Por Randy Saborit MoraGuatemala, 9 abr (PL) Nadar a contracorriente siempre se paga caro. De esto podría dar una conferencia magistral Yassmín Barrios, presidenta del tribunal guatemalteco que condenó al exdictador Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio y lesa humanidad, a quien suspendieron temporalmente como jueza. Casi una decena de organizaciones -la mayoría internacionales- rechazaron la resolución del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), que ordena a Barrios suspender su ejercicio durante un año.
Ese juzgado tomó en cuenta una denuncia presentada por el abogado Moisés Galindo, defensor del exgeneral José Rodríguez, quien fuera jefe de inteligencia de Rios Montt.
Según esa denuncia, el 19 de marzo del 2013 el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de este.
Galindo discrepó de la decisión del juzgado, y en consecuencia acusó a la juez Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente.
"Nos preocupa que dichas acciones se suman a una larga lista de ataques, amenazas e intimidación sufridas por la jueza Barrios, como resultado de su participación en varios juicios por violaciones a los derechos humanos cometidas durante los 36 años del conflicto armado interno (1960-1996)", expresó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacdh).
En un comunicado llegado a esta capital, la Oacdh insta al Estado de Guatemala a garantizar que los miembros del poder judicial puedan resolver los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y de acuerdo con la ley, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones.
Para la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) el fallo del mencionado tribunal sugiere la existencia de un pacto de impunidad en Guatemala entre diferentes sectores para evitar que se sigan dando avances en la justicia transicional y en otros campos de la justicia.
En opinión del director de la CIJ para Centroamérica, Ramón Cadena, se trata de un pacto para reforzar la impunidad, el cual se inició con la resolución de la Corte de Constitucionalidad (en febrero pasado), la cual recortó el período constitucional de la Fiscal General, Claudia Paz y Paz.
Al respecto, Cadena llamó a iniciar una investigación sobre el actuar de los miembros del Tribunal de Honor del CANG y a que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de seguimiento al referido pacto que, a su juicio, se ha hecho cada vez más evidente en este país centroamericano.
Sobre el tema también se pronunciaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington, la Fundación para el Debido Proceso, Iniciativa de Justicia de Open Society, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Plataforma Internacional contra la Impunidad.
Esas organizaciones estimaron que el mencionado veredicto forma parte del contexto de hostigamiento y persecución que ha sufrido la jueza Barrios por su rol en el proceso sobre genocidio.
Recordaron que según la legislación guatemalteca, el único órgano competente para conocer sobre las actuaciones de los jueces es la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que conoció la misma denuncia del abogado Galindo y resolvió desestimarla.
Mientras tanto, la Fundación guatemalteca Myrna Mack calificó la sanción como un "golpe nefasto a la lucha contra la impunidad" al considerar que el Tribunal de Honor del CANG carece de competencia para proferir una resolución contra la jueza Barrios.
Disímiles entrelíneas podrían leerse de este caso, que se decodifica mejor al tomarse en cuenta lo expresado al respecto por Barrios al diario local La Hora: "se me está castigando por ser una juez honrada y por no plegarme al sistema".
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