En
menos de un mes se difundieron dos pronunciamientos notablemente
críticos hacia el gobierno de facto por parte de autoridades de la
Iglesia católica. Resultan señales indudables del grado de
descomposición de la actual administración de gobierno, en particular si
tomamos en consideración el silencio de los obispos en los primeros
meses del año, y sus simpatías para con el golpe de Estado.
El
primero en hablar fue Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre y
presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). Señaló los
peligros de la anunciada incorporación de semillas transgénicas a la
producción nacional, los numerosos casos de avionetas descubiertas con
importantes cargamentos de cocaína, el nepotismo desvergonzado que se
practica en diferentes ministerios y la propia presidencia del país, y
por último el palpable desinterés, ineptitud e inoperancia de las
actuales autoridades con relación a la gestión de políticas y
estrategias sanitarias de cara al Covid-19.
A los pocos
días la propia CEB emitió un breve documento en el que aborda con
talante crítico otras cuestiones. Por una parte, llaman a las
autoridades “a no actuar con cálculos políticos, y crear espacios de
diálogo y concertación”; una referencia clara a las sistemáticas
prácticas denigratorias y de persecución y amedrentamiento por parte del
gobierno contra toda persona que ejerza la libertad de expresión.
Debemos recordar que una de las consignas de los golpistas fue la de
alentar un “proceso de pacificación”, mientras en los hechos se
esmeraron en hacer exactamente lo contrario.
Los obispos
señalan además un sistema judicial que funciona “con temor, oscuridad y
servilismo político”. A propósito del tema, incluso un medio de prensa
afín a los golpistas ha señalado que existen no menos de diez acciones
conocidas y comprobables de injerencia en la Justicia en procesos
relevantes, en particular por parte del Ministerio de Gobierno, que se
arroga el poder de señalar, amenazar, descalificar, enjuiciar y condenar
públicamente a los que considera enemigos.
En una
infrecuente referencia a casos concretos, los prelados apuntan a “la
evidente corrupción tan irresponsable e inmoral en la adquisición de
ventiladores para salvar la vida de los enfermos”. Se trata aquí de uno
de los más de treinta importantes incidentes de malversación de fondos
públicos en seis meses de gestión golpista. Una operación donde
estuvieron involucrados altos funcionarios de varios ministerios, en
particular Salud y Cancillería, y que acabó con la breve gestión del
propio ministro de Salud (un auténtico adalid de la mercantilización de
la medicina, que ya había sido procesado penalmente y condenado por
estafa y falsificación en el año 2013).
El ambiente
vigente de incertidumbre y desesperación producido por la pandemia,
agregó dramatismo al asunto, en tanto visibilizó la falta de escrúpulos
de altas autoridades de gobierno, dispuestas a malversar fondos y hacer
negocios turbios en medio de una tragedia nacional, exhibiendo un
absoluto desprecio por la vida de las mayorías.
De esa
forma, en menos de medio año de gestión se exhibe con total crudeza el
proyecto de “reposición oligárquico-señorial”, de acuerdo a la clásica
definición de René Zavaleta, que se funda en varios principios
estructurantes: racismo y discriminación, saqueo de recursos naturales,
apropiación de la renta nacional y los bienes comunes por parte de
minúsculos grupos de poder, genuflexión ante los mandatos del
Departamento de Estado de los EEUU, e implementación de mecanismos de
propaganda y represión que garanticen todo lo anterior.
Incluso
la desgracia del pueblo es concebida como oportunidad para el gobierno
de facto y, tal como explica el filósofo boliviano Rafael Bautista, “…No
les importa que el mundo se venga abajo sino cuánto dinero podrían
hacer cuando el mundo se venga abajo”. Por ello, no es aventurado
suponer que la constante y prolongada improvisación gubernamental con
relación al Covid-19 se debe no tanto a la ineptitud sino a su sintonía
con estrategias de quiebre y desintegración social que terminen
colocando al país en la categoría de inviable, y a modo de escarmiento
contra las políticas soberanas, autónomas y latinoamericanistas de la
gestión de Evo Morales.
https://www.alainet.org/es/articulo/206947
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