Al Gobierno le preocupa más utilizar fondos públicos para mejorar su
imagen en EE.UU., para recibir más ayuda externa, que para reducir la
migración
Que el lector juzgue si esta cadena de hechos tiene coherencia:
(1)
El Gobierno de Guatemala pide un trato digno para los migrantes en
México y en los albergues en EE.UU. mientras aguardan deportación. Sin
embargo, hace “mutis” cuando el Procurador de Derechos Humanos, Jorge
De León, denuncia un secreto a voces: que la Policía Nacional Civil
(PNC) asalta y extorsiona en Guatemala a migrantes salvadoreños y
hondureños por hasta $100, y a sus paisanos les hace el favor de un
descuento y les cobra unos $40.
(2) Luego, el Gobierno de
Guatemala impulsa la campaña publicitaria “Quédate” para persuadir a
los adolescentes a no emigrar, y a los adultos, a no enviar a sus niños
a los Estados Unidos, bajo el guiso de que los coyotes no son fiables,
y que les esperan numerosos peligros en el camino.
(3) A la
vez, la Vicepresidenta Roxana Baldetti y la Fiscal General Thelma
Aldana anuncian que se penalizará a los padres que envían a sus hijos
menores de edad, indocumentados, a EE.UU. No obstante, el Gobierno no
les ofrece garantías mínimas de seguridad, educación y salud en el país.
Pero eso no es todo.
(4)
Pérez Molina y sus homólogos de Honduras y El Salvador “pasan el
sombrero” en una reunión con autoridades estadounidenses en Washington,
D.C., para reducir la emigración desde Centroamérica.
(5)
Luego, Pérez Molina anuncia que se discutirá un plan con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para generar condiciones
socioeconómicas y de seguridad en Centroamérica que disminuyan la
migración. Dice que el plan, a cinco o diez años, requerirá fondos
estatales, de iniciativa privada y de “otras instancias”.
Simultáneamente,
(6) el Gobierno contrata a la firma Otto Reich Associates, LLC (del ex
secretario adjunto de asuntos Hemisféricos de Occidente, de EE.UU.) que
cobrará $113 mil dólares, para asesorar a la firma Peck, Madigan, Jones
& Stewart, Inc., a la cual se pagará otros $246 mil dólares, para:
“mejorar la reputación y la comprensión de la realidad de Guatemala”,
“promover el desarrollo de la cooperación en seguridad”, y “ayudar a
desarrollar una nueva narrativa para Guatemala” en Washington, según
reportes de prensa que citan el contrato. Eso, porque el Embajador de
Guatemala en esa ciudad, Julio Ligorría, cree que allí prevalece “la
narrativa de la Guatemala de los 80s” y no de 2014.
Es decir, el
Gobierno de Guatemala pide a EE.UU. más ayuda externa, y pide la
cooperación del BID (que seguramente implica un préstamo), pero entrega
víveres en las zonas donde hay más votantes (que puedan reelegir al
partido oficial en 2015) y no donde hay más pobres. Además, como guinda
en el pastel, desembolsará $359 mil dólares (unos Q2.8 millones) para
“mejorar la reputación” del país en EE.UU. Y ese dinero, ¿a cuántos
migrantes les permitiría quedarse en el país? Quizá a pocos, pero
serían menos guatemaltecos que no tendrían razones para emigrar.
Luego,
(7) Pérez Molina acuerda con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto,
“prohibir” que los migrantes suban al tren denominado “La Bestia”, para
evitar que corran más peligro en la ruta hacia EE.UU., según la
directora de la Comisión Nacional del Migrante de Guatemala, Alejandra
Gordillo. Parece que tampoco están enterados que los “garroteros” (los
que cuidan la carga en el tren) le permiten a los migrantes subir si
les pagan $100 dólares. Quienes no pueden pagar son bajados a
empellones (con el riesgo de ser mutilados o morir), según los
hallazgos del Procurador De León. Pérez Molina, Gordillo y Peña Nieto
también parecen desconocer que hay agentes de migración en México que
bajan a los migrantes a golpes si no les dan dinero a cambio de no
deportarles. Entonces, ¿a quién le pedirán que impidan a los migrantes
abordar el tren? ¿A los “garroteros, o a los agentes de migración que
piden mordida?
Desde Guatemala, la política del Gobierno para
disminuir la migración se pinta improvisada. Y no hay visos de que
suceda algo distinto en el año y medio de administración que resta. Si
al Gobierno guatemalteco le preocupa más utilizar fondos públicos para
mejorar su imagen en EE.UU., para recibir más ayuda externa, que para
dar a los migrantes razones para no emigrar, su política interna y
externa es de peltre. Es un cascarón vacío para los guatemaltecos
sumidos en la pobreza y la violencia, y para EE.UU., que ya le adivinó
el juego—una realidad que ningún lobby ni publicidad gubernamental
puede ocultar.
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