los regímenes vasallos de México y
Colombia podrían ser blancos de los ataques de los enemigos de Estados
Unidos.
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