Entre 1961 y 1972
Ecuador suscribió 9 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque tuvieron algunos condicionamientos, no alcanzaron la profundidad
ni la significación de las 16 cartas de intención suscritas entre 1983 y
2003, porque para esta segunda época -como ocurrió con los otros países
latinoamericanos-, los condicionamientos del FMI habían cambiado, ya
que a la entidad le interesó asegurar tanto el pago de las deudas
externas de la región, como la sujeción de América Latina al capital
transnacional y, además, a la visión exclusivamente neoliberal en auge
por aquella época.
Los condicionamientos del FMI, que son la
base del decálogo económico del Consenso de Washinton (WC) de 1989, se
ofrecían como “ajustes estructurales” para modernizar las economías
latinoamericanas. Se concentraron en reducir al Estado, privatizar
bienes y servicios públicos, reformar impuestos, flexibilizar el trabajo
y liberalizar los mercados. El modelo teórico del Fondo tenía como eje
el desarrollo y crecimiento de la empresa privada como motor de la
economía, a la cual había que otorgarle el marco institucional que
responda a sus intereses y todas las garantías necesarias para su
“libertad”. Era, en otras palabras, un modelo de capitalismo puro,
incluso alejado de cualquier modelo de capitalismo social, como el que
regía en los países europeos.
Desde luego, la “visión” del FMI
en nada contradijo a los intereses de las elites empresariales del
Ecuador, que aspiraban, desde hace décadas, a los mismos “ajustes
estructurales” del Fondo, que aparecieron como “salvadores” tras dos
décadas de desarrollismo (60´s y 70´s), atacado siempre como “estatismo”
y hasta de “comunismo”. De manera que las cartas de intención suscritas
por los sucesivos gobiernos ecuatorianos sirvieron para apuntalar el
modelo empresarial añorado por las cámaras de la producción en el país,
que son las que determinaron la conducción económica de esos mismos
gobiernos, a su vez identificados con las derechas políticas.
Ninguno de los acuerdos con el FMI mejoró la economía ecuatoriana y peor
las condiciones sociales. Lo mismo ocurrió en 135 países, donde actuó
la entidad, según un estudio académico titulado “How structural
adjustment programs affect inequality: A disaggregated analysis of IMF
conditionality, 1980–2014” (https://bit.ly/2TPH7nf),
que demuestra cómo se agravó la inequidad. En Ecuador, los acuerdos
poco sirvieron para salvar ciertas necesidades financieras de coyuntura,
pero fueron exitosos para avalar el camino aperturista y neoliberal.
Porque, en lo estructural, el modelo empresarial, que impulsaron
gobiernos y elites dominantes del país, si bien favoreció negocios,
incrementó rentabilidades y puso al Ecuador en los primeros lugares de
inequidad en el mundo, al mismo tiempo deterioró sistemáticamente las
condiciones de vida y de trabajo de la población y, finalmente, minó la
institucionalidad nacional y hasta la gobernabilidad, expresada en la
crisis política de 1996-2006, con la sucesión de siete gobiernos y una
efímera dictadura.
El gobierno de Rafael Correa marcó un ciclo
histórico distinto, que superó el modelo empresarial y puso bases para
un tipo de economía social sujeta a la Constitución de 2008. Fue un
golpe para las derechas políticas y para las elites económicas, que
combatieron esa conducción del país, con la mira en la restauración de
sus intereses particulares en el Estado. Contradiciendo opiniones
actuales y viscerales reacciones, los resultados económicos y sociales
del gobierno de Correa han sido resaltados por organismos
internacionales, estudios académicos e informes nacionales.
Pero Correa, si bien expulsó al FMI en 2008, también acudió a él en
2014, para contar con su aval en la colocación de bonos soberanos del
país en el mercado financiero internacional, y luego en 2016 para
obtener un crédito emergente de 364 millones de dólares. Sin embargo, su
gobierno no impulsó ningún modelo empresarial sujeto a las cámaras de
la producción, ni subordinó el Ecuador a los condicionamientos ya
conocidos del FMI. Es falso que Lenín Moreno sea un continuador del
“correísmo”, una tesis sostenida permanentemente por el excandidato y
banquero Guillermo Lasso, a la que han adherido incluso voceros de las
izquierdas tradicionales.
La “descorreización” de la sociedad,
convertida en política de Estado, ha servido para liquidar la economía
social anterior, para hechar tierra sobre sus avances y logros, e
incluso para dejar a un lado las normas que sobre el Estado, la sociedad
y la economía están contempladas en la Constitución de 2008.
El
gobierno de Lenín Moreno retomó el camino del modelo empresarial, de la
mano de las mismas elites que en las décadas finales del siglo XX lo
edificaron. Con ese giro, ellas han vuelto a reclamar el retiro del
Estado, la revisión de impuestos, la flexibilización laboral, las
privatizaciones, la liberación de los mercados y la suscipción de
tratados de libre comercio. No han cambiado un milímetro sus viejas
consignas.
En ese marco, el reciente acuerdo con el FMI vuelve a
servir de aval y apuntalamiento del segundo modelo empresarial en
marcha. Coincide con los mismos objetivos. Y las declaraciones
oficiales, revestidas de palabras misteriosas que guardan el secreto del
acuerdo logrado con el FMI, dejan entender que no habrá un solo rastro
de economía social, sino de desarrollo capitalista puro, al que
interesan los buenos negocios, el éxito de las inversiones y el
cumplimiento de un plan basado en los intereses privados a costa del
interés público y ciudadano.
Por los procesos históricos ya
vividos y porque el camino del nuevo modelo empresarial no tienen
diferencia alguna con otros momentos similares en la economía nacional,
Ecuador, lejos de superar una ficticia vía hacia la “venezolanización”
atribuida al modelo de economia social del pasado inmediato, hoy se
encamina a fortalecer un tipo de economía que solo provocará deterioros
sociales, en beneficio de poderosos y grandes grupos económicos. El
reciente despido de unos 11.800 trabajadores del Estado es solo el
comienzo del drama. En definitiva, con el bautizo del FMI, es ahora
cuando se inician los problemas económicos y sociales para el país, no
las soluciones.
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